VALÈNCIA. La Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad pisa el acelerador en la tramitación de proyectos de energías renovables en la Comunitat Valenciana. Así, el departamento dirigido por Rebeca Torró ha desatascado en las últimas semanas 25 expedientes de plantas fotovoltaicas, ubicadas en las tres provincias valencianas, que suman una potencia total de 429,78 MW.
Un impulso en la tramitación después de las críticas del sector por el atasco y de que el propio presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, reconociera que el desarrollo de las renovables en la región era "manifiestamente mejorable". De esta forma, Territorio ha emitido ya informes favorables sobre estos expedientes que han sido derivados a la Conselleria de Economía, órgano sustantivo responsable último de su aprobación, explican fuentes de este departamento.
En concreto, cinco de los proyectos que han recibido el visto bueno de Territorio son de casi 50 MW, mientras que otros dos son de 35 MW, otro de cerca de 40 MW y uno de 26 MW. El resto de expedientes son de menor potencia, apuntan desde la Conselleria de Torró. Todos ellos se ubican en diferentes puntos de la autonomía, pero abarcan las tres provincias.
De hecho, hace ya unas semanas que la propia Torró, en una comparecencia en Les Corts, avanzó que su departamento iba a dar luz verde a 240 MW. No obstante, finalmente han sido más expedientes los que han recibido el informe favorable de su Conselleria. "Lo hemos manifestado desde todas las Consellerias: la agilidad de las renovables es un objetivo de esta legislatura y lo vamos a demostrar", reivindicó entonces la consellera.
Según explican desde Territorio, estos informes favorables han sido posibles "gracias al informe solicitado por la propia consellera a la Abogacía de la Generalitat, el cual ya no deja lugar a interpretaciones ni a cualquier posible duda a la hora de aplicar la normativa establecida". "Se trata de unos cambios que están enmarcados en la estrategia de desatascar y avanzar de manera eficaz en la implantación de energías renovables", señalan las mismas fuentes.
Y es que cabe recordar que la propia Torró, del PSPV, consciente de que parte del 'tapón' estaba en la dirección general de Paisaje, dependiente de su Conselleria, pero dirigida por Rosa Pardo (Compromís), buscó la fórmula para agilizar el proceso a través de una consulta a la Abogacía de la Generalitat, que en un informe fijó los criterios a seguir.
Y las conclusiones de la Abogacía fueron claras: Paisaje se estaba extralimitado en sus competencias, exigiendo en muchos casos informes y documentación a los promotores que no eran necesarios. Pero, también, emitiendo informes sobre compatibilidad urbanística que no eran de su competencia, sino municipal.
Con esos criterios, Territorio elaboró una instrucción en la que se recogían esas pautas del informe de los letrados de la Administración valenciana para clarificar y dejar claro las disposiciones a considerar en la tramitación de los proyectos. Todo ello con el fin de evitar la parálisis y el bloqueo que había hasta ahora.
"La Generalitat se marcó el compromiso firme de avanzar en la implantación de proyectos de energía renovable en la Comunitat y una buena muestra de la celeridad y eficacia con la que se avanza para cumplir son estos casi 430 MW, que se irán incrementando de manera progresiva a lo largo de las próximas semanas", resaltan desde Territorio, tras dar luz verde a estos 25 expedientes que ahora pasan a Economía.
Y es que el tiempo apremia para que los proyectos lleguen al próximo 25 de enero de 2023, cuando el Ministerio de Transición Ecológica concederá la declaración de impacto ambiental (DIA) para que los expedientes sigan adelante. Si no se llega a esa fecha, pese a que cuenten con autorización administrativa, automáticamente se quedarán fuera, perdiendo los puntos de conexión a la red y el aval depositado.
Hasta hace una semana había 63 expedientes bloqueados en la Generalitat, con una potencia total de 2.250 MW, y que se juegan la DIA el próximo 25 de enero de 2023. Pero no son los únicos. Según la patronal Avaesen, aunque de los cerca de 400 proyectos que hay en tramitación en las diferentes consellerias involucradas -Medio Ambiente, Territorio y Economía-, un centenar requerirán el próximo 25 de enero esa declaración medioambiental favorable del Ministerio, pero otros 300 también precisarán de un certificado autonómico para seguir adelante el proceso.
De no llegar con la tramitación autonómica cerrada en enero, hay en juego 7.000 millones de euros y la viabilidad de 160 empresas, que pueden acabar en la quiebra, advierten desde la patronal, que urge a la aceleración del proceso.
Además, la Administración también se enfrentaría a posibles demandas millonarias por responsabilidad patrimonial por parte de los promotores. Por ello, desde la Generalitat se está buscando poner fin a una obstrucción que ha llevado a generar incluso luchas internas dentro del propio Botànic.