VALÈNCIA (EFE). Las protestas de los agricultores llevan días copando portadas y abriendo informativos; al margen o no de las organizaciones agrarias, han sacado a la luz el día a día de un sector formado por personas que lidian de frente con términos como sequía, riego, cambio climático, falta de relevo y, en muchos casos, abandono.
Vanesa Piquer, Ángel Ortega, Juan de Dios Hernández, Casimiro Sanz y José Ángel Cano son sólo los nombres y apellidos de algunas de las personas que viven vinculados a una actividad agropecuaria en España y que saben qué significa tener que cumplir un "ecorregimen" o los problemas para poder ganarse la vida con su negocio o, lo que es lo mismo, hacer sus explotaciones rentables.
José Ángel Cano tiene 35 años y lleva desde 2005 trabajando en la granja de caprino de leche familiar que abrió su padre en Alcaracejos (Córdoba).
Es el relevo generacional de una familia ganadera y sabe que se enfrenta a un futuro a corto plazo en el que la escasez de agua en la zona está llamada a ser uno de los principales problemas, según señala a EFE.
Con 700 cabras en su explotación (400 de ellas en producción) a Cano se le hace difícil encontrar días libres y ese es precisamente otro de los grandes hándicap que le ve a la ganadería, el ser un oficio bastante sacrificado.
Aunque le gustaría asistir a algunas de las manifestaciones que se han convocado, no podrá precisamente por falta de tiempo y cree que son necesarias para pedir a las administraciones más ayudas, menos exigencias normativas y un cumplimiento efectivo de la Ley de la Cadena.
Casimiro Sanz es el gerente de la empresa de vino Coloman en Pedro Muñoz (Ciudad Real) en la que lleva 17 años y que ahora se ha convertido en su único medio de subsistencia.
Para Sanz se ha dado una especie de tormenta perfecta en la que la sequía prolongada se ha juntado con la nueva PAC y la aplicación de unos ecoesquemas que "no contemplan nuestras particularidades" ya que, con la escasez de riego, es "prácticamente" imposible aplicarlos.
De ahí que vea conveniente acudir a la manifestación prevista para el próximo 6 de febrero para pedir una "flexibilización real de los ecorregímenes", ya que las ayudas comunitarias en los cultivos leñosos de Castilla-La Mancha "se han reducido en torno a un 35 % respecto a lo que percibíamos antes".
Con este panorama, admite que el futuro es malo para el sector vitivinícola porque, al descenso del consumo de vino (una bebida que se está "demonizando"), se añaden unos mercados poco activos y la temida falta de relevo generacional: "Los hijos ven cómo funcionan las explotaciones de los padres, prefieren estudiar cualquier otra cosa y, sobre todo, irse a las grandes ciudades".
La castellonense Vanesa Piquer cultiva cítricos desde 2016 en Burriana, Almazora y Santa Bárbara (Comunidad Valenciana).
Hoy día no ve muy esperanzador el futuro de su explotación e incluso teme tener que abandonar el negocio.
Para Piquer, el principal reto de este sector primario no es solo adaptarse al cambio climático, también es partidaria de un mayor control de los precios, más ayudas económicas y que todos los productos cumplan con los mismos requisitos y normativas sin excepción alguna.
Ángel Ortega está al frente de un cultivo de nectarinas en Blanca (Murcia) y, aunque no es su única fuente de ingresos, sí es la principal; de ahí la importancia que da a todo lo que está ocurriendo estos días referente al sector.
Al igual que otros tantos, la falta de agua y el clima se atisban como el problema con el que tendrá que lidiar de forma permanente pero, a pesar de ello, se ve capacitado para seguir con su negocio agrícola, e incluso ampliarlo, ya que va paliando esa escasez hídrica con tecnología que le permiten reducir su consumo.
Es de los que defiende que las movilizaciones "pacíficas son productivas" por lo que acudirá a ellas para pedir a la UE la misma legislación en cuanto a los tratamientos fitosanitarios aplicados a los productos importados desde terceros países.
También en su huerta de cítricos en Beniel (Murcia) lleva ya más de 30 años trabajando Juan de Dios Hernández, que es productor pero también exportador de este producto.
No tiene duda alguna de que asistirá a cuantas manifestaciones pueda porque las administraciones están desarrollando una política "destructiva" contra el sector hasta el punto de que es el "principal problema" porque son legislaciones que se aprueban "sin analizar sus graves repercusiones".
En concreto, se queja de que los países terceros se han posicionado en "todos" los mercados comunitarios y es "imposible" competir con ellos en precio porque además "no cumplen la normativa comunitaria en residuos fitosanitarios".
Además, lamenta que las grandes cadenas de distribución aplican unos precios de venta "abusivos" mientras que al agricultor no se le paga "prácticamente nada"; de ahí que vea como bastante posible que acabe abandonado su trabajo.