Foto: ESTRELLA JOVERVALÈNCIA. Iba a debatirse en el pleno del mes de septiembre, pero finalmente no ha sido así. El punto del orden del día referente a los sueldos de los concejales del Ayuntamiento de València se retiró de la sesión plenaria para debatirse el próximo mes. Así pues, las acciones que vaya a tomar el consistorio para dar respuesta a las irregularidades encontradas por la Agencia Valenciana Antifraude se aprobarán, previsiblemente en octubre.
El gobierno municipal, conformado por Compromís y PSPV, llevaba al pleno de este mes una propuesta de acuerdo para aceptar las recomendaciones emitidas por la Agencia en su último informe de investigación, en el que confirma que la coalición de izquierdas -Compromís, PSPV y València en Comú el pasado mandato- sorteó la ley para aprobar unos complementos salariales alegales a ocho ediles del Ejecutivo local durante 2015 y 2019.
El organismo que dirige Joan Llinares instaba en su informe a que el Ayuntamiento pidiera informe jurídico pertinente al secretario municipal cuando se fijaran los salarios, al no hallarlo en el expediente de 2015. Antifraude también recomendaba que se fijasen de antemano claramente las responsabilidades de cada cargo, "siendo evidente" que los sueldos responde a las responsabilidades atribuidas a cada edil, por lo que no es "necesario fijar complementos de especial responsabilidad" como se hizo en 2015. No exigía, por contra, que se devolviesen los 772.000 euros que salieron de las arcas municipales por este concepto.
Por otro lado, la Agencia también cuestionaba el sistema retributivo aprobado en 2019, según el cual los ocho ediles con dedicación parcial -este mandato pertenecientes a la oposición: PP, Cs y Vox- perciben el 75% del sueldo del alcalde, mientras que la Agencia, el Consell Jurídic Consultiu y el Ministerio de Hacienda interpretan la normativa de manera que dicho sueldo debería calcularse en función del que perciben el resto de concejales con dedicación exclusiva, no el alcalde, que es notablemente mayor. Y por eso, Antifraude instaba a corregir esta proporcionalidad.
Así pues, la propuesta de acuerdo que el Ejecutivo llevaba al pleno, y que partía de la concejalía de Personal que dirige Luisa Notario, aceptaba las tres recomendaciones de la Agencia a partir del próximo mandato, como publicó Valencia Plaza. Huelga resaltar que es la primera vez que el gobierno municipal lleva al pleno una respuesta a Antifraude: hasta ahora, todas se han aprobado en el seno del Ejecutivo sin publicidad.
Pese al documento presentado inicialmente, el alcalde, Joan Ribó, sorprendía este martes al plantear al resto de grupos municipales hacer un pequeño cambio en esta propuesta de acuerdo: rechazar la última recomendación de la Agencia. O lo que es lo mismo: validar que los sueldos de la oposición son correctos y no modificarlos.
El primer edil entiende -como lo hace la oposición- que el sistema retributivo de 2019 está ajustado a la ley, al contar con dos informes favorables del secretario municipal y al entender, por ende, que se trata de interpretaciones jurídicas diferentes, pero ambas dentro de la normativa.
Ciertamente, la regulación no especifica si ese 75% del sueldo se ha de calcular respecto a la retribución del alcalde o respecto a la de los ediles rasos con dedicación exclusiva. Y de ahí que Ribó propusiese un acuerdo unánime a todos los partidos para enmendar el último punto de la iniciativa presentada al pleno.
Así pues, los partidos de la oposición prefirieron el martes esperar para estudiar la propuesta, pero este jueves se llegó a la sesión plenaria sin ningún acuerdo en este sentido. Con todo, la edil de Personal acabó retirando el punto del orden del día. El motivo es que la iniciativa no se había aprobado por la comisión de Personal previa al pleno, como acostumbra a hacerse, y aunque se podría haberle dado luz verde únicamente en el hemiciclo municipal de manera urgente, el gobierno municipal ha preferido seguir el trámite habitual para evitar problemas jurídicos. Por ello, tendrá que esperar al mes que viene.
De esta manera, este mes extra hasta que tenga lugar la comisión y posteriormente el pleno otorga tiempo a los grupos de la oposición para decidir si apoyan o no la idea planteada por Ribó. Diferentes fuentes de los grupos de la oposición aseguraron estar a la espera de que el primer edil explicite negro sobre blanco cómo quedaría el texto para poder tomar una decisión al respecto. Vox, por su parte, se desmarcó.
Vox pidió en el pleno municipal que se ajustara al criterio defendido por la Agencia el sueldo de los ocho concejales con dedicación parcial del Ayuntamiento, que pertenecen a los grupos de la oposición -cuatro al PP, tres a Ciudadanos y uno a Vox-. Esto es, que su retribución a partir de ahora fuera del 75% respecto al resto de ediles con dedicación exclusiva y no respecto de Ribó.
Este cambio supondría una rebaja salarial para estos ocho munícipes de los actuales 63.500 euros brutos anuales a los 51.100. Un ahorro total para las arcas municipales de 225.000 euros aproximadamente durante lo que resta de mandato. El portavoz de Vox, Pepe Gosálbez, recordó que la ciudad de València está sufriendo "una de las mayores crisis económicas y sociales de los últimos tiempos e instó a dar "ejemplo de honradez, sentido común y solidaridad" a los representantes municipales.
