VALÈNCIA. (EFE). El empresario valenciano Augusto Tauroni, condenado junto al exconseller Rafael Blasco por el desvío de las ayudas públicas destinadas a cooperación internacional, se ha acogido este viernes a no declarar en el marco de la quinta pieza de este mismo caso.
Sin embargo, según han informado a EFE fuentes del ministerio público, Tauroni ha optado por entregar su pasaporte a la jueza instructora, tal y como había solicitado el fiscal.
Tauroni cumplirá el día 23 la condena de seis años que se le impuso pero como aún ha de afrontar al menos otras cuatro causas relacionadas con casos de corrupción, el fiscal anticorrupción Vicente Torres ha pedido a la instructora que le retire el pasaporte y le obligue a comparecer en el juzgado al menos una vez por semana.
El empresario ha comparecido este viernes ante la titular del juzgado de Instrucción número 21 de Valencia en primer lugar para asistir a una vista sobre posibles medidas cautelares, tras su reciente procesamiento en la quinta pieza del conocido como Caso Cooperación.
En esta vista, la acusación particular que ejerce la Coordinadora Valenciana de ONG ha reclamado el ingreso de nuevo en prisión provisional de Tauroni, esgrimiendo que todavía no se han recuperado los 1,8 millones de fondos públicos que debieron ir a parar a proyectos de cooperación internacional y que, en consecuencia, existe un evidente riesgo de fuga.
La jueza deberá decidir sobre este asunto próximamente, han informado fuentes de la Coordinadora.
Posteriormente a la citada vista sobre medidas cautelares se le debía tomar declaración a Tauroni como uno de los principales investigados en esta pieza -junto con Blasco, el que fuera jefe de área de Solidaridad Marc Llinares, la exsecretaria de la Conselleria Tina Sanjuan, el jefe de área de informática, un comercial de Fujitsu y un empleado de Tauroni- aunque ha preferido no declarar.
El exjefe de Informática de la extinta Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía, que ha también ha sido citado a declarar como investigado, ha admitido la manipulación de dichos contratos, y ha relatado que conocía las relaciones entre Tauroni y varios altos cargos de la Conselleria, incluido Rafael Blasco, y cómo se manipulaban los expedientes para revestirlos de legalidad.
La quinta pieza del caso Cooperación está relacionada con las irregularidades en la contratación de los servicios informáticos de los años 2008, 2009, 2010 y 2011 por parte de esa Conselleria y se investigan los posibles delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
Concretamente, se investiga el amaño de contratos para que esos servicios, adjudicados a Fujitsu y a otras dos empresas, terminaran siendo subcontratados a las sociedades de Augusto Tauroni, empresario que se encuentra en prisión -aunque estos días disfruta de un permiso de seis días-, junto al exconseller Blasco, tras ser condenado por el desvío de las ayudas públicas destinadas a cooperación internacional.
Según consta en la causa, al menos siete contratos por un importe total de más de un millón de euros habrían sido amañados vulnerando los principios de transparencia y libre concurrencia en la contratación pública.
Los contratos fueron adjudicados a tres empresas (Fujitsu España Service, Comteldat e Ibermática) que hacían las veces de intermediarias y que luego subcontrataban con las empresas Dinamiz-e y S&C Vision y Análisis, al frente de las cuales estaba Tauroni o alguno de sus considerados testaferros.
