VALÈNCIA. El comité de empresa de À Punt trasladó este lunes a los trabajadores de la cadena que varias de las organizaciones sindicales que lo integran recurrirán la Oferta Pública de Empleo de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC) -entidad que gestiona el ente y donde se inscribe el grueso de la plantilla- aprobada por la Conselleria de Hacienda por considerarla una convocatoria "parcial".
La decisión, que ya avanzó este diario y que pone ahora en un serio aprieto a la Conselleria de Hacienda, viene motivada por la discordancia entre el número de plazas que contemplaba la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y las que finalmente saldrán a concurso porque son las que han obtenido la luz verde de la Dirección General de Presupuestos. Una diferencia de, exactamente, 100 plazas.
Así, mientras la RPT de 2020 recogía 476 puestos, la OPE aprobada es de un total de 376 puestos de trabajo. Sin embargo, tras varios ajustes, las plazas autorizadas por Hacienda descienden a 349, según traslada el comité de empresa. Una diferencia de 127 puestos que los representantes de los trabajadores quieren que el departamento liderado por Vicent Soler recoja en la OPE porque consideran que, de lo contrario, la situación actual "imposibilita a aquellos que quedan fuera consolidar su plaza de forma fija".
Entre todo este baile de cifras, resulta imprescindible realizar varios apuntes. En primer lugar, cuál es el embrollo con la famosa regla del tercio de personal que ha tenido un papel principal en toda esta polémica. La ley de creación de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) impide a la radiotelevisión valenciana destinar más de un tercio de su presupuesto a gastos de personal. Una prohibición que los grupos del Botànic tuvieron que dejar sin efecto en la legislatura pasada a través de una enmienda a la Ley de Acompañamiento de 2020 porque con un presupuesto total de 55 millones de euros, el gasto de nóminas que alcanzó la mercantil fue de 23 millones.
¿Por qué es significativa esta regla del tercio? Porque la duración de esta moratoria finalizaba en diciembre del año pasado, y ante este escenario y la incertidumbre de si volverían a dejarlo en suspensión, el Consejo Rector decidió aprobar en octubre una oferta pública de empleo de 376 plazas, 100 menos que las que incluía en la RPT, y remitirla así a Hacienda para evitar sobrepasar ese límite de personal que exige la ley. La intención era, según explicaron entonces los consejeros de À Punt, sacar el centenar de plazas restantes en otras oposiciones futuras cuando la radiotelevisión viera incrementado su presupuesto y el gasto que supongan un total de 476 nóminas se ajuste a lo establecido por la ley.
La decisión ya generó entonces malestar entre los sindicatos, que rechazaron apoyar esta oferta. Para el comité de empresa, lo "lógico" hubiera sido esperar a conocer si finalmente el tripartito volvía a dejar sin efecto esa cláusula de la ley -como finalmente ocurrió- y decidir entonces cuántas plazas sacar a concurso. Sin embargo, el Consejo Rector remitió a Hacienda la propuesta de 376 plazas. Ahora, lo sindicatos van más allá y exigen a la Conselleria que este año apruebe una OPE que incluya todos esos puestos que se quedaron fuera.
El berenjenal no termina ahí. Es aún si cabe más complejo. La OPE autorizada por Hacienda se basó en la RPT que À Punt diseñó en 2019 y no en la de 2020 porque, según explican fuentes consultadas por Valencia Plaza, la CVMC "remitió tarde" a este departamento del Consell la mencionada oferta pública.
¿Las consecuencias? Que a pesar de que el Consejo Rector diseñó una OPE de 376 plazas, Hacienda solo autorizó 349 porque en la RPT de 2019 -en la que se tuvo que basar la Conselleria por no recibir a tiempo el nuevo diseño- no estaba reconocida la categoría profesional de "analista web". En total, este puesto contaba en la RPT de 2020 con 27 plazas.
Así, ahora el comité de empresa no solo quiere que se recuperen los 100 puestos que se quedaron fuera de la convocatoria, sino que también se sumen estas 27 plazas. Algo que Hacienda solo podrá hacer basándose en la oferta pública del año pasado y autorizando una nueva convocatoria.
Las 476 plazas que ahora reclama el comité servirían para cubrir en un futuro los puestos de jefatura. Es decir, que una vez 476 personas superasen el proceso de selección, À Punt seleccionaría de entre ellos una cantidad determinada de jefes -algo que todavía está por determinar- y permitiría "el correcto desarrollo de la actividad diaria", explican a este diario.
Esto es porque si se convocasen menos y con el paso de los meses se nombrasen jefaturas que redujeran la "plantilla base", el comité desconoce si esos puestos de jefaturas se irían cubriendo a través de una bolsa de interinos o cualquier otra fórmula empleada en la Administración. Por lo que, explican, la situación que genera "menos incertidumbre" es la de que se convoquen unas OPE que cubran los 476 puestos que recoge la RPT.