VALENCIA (EP). El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha sobreseído provisionalmente y ha archivado una querella presentada por el FROB contra el ex consejero delegado de Banco de Valencia (BdV) entre 1994 y 2011, Domingo Parra; el que fuera director de Sociedades Participadas Inmobiliarias de la entidad, Alfonso Monferrer; y el empresario Juan José Sanchis, entre otros, por presuntas irregularidades en operaciones de concesión de préstamos y dación en pago.
Se trata del segundo archivo decretado por Pedraz en dos semanas, ya que el pasado 28 de marzo dictó el sobreseimiento de la querella interpuesta por el FROB por supuestas irregularidades cometidas en la concesión de créditos, en esa ocasión, a mercantiles del Grupo Cursach. Éste se sumaba a otro archivo de hace más de un año.
En esta nueva resolución, fechada el 11 de abril y a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez acoge de nuevo los argumentos del fiscal, que descarta la existencia de ilícito penal, en concreto de un posible delito de administración desleal, y considera que las operaciones desarrolladas "no pueden calificarse de fraudulentas, siendo, consecuentemente, ajenas al ámbito penal".
Las diligencias se incoaron a raíz del informe realizado por el Banco de España --y trasladado a Fiscalía Anticorrupción-- sobre las adquisiciones de activos en pago de deudas que Banco de Valencia realizó de dos empresas, Gamamobel SA y Gestinversa SA, del Grupo Gamamobel, pertenecientes al empresario valenciano Juan José Sanchis.
Entre 2008 y 2009, el grupo sufrió dificultades de tesorería por lo que el empresario solicitó a sus entidades financieras la renegociación de su deuda. Así, en febrero de 2009 suscribió un préstamo hipotecario por el Banco de Valencia prestó a una de las mercantiles 7.100.000 euros hipotecando una nave industrial en la localidad de Beniparell (Valencia). Posteriormente, se suscribió una nueva escritura de préstamo por la que el banco concedía 812.000 euros.
A pesar de la financiación, la firma no superó los problemas económicos por lo que Banco de Valencia, tras aprobarse por el Comité de Dación en Pago, diseñó una operación de venta con subrogación y pacto de retorno --dación en pago-- y se procedió al arrendamiento para que otras empresas del grupo pudieran continuar con su actividad empresarial.
La parte querellante --que denunció a Parra, Monferrer, Sanchis y otras cuatro personas-- aludía a supuestas irregularidades, como la existencia de dos tasaciones distintas de la misma finca, la presunta ocultación de la ocupación de la nave objeto de un contrato de arrendamiento y el presunto carácter confidencial del mismo.
Sin embargo, el fiscal sostiene que de la instrucción practicada "resulta que, si bien las operaciones de financiación y refinanciación resultaron fallidas, no presentan irregularidades".
En este sentido, sostienen que ha quedado "sobradamente acreditado que la operación descrita no fue diseñada para beneficiar a terceros en perjuicio de las entidades bancarias", sino que pretendía eludir las negativas consecuencias de un posible concurso de acreedores, que, de hecho, se produjo en 2012.
Asimismo, el ministerio público entiende que no existió para el empresario ningún trato "distinto o privilegiado", ni relación personal con el resto de investigados.
En la misma línea, argumenta que tampoco el comportamiento de las demás personas merece reproche penal, puesto que la decisión adoptada "pretendió ser la más beneficiosa para el banco, con intención de disminuir los riesgos de la mercantil, sin que tampoco haya existido beneficio personal alguno para los investigados". Aquí, hace notar que con la operación financiera, Banco de Valencia consiguió, entre otras cosas, una nave industrial con la que saldaba la deuda.
Finalmente, y respecto a las tasaciones realizadas, apunta que ambas fueron válidas al cumplir con la normativa.
