Tiller señala a Jorge Rodríguez como el responsable de los contratos irregulares de 'Alquería'

VALÈNCIA. El excogerente de la empresa pública Divalterra, el socialista José Ramón Tiller, aseveró este viernes ante el magistrado de la Operación Alquería, donde se investiga el supuesto "enchufe" de varios altos cargos en Divalterra procedentes del PSPV y de Compromís, que sí que es cierto que él propuso los nombres de los socialistas, pero era el presidente la persona que firmaba los contratos, en referencia al exsocialista Jorge Rodríguez.

De hecho, y según explicaron a Valencia Plaza fuentes presenciales, esta declaración dejó al magistrado tan perplejo que le preguntó en dos ocasiones lo mismo para asegurarse de que se estaba acusando directamente al que fuera presidente de ser la persona finalmente responsable de los contratos. Las dos veces dijo lo mismo, que sí, y señaló al expresidente Jorge Rodríguez como la persona que decidía sobre los contratos presuntamente fraudulentos.

Sobre los citados contratos también aseguró que se hicieron a propuesta del partido (PSPV), pero que eso se había hecho así desde hacía más de 20 años, en clara referencia a que el supuesto sistema de enchufes venía de la época en la que el Partido Popular controlaba el ente provincial.

Y añadió que en la Diputación Valenciana "las áreas se repartían" porque "siempre se ha hecho así", evidenciando ante los presentes que las irregularidades, no solo las de Alquería sino las antiguas como las del caso Taula, que también tiene una pieza de contratos, eran de sobra conocidas por los partidos desde hacía dos décadas. Unas irregularidades que, básicamente, consistían en un reparto del pastel a partes equitativas entre los partidos.

Aseveró que recibía muchos currículums para trabajar en Divalterra, pero que los contratos se los enviaban "desde el partido". Un hecho que pensaba que era legal debido a los informes de la propia Diputación, y de una empresa externa. De hecho, afirmó que nunca pensó que pudiera estar cometiendo una ilegalidad.

Caso Alquería

El caso Alquería ha supuesto el primer gran caso de corrupción vinculado al gobierno del Botànic. En él se investiga cómo presuntamente el expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez, su asesor Miguel Reguart, su jefe de gabinete Ricard Gallego, el letrado asesor de Divalterra Jorge Cuerda y los directores gerentes de la empresa pública Xavier Simón y Agustina Brines crearon hasta ocho puestos de alta dirección para colocar a personas afines al PSPV y Compromís.

También se encuentra bajo la lupa de los investigadores un consejo de dirección paralelo que, supuestamente, se creó para dejar fuera de juego a la oposición, y a la sazón denunciantes, formada por Ciudadanos y el Partido Popular.

La Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional ha cifrado, hasta el momento, en cerca de dos millones de euros el coste para las arcas públicas que hubiese supuesto la contratación, durante toda la legislatura, de las personas supuestamente colocadas irregularmente en la Diputación de Valencia en otoño de 2015, a razón de 70.000 euros brutos cada uno.