VALÈNCIA. La enmienda con la que los partidos que conforman el Consell llegaron a un acuerdo para saltarse la cláusula de la ley de À Punt que impide a la cadena destinar más de un tercio de su presupuesto a gastos de personal ya ha derivado en un problema para la Conselleria de Hacienda. PSPV, Compromís y Unides Podem aprobaron el pasado diciembre en Les Corts Valencianes un texto a la ley de Acompañamiento a los Presupuestos por el que se volvía a aplicar una moratoria –al igual que ocurrió la pasada legislatura– para dejar sin efecto la limitación hasta 2023.
Aparte de esta cuestión, incluía que esa barrera "tampoco se aplicará a los instrumentos de ordenación de personal". Una frase tan ambigua que cada socio del Botànic la interpretó como quiso. Para Podem, suponía garantizar todos los empleos que establece la actual RPT (relación de puestos de trabajo) a través de una oferta pública de empleo completa para la radiotelevisión valenciana. Los socialistas, sin embargo, recordaban que la OPE no puede saltarse la ley pese a la moratoria, de manera que entendían que en la práctica no cambiaba nada.
Lo confuso de la enmienda le pasa ahora el 'marrón' a Hacienda. Parte de los sindicatos se ha acogido a la deducción realizada por Podem y exigen que la OPE recoja la totalidad de la plantilla. Motivo por el que algunas organizaciones que forman parte del comité de empresa de À Punt han anunciado que interpondrán un recurso contra la oferta pública de empleo de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC), la entidad que gestiona el ente y donde se inscribe el grueso de los trabajadores. En un comunicado consideran que la situación actual "imposibilita a aquellos que quedan fuera consolidar su plaza de forma fija".
Los sindicatos reclaman a la propia dirección de la cadena que "de manera urgente solicite la autorización a la Conselleria para que en 2021 se publique una OPE con las plazas que no figuran en 2020".
La incertidumbre ante una nueva propuesta de OPE en 2021
Y aquí viene el embrollo. Hacienda dio luz verde el pasado noviembre a que se sacaran a concurso 376 puestos –los que hay actualmente son 469 de carácter temporal–. Una cifra que cumplía con la famosa limitación del tercio de personal. Fuentes de la Conselleria defienden que cuando esto ocurrió se ciñeron a la ley debido a que no había ninguna enmienda aprobada en Les Corts que pudiera dar lugar a otra interpretación.
Pero el asunto puede cambiar en el caso de que la SAMC proponga una nueva OPE en 2021 con la diferencia de puestos que quedan hasta completar la plantilla que hay en este momento. En cuyo caso, Hacienda deberá decidir qué hacer. La lógica invita a pensar que, en un escenario así, habrán de ser los servicios jurídicos de la Generalitat los que analicen la enmienda de Les Corts. Y, en base a ese criterio, actuaría la Conselleria, sea informando favorablemente o negativamente a esa nueva oferta pública de empleo.
Todo este enredo se habrá de resolver de cara a la convocatoria de las oposiciones. À Punt tiene un plazo de tres años para celebrarlas, y podría realizarlas de todas las OPE aprobadas –sean cuales sean finalmente– a la vez. Es previsible que la evolución de la pandemia sea determinante en este sentido.
No sólo la oferta pública de empleo ha centrado las críticas de los sindicatos. En el mismo comunicado critican que la empresa haya decidido "sin ningún tipo de negociación" incluir las funciones que recoge la RPT de 2019 en la de 2020 después de que Hacienda exigiera cambios en las funciones de algunas categorías. Algo por lo que están valorando "emprender acciones legales".
Instalaciones de À Punt. Foto: KIKE TABERNER
