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ENTREVISTA A MARIANO DURÁN, PRESIDENTE DEL CONGRESO UIA

“Si no se respeta el derecho de defensa, el perjudicado es el ciudadano”

28/10/2015 - 

VALENCIA. Valencia es por primera vez la sede de los “juegos olímpicos” de la abogacía internacional, con motivo del Congreso anual de la Unión Internacional de Abogados (UIA), que se celebrará en el Palacio de Congresos entre el 28 de octubre al 1 de noviembre.

El reconocido abogado Mariano Durán (Valencia, 1958), presidente del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, lidera la organización de la 59ª edición de este macro evento jurídico, que abordará como grandes temas de debate y análisis el fenómeno de las migraciones y las marcas en el deporte, entre una oferta de más de 40 comisiones y la asistencia de 1.200 juristas de todo el globo.

- Valencia fue nombrada hace tres años sede del congreso de la UIA. ¿Qué supone para la ciudad acoger este encuentro internacional de la abogacía?

- Para ser nombrada sede de un congreso de la UIA, hay que competir con otras ciudades, y eso se consigue con una buena presentación. El 90% de los inscritos son abogados extranjeros que pueden acabar siendo prescriptores de Valencia como un lugar acogedor y agradable, que mezcla lo antiguo y lo moderno al lado del mar, y como oportunidad de trabajo y negocio gracias a su red de polígonos industriales bien conectados por carretera, puerto y tren.

Todo esto pone en valor a la ciudad y a la Comunidad Valenciana, y no me he cansado de decírselo a los responsables políticos, a los de antes y los de ahora, pero lamentablemente con muy poco éxito. El director general de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo, Francisco Álvarez, lo ha entendido, y espero que al final sepan aprovechar la oportunidad del congreso.

“No aplicar la directiva del derecho de Defensa dará lugar a nulidades de procesos”

- Atendiendo al actual contexto político y social que vive Europa, el gran tema es la migración.

- La elección del tema fue anterior a la actual crisis migratoria. Los movimientos migratorios es el drama humanitario más grave después de la Segunda Guerra Mundial. La cuestión es cuántas fotos más de niños ahogados hacen falta para que el mundo reaccione. Además de la migración irregular o forzosa, como la de los miles de sirios que huyen de la guerra o de los cientos de miles de africanos que cruzan las fronteras por el hambre, miles de recién licenciados trabajan fuera de España, y en los próximos años no va a ser tan extraño que la gente se mueva alrededor del mundo, y se necesita proponer soluciones jurídicas a nuestra emigración.

- ¿Cómo valora la reacción de la Unión Europea y de España? ¿Se está haciendo todo lo posible?

- Ahora mismo se habla de que España puede acoger 15.000 refugiados. No sé qué hacen los políticos en Bruselas, cuando ya hay 15.000 familias dispuestas a acoger a un refugiado. Se discuten los cupos como si fueran mercancía, y no como personas con derechos y una vida que merece ser digna.

Es lamentable la posición de los representantes europeos, y lenta la reacción del Gobierno de España. Sabemos cuál es el problema del paro en nuestro país, pero se debe reaccionar ante las crisis humanitarias. Toda Europa ha sido emigrante. Los movimientos migratorios son continuos en la historia, y hay que darles solución en lugar de hablar de cifras.

- La celebración del congreso coincide con el día mundial de la defensa de la defensa. ¿Los abogados se reivindican?

- Aunque suene gremial, se trata de que el abogado pueda ejercer todos los mecanismos en interés de su cliente con todos los derechos y garantías, y eso afecta al ciudadano. En Arabia Saudí hay un abogado en prisión condenado a 15 años por el solo hecho de defender a su cliente, y en un país del Norte de África hay otro condenado a muerte por hacer su trabajo.

Si no se respeta el derecho de defensa, el perjudicado es el ciudadano. En nuestro país, en otro nivel, se están haciendo reformas que afectan a los derechos y libertades. La abogacía molesta porque es libre e independiente cuando opina. Ante la inmigración, la primera organización en España en reaccionar fue el Consejo General de la Abogacía, que movilizó la creación de un registro de abogados voluntarios dispuestos a asistir a los refugiados, y ya hay cerca de mil inscripciones.

En España, la no aplicación de la Directiva de Derecho de la Ley Mordaza merman nuestros derechos y libertades.

“Si no hay un Pacto por la Justicia consensuado con todas las fuerzas políticas, todas las reformas legislativas se acercarán al fracaso”

- Hace un año el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados (CVCA), instaba a Interior la aplicación de la Directiva Europea del Derecho de Defensa, con el objetivo de aplicarse a ocho millones de procesos penales al año en la Unión Europea. ¿Cuál es la situación actual?

- Seguimos igual. Lo intentamos para que el entonces delegado del Gobierno, Serafín Castellano, y también con el actual delegado, pero depende del ministerio. No puede ser que no se aplique una directiva que ya es derecho español, y Estrasburgo puede volver a darle un toque de atención a España por incumplimiento. Si no se cumple la directiva, puede que un abogado no tenga la copia del atestado de su cliente detenido en cualquier centro de detención, y difícilmente le podrá atender dignamente, ni le podrá decir que no declare. Esta situación, en la que al abogado le pueden llamar a callar porque no puede intervenir, dará lugar a nulidades de procesos, cuando probablemente alguna condena sea justa.

- Otro punto a abordar en el congreso es la nueva situación jurídica que podría resultar de la firma del El Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP) entre Estados Unidos y Europa, con el que la abogacía española es muy crítica.

- En materia de servicios jurídicos, puede provocar la entrada de capitales en los despachos. En España está regulado que, en una sociedad profesional, la parte de capital no profesional nunca puede ser mayoritaria, y un socio capitalista no profesional no puede tener el órgano de gobierno. Todas esas barreras desaparecen con el tratado, por lo que, un fondo de inversión podría comprar 50 despachos en Valencia para abrir una firma jurídica a 10 euros el servicio.

Los abogados no estamos a la venta. No podemos permitir que grupos de capital entren en el mercado jurídico y se aprovechen de gente joven con ganas de trabajar, sin dejarles independencia en sus decisiones. En cuanto a la resolución de conflictos, los americanos se empeñan en crear una especie de arbitraje entre estados, sustrayendo los conflictos entre empresas a tribunales arbitrales ad hoc, por imperativo del tratado. Una nota esencial del arbitraje es la voluntariedad, pero si se impone esta vía, el arbitraje deja de ser arbitraje.

- En el marco del derecho privado, se han escogido como ámbito destacado las marcas vinculadas al deporte.

- El deporte tiene una gran influencia en todo el mundo. Me han hablado de una modernísima zapatilla de deporte que lleva dos mil patentes distintas. Es lógico que las marcas inviertan tanto en desarrollar productos buenos y eficaces y que luego quieran influir en los eventos deportivos.

Se produce un juego que desde el punto de vista jurídico es interesante debido a la creciente influencia de las marcas, que puede ser muy bueno o perverso cuando priman los intereses económicos sobre los intereses del deporte. Se analizarán escándalos como el de la FIFA, como de lo que no debe ser.

- En una visita reciente a Valencia, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, afirmó que, en referencia a las últimas reformas legislativas en materia de justicia, es la mejor manera de proteger los derechos de los más necesitados. ¿Comparte que todas las reformas obedecen a ese objetivo?

- Tengo buena opinión de este ministro, en el sentido de que escucha a los colectivos, e incluso ha rectificado algunas cosas como la ley de tasas. Las reformas están bien si son consensuadas, no solo con los sectores de abogacía, magistratura, fiscalía o secretarios judiciales, sino también con los otros partidos. No se pueden sacar reformas y contrarreformas.

Eso genera inseguridad jurídica. No se puede modificar sin el consenso de todas las fuerzas políticas ni sin una memoria económica detrás, porque será imposible instruir ninguna causa en seis o 18 meses por la falta de medios en los juzgados y fiscalías. Hasta que no haya un pacto en España, con la voluntad política de todo el Congreso, para implementar la justicia promoviendo leyes duraderas, todas las reformas legislativas en materia de justicia se aproximarán al camino del fracaso.

“No podemos permitir que grupos de capital entren en el mercado jurídico y se aprovechen de los jóvenes sin dejarles independencia en sus decisiones”

- ¿Falta voluntad política?

- En todos los partidos políticos, incluso en los nuevos, no hay en sus núcleos duros alguien de peso que piense que la justicia es esencial para que el Estado funcione con coherencia, eficacia y seguridad jurídica. No he oído a nadie hablar de justicia en ninguna de las campañas electorales recientes, ni tampoco lo veo en el debate de las elecciones de diciembre.

Antes, las leyes que duraban en el tiempo, y se consultaba a la comisión de codificación integrada por expertos. Ahora, cada grupo político tira de asesores con visiones muy ideológicas. Lo vemos todos los días y lo decimos siempre, pero no nos hacen caso. He pedido a la consellera de Justicia un Pacto Valenciano por la Justicia, en el margen de sus competencias, para diseñar un plan a aplicar en cuatro años. Bravo conoce bien la materia y es una consellera receptiva, y espero que sus colegas de gobierno la escuchen, porque sé que está por la labor de no parchear, sino de hacer algo con más visión.

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