Soler defiende la urgencia del decreto de agilización para gestionar el Fondo de Recuperación

VALÈNCIA (EP). El conseller de Hacienda, Vicent Soler, ha defendido este miércoles en las Les Corts la convalidación del Decreto-Ley de medidas urgentes de modernización de la administración, que se votará mañana, porque esta norma resultará "clave" para gestionar con "agilidad y eficacia" los primeros 262,7 millones del Fondo de Recuperación y Resiliencia que tiene ya adjudicados la Comunitat Valenciana.

Soler ha defendido la urgencia de aprobar esta norma y, por ello la necesidad de que se realice con esta figura, porque al menos el 60% de los compromisos de gasto deben contraerse antes del 31 de diciembre de 2022 y el resto antes del 31 de diciembre de 2022.

"Tenemos una gran responsabilidad desde la gestión pública para dar respuesta a los problemas y las necesidades de los ciudadanos y de transformar lo negativo que nos ha dejado el virus en una oportunidad para modernizar nuestras administraciones y nuestro tejido productivo y de convertir el miedo a lo desconocido en afán recuperación y la crisis en un reto para el cambio y crecer", ha recalcado.

En ese sentido, ha explicado que la Comunitat Valenciana tiene certificados en estos momentos, por parte de varios ministerios, las primeras aportaciones que realizará el Gobierno central a la Generalitat con cargo al Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia, pero ha afirmado que esta cifra aumentará a lo largo del mes de mayo a medida que se vayan cerrando las conferencias sectoriales y los proyectos aprobados.

Al respecto, ha explicado que el Decreto Ley tiene dos objetivos básicos: la agilización de los procedimientos relacionadas con el Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia financiado por los mecanismos europeos Next Generation y REACT y la modernización de la administración valenciana para reconstruir la economía y corregir las debilidades.

En ese sentido, ha destacado que la movilización de un volumen "tan importante" de recursos europeos, más de 140.000 para el conjunto de España en un periodo de tiempo reducido, exige contar con una administración "moderna, ágil y capaz de responder a la ejecución de proyectos".

Abordar una revisión de la regulación

Por ello, ha señalado con este decreto ley se quiere abordar una revisión de la regulación contenida en varias normas de carácter horizontal para facilitar los procesos de toma de decisiones y de gestión de los fondos públicos, y "acelerar todo lo posible la recuperación económica, promoviendo a la vez un proceso de transformación estructural de la administración".

El diputado socialista José Muñoz ha pedido la convalidación porque "la historia nos juzgará" y quien vote a favor, como el PSPV, estará "en el lado bueno". Así, ha recalcado que estamos "en un momento histórico" para "superar la dicotomía entre agilidad en la gestión y el control de fondos públicos". "Esto es lo que plantea este decreto, un horizonte de esperanza que no podemos dejar atrás y frente a los que otros claman pervirtiendo la palabra libertad nosotros presentamos un modelo de 'trellat', de sentido común y de respeto a las leyes". 

"Sin dar un palo al agua"

Por contra, la portavoz adjunta de Vox Llanos Massó ha defendido su derogación porque el decreto ley supone "una burla" para los valencianos ya que es "un plurireportaje" y "un cajón de sastre porque el Consell no ha dado un palo al agua, a los trabajadores sí que les dan palos, pese a que ha tenido un año de pandemia para legislar como Dios manda" y en ese sentido ha advertido de los errores que ha notificado la Abogacía de la Generalitat.

Desde el PP el diputado Rubén Ibáñez ha anunciado que su grupo no se opondrá a la convalidación aunque ha cuestionado la urgencia que justifica su aprobación por la figura del decreto-ley ya que se aprobó el 1 de abril, y en ese sentido "ha señalado que detrás del decreto se esconde de tapadillo el nombramiento de un director de programas con sueldo de director general". "En la pandemia no han ayudando a la gente sino a ustedes con más cargos", ha afirmado. Asimismo, ha señalado que se carga "los filtros" y han tenido "una soberana respuesta" de la Abogacía.

Del mismo modo, la diputada de Cs Yaneth Giraldo ha acusado al Consell de querer "usurpar" a las Corts su capacidad para realizar modificaciones "aplicando una vez más el rodillo para su aprobación sabiendo que necesitamos esas ayudas como agua de mayo" y ha incidido en que la propia Abogacía de la Generalitat lo ha cuestionado.

Por contra, desde Compromís Nathalie Torres ha mostrado su apoyo para que "los recursos lleguen a la economía real, sobre todo pymes y familias, y que no se queden solo en las grandes compañías del IBEX", aunque ha advertido: "Vigilaremos que no se quede en buenas intenciones sino hechos".

Del mismo modo, Ferran Martínez, de Unides Podem, ha alertado de que "la agilización" de las ayudas es "positivo, pero no puede ser la excusa para abrir la puerta a la arbitrariedad y opacidad" por lo que actuarán también para "fiscalizar que lleguen a los más necesitados" y ha criticado la "deslealtad de la oposición".