Marcha en Valencia contra la sentencia en el caso de 'La Manada' FOTO: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. La sentencia de la ‘manada’ merece una reflexión que vaya mucho más allá del mero análisis jurídico. Este fallo hay que dividirlo en tres planos diferentes: por un lado, el jurídico; por otro, el social, y, por último, el político.
En cuanto al jurídico, es imprescindible comenzar diciendo que es una sentencia que realiza un relato de hechos exquisito, obviamente dejando de lado el voto particular, en el que no entraremos pues merece un análisis diferente. A lo largo de las más de 150 páginas que tiene el texto, los dos magistrados realizan una descripción de lo que ocurrió aquella horrible noche de los San Fermines, en la que le dan toda la credibilidad del mundo y más al relato de la víctima. Explican perfectamente el terror que sintió y cómo se quedó paralizada ante la presencia de cinco hombres que la rodearon y que la violaron sin piedad. En este análisis no se va a entrar a explicar explícitamente lo que sufrió C., ni mucho menos a juzgarla por segunda vez como ya está empezando a suceder a través de las declaraciones de determinadas personas que se creen con derecho a hacerlo. Eso es indecente.
Pero, volviendo al relato de los magistrados, el problema viene cuando deben determinar qué delito se cometió si abuso o agresión. Para que se dé la segunda, el Código Penal dice que debe existir violencia o intimidación. Resulta bastante incongruente que durante su exposición describan una agresión, pero a la hora de determinar el delito tiren por la vía de en medio. Si se describe una agresión, es agresión.
Sobre el hecho de si hubo o no violencia, hay que decir que siguiendo el código a pies juntillas no la hubo. Esa parte queda clara desde el minuto cero. Lo problemático lo encontramos con la intimidación ¿Qué es intimidación? En este caso, y así lo entienden las acusaciones, el hecho de que cinco hombres de gran tamaño encierren a una criatura de 18 años en una espacio reducido sin escapatoria posible, aprovechando su estado de embriaguez (0,91 dio en alcohol), es suficiente para que se acepte que hubo intimidación. No hacía falta un cuchillo, ellos eran el cuchillo. Ellos se convirtieron en un arma que dejó paralizada de terror a la víctima. Solo hay que ver el estado de shock en el que estaba tras ser violada en grupo.
Y es esa interpretación de la intimidación lo que hace necesario ampliar el análisis más allá de lo jurídico. Esta sentencia ha hecho estallar a la ciudadanía. Y los señores y señoras con toga y puñetas no están acostumbrados. Dicen tres de las cuatro asociaciones de jueces y el Poder Judicial que no están de acuerdo con las manifestaciones. Resulta chocante que cuando ellos paran para reivindicar sus derechos en la puerta de los juzgados piden el apoyo de la sociedad, pero luego son incapaces de aceptar que esa misma sociedad critique su trabajo.
Los jueces son un poder del Estado, la Justicia emana del pueblo y es para el pueblo. Y ese pueblo tiene todo el derecho del mundo a criticar su trabajo como lo hace con los políticos. Los magistrados no viven un plano por encima de la humanidad, aunque a veces crean que sí. Es más, es una cuestión de estadística que haya malos jueces igual que hay malos periodistas o malos médicos. No pueden seguir viviendo en una burbuja alejada de la realidad de la sociedad en la que viven y para la que trabajan.
Sí es cierto que pedir la inhabilitación de los magistrados que han redactado la sentencia es una burrada. No han prevaricado, simplemente han errado. Pero que no pidan que sus justiciables estén callados, porque esta sentencia es, mal que les pese, un retroceso de años en la lucha por los derechos de las mujeres.
Deben entender que las féminas de este país, al igual que muchos hombres, no compartan ni respeten su decisión ¿Cómo pretenden que la calle esté con la boca cerrada cuando esta sentencia hará que muchas mujeres que sufren agresiones no denuncien ante el miedo de que quienes deben impartir justicia tilden de abuso casos como éste? El problema está en que sus justiciables ven que lo que con este fallo vienen a decir es que si las mujeres nos sometemos en estos casos para evitar que nos maten, o nos machaquen a golpes, los jueces nunca considerarán que nos han agredido. Para la ciudadanía buscan más Nagores o Dianas Quer.
Que no se engañen, su incapacidad casi patológica de hablar con los medios de comunicación y explicar bien sus posturas les han terminado por enfrentar a los ciudadanos. La culpa de esto es suya, solo suya. Que no se enfaden ahora cuando los ciudadanos toman las calles para criticarles, pues de aquellos polvos, estos lodos.
Por último, nos queda el plano político. Que algo falla en la Justicia tras esta sentencia es evidente. Ahora hay que saber hacer el diagnóstico. Pero vayamos por partes. Lo primero, y casi tan importante como el Código Penal, es la falta de especialización en materia de género. No es de recibo, por ejemplo, que se obligue a que un juez de Violencia Sobre la Mujer en instrucción esté especializado, pero no su compañero que debe juzgar el asunto. Y como eso, todo. La sensibilización de algunos magistrados, y magistradas, brilla por su ausencia y eso es inaceptable en una sociedad que pretende ser igualitaria.
Por otro lado, tenemos la cuestión de si se debe reformar o no el Código Penal. Lo primero que hay que decir, todo lo alto y claro que se pueda, es que nunca hay que legislar en caliente ni a golpe de telediario. Eso es un error. Sí que hay que abrir un intenso debate y acometer cualquier tipo de reforma desde la calma y el sosiego.
Y dicho esto, es indudable que un código que permite sentencias como ésta falla en su base. Dice una fiscal que el Código Penal no puede pasar a ser un tratado de derecho. Muy bien, pero tampoco es un buen código aquel que no trata como agresión el hecho de que a una mujer la violen. Porque después de la muerte, la violación es el peor delito al que se puede someter a una mujer. Un código que permite sentencias como la de 'la Manada’, como la que condena por abuso a una violación múltiple, porque ella estaba drogada y no se podía defender, o que tacha de abuso la agresión a una niña de cinco años porque no se resistió, no es un buen código.
Esta sentencia ha abierto una puerta cerrada hasta ahora, la de las protestas contra los jueces. Ahora tienen dos opciones, seguir en su burbuja de togas y puñetas o ser un poco más empáticos y escuchar a los ciudadanos. La pelota está en su tejado.
