VALÈNCIA. Una vez más, el informe de la Sindicatura de Comptes, en este caso el referente al 2021, duda del destino de las subvenciones que la administración otorga a los grupos parlamentarios y diputados no adscritos. Los expedientes de la mayor parte de estas subvenciones, afirma, no tienen la "documentación necesaria" para que la Sindicatura pueda comprobar si el dinero se ha destinado a gastos relacionados con la actividad parlamentaria, si las cuentas son fieles al resultado de actividades de dicho ejercicio, "y si, en su caso, se deriva un posible derecho de cobro por las Corts en concepto de subvenciones concedidas no justificadas".
El informe revela que las subvenciones a grupos parlamentarios y diputados no adscritos en 2021 ascendieron a 3.916.528 euros, de los cuales 3.596.543 euros se destinaron a subvenciones globales (fijas y variables), 198.591 euros a subvenciones extraordinarias para la contratación de asistentes personales, 70.754 euros para aparcamiento y 50.640 para los diputados no adscritos.
La Sindicatura recuerda en el seguimiento de recomendaciones de ejercicios anteriores que todavía no se ha aplicado "el requerimiento de la ficha de terceros y el poder de bastanteo para el pago de subvenciones a los grupos parlamentarios", así como el inicio de las actuaciones de control financiero en relación con los expedientes no sometidos a intervención previa plena como son las subvenciones a los grupos parlamentarios.
Esta situación, a priori, cambiará en el informe de 2022, cuando los grupos parlamentarios tendrán la obligación de rendir cuentas debido a la aplicación del nuevo régimen de contabilidad y control interno y externo de las subvenciones a los grupos parlamentarios. "Será, por tanto, con la fiscalización de la cuenta general de dicho ejercicio cuando la Sindicatura podrá y deberá desarrollar su labor fiscalizadora de dichas subvenciones", explica la Sindicatura en este documento.
El informe refleja que, de las 16 recomendaciones que Les Corts arrastraba para este año (tres de 2020 y otras 13 de años anteriores) solamente una ha sido aplicada, la de adopción de medidas para el cobro o regularización del saldo (11.932 euros) de la cuenta de “Derechos de presupuestos cerrados”. De las 15 restantes, cinco han sido aplicadas parcialmente y 10 no se han llevado a cabo.
Los motivos que están detrás de aquellas cuestiones calificadas como aplicadas parcialmente son diversos. En aquellas cuestiones relacionadas con contratación, la administración se ha provisto de un técnico de contratación, mientras que en otros temas la parcialidad radica en que se ha provisto su aplicación para otro año (como es el caso de las subvenciones a los grupos parlamentarios) o en que no se han llevado a cabo todas las recomendaciones planteadas.
Más de un 60% de las recomendaciones que la Sindicatura de Comptes debía revisar este año no han sido aplicadas, entre ellas dos de las tres formuladas en el informe del año anterior. Se encuentra la elaboración y aprobación de una relación de puestos de trabajo que contenga las modificaciones acordadas por la Mesa de las Corts, así como la creación de una memoria explicativa sobre el interés para las Corts de cada uno de los gastos en atenciones protocolarias y representativas.
También reclama que se planifique la contratación de los contratos menores destinados a necesidades recurrentes para poder adecuar los plazos de duración a la naturaleza de las distintas prestaciones con el objetivo de poder tramitar con la correcta antelación las licitaciones de estos contratos. En el informe, además, constan por aplicar cuestiones como "para valorar el criterio precio en la contratación, utilizar fórmulas que no otorguen puntos a las ofertas sin baja".
La Sindicatura de Comptes ha formulado tres nuevas recomendaciones en el informe de 2021, una de ellas, la de justificar en las cuentas de 2022 los motivos por los que se cambia el criterio en la contabilización del reintegro del remanente y su efecto en términos de comparabilidad, es una actualización de la recomendación formulada en el ejercicio anterior, por lo que en el próximo informe se revisarán un total de 17 recomendaciones de años anteriores.
A esta última se le añade el cálculo y contabilización de las dotaciones a la amortización de los bienes en situación de arrendamiento financiero, así como incluir determinados aspectos para mejorar la normativa interna reguladora de los fondos de caja fija y pagos a justificar.