El presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar. Fotos: KIKE TABERNERVALÈNCIA. En junio de este año la Operación Alquería sacudía poderosamente a la Diputación de Valencia. El presidente de la institución, Jorge Rodríguez, era detenido junto a varios miembros de su equipo por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales público en relación a una decena de contrataciones de Divalterra, empresa pública vinculada a la corporación provincial.
El presidente de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig, tomaba la determinación de activar inmediatamente el relevo y señalar como sucesor al vicepresidente segundo de la Diputación, Toni Gaspar (Faura, 1973). Desde entonces, el dirigente socialista ha tomado las riendas de una institución especialmente cuestionada en los últimos tiempos. Valencia Plaza se sienta a charlar con él para analizar la situación actual de la corporación provincial y su futuro a corto y medio plazo.
-¿Qué se encontró en su aterrizaje? ¿Era lo que esperaba?
-Un equipo del que yo formaba parte ha estado trabajando toda la legislatura. En algunas cosas se ha podido avanzar más y en otras no tanto. En junio, se produce el suceso de Jorge Rodríguez y me toca a mí hacerme cargo. No hay que perder de vista que las circunstancias en las que se produce todo esto provoca en la Diputación un ‘shock’. Ya no solo por el cambio del presidente, sino también por los cambios normativos que se han ido produciendo, como la ley de contratos, entre otras. Al final la gente ve que se han intentado hacer las cosas de la mejor manera posible y aún así hemos tenido sorpresas. Y la casa se resiente. La noto convulsa y existe preocupación en el funcionariado. Todo es más lento y se le da muchísimas vueltas, lo que va en detrimento del funcionamiento normal. Es complicado administrar todo con estos ánimos.
-¿Cree que a la Diputación ha llegado el mismo miedo ‘extra’ en los funcionarios y altos cargos que se instaló en la Administración autonómica que ralentiza los procesos?
-Eso llegó hace tres años pero con los acontecimientos de junio ha reaparecido en carne viva y tiene consecuencias en la gestión, algo que en cierto modo veo comprensible. Si a eso le sumas a que, durante este período, ha habido cambios normativos importantes como la ley de Contratos que está en vigor desde marzo, ya se hace un mundo. Esto provoca que haya departamentos que no hayan contratado absolutamente nada porque hay que aplicar una nueva ley y existe cierto pánico escénico a ‘¿y si metemos la pata?’. Si la Administración ya es lenta de por sí, le añades todo esto y puedo decir que vamos encaminados a unos cuantos meses de letargo en muchas cuestiones. No juzgo que sea negativa la ley, yo creo que los cambios son positivos, pero es necesario un tiempo de acople y la Administración requiere más que una empresa. Mientras se produzca este acople no se puede gestionar en condiciones normales. Esto lo vamos a sufrir y, de hecho, estamos sufriéndolo ya con los expedientes administrativos, lo van a sufrir los ayuntamientos y al final lo sufrirá la gente. Eso es así y cualquiera que diga otra cosa, miente. No obstante, hay que explicar que ahora todo cuesta más porque estamos acoplándonos a una nueva forma de hacer las cosas con más garantías y transparencia.
-Eso es difícil de hacérselo entender a la gente...
-Claro, pero la gente quiere que las cosas se hagan rápido pero también que sean transparentes. La Administración pública no puede funcionar como la empresa privada porque la primera requiere de unos controles, garantías y transparencia que la hace más lenta. Y otra reflexión necesaria, estamos obligados desde lo público a evaluar nuestras políticas porque el dinero es de todos y hay que valorar si los recursos que has utilizado han servido o no. De lo contrario estás malgastándolos. Pues todo eso es a la vez , lo que aumenta la complicación en la gestión de lo público. Si a esto le unimos que hay que dar un mensaje político simple y si es a la contra, mejor, es un cóctel molotov imposible de explicar. Así que creo que la clave está en decir la verdad aunque no sea lo que la gente quiera oír.
-Atendiendo a su historial… se ha medido en un proceso frente a Ábalos –aliados con el lermismo en ese momento- y también con Ximo Puig. ¿Le sorprendió que le llamara para tomar el testigo?
-Fue un día muy atropellado. Conforme me enteré de lo que estaba pasando vine a la Diputación y a partir de ahí comenzaron las llamadas de teléfono, conversaciones… Ni siquiera puedo decir que me sorprendiera lo que ocurrió al final porque todo me parecía increíble. Fue muy complicado y aparte yo tuve también otros asuntos personales importantes.
-Supongo que es ese tipo de día que cuando acaba y te metes en la cama piensas… ¿qué rayos ha pasado hoy?
-El 27 de junio de 2018 no será un día que recuerde con cariño pero que no olvidaré. Sobre todo no olvidas ver, desde la puerta porque yo estaba allí, pasándolo mal a un amigo tuyo. Y desde luego, cuando terminó el día que yo acabara siendo presidente de la Diputación fue lo de menos para mí.
-Volviendo a la gestión, usted pretende reducir los convenios singulares al mínimo, ¿en qué más cosas quiere imprimir su sello personal en estos seis meses que le quedan?
-Los convenios singulares quiero llevarlos al cero. Luego lo más importante que hemos afrontado hasta ahora es la tecnificación de Divalterra: o lo que es lo mismo, quitar a los políticos del Consejo de Administración. Nadie daba un duro cuando dije que lo íbamos a hacer y en los plazos que lo íbamos hacer. Hemos conseguido que sea así y que ahora este consejo se reúna para que analice y decida cuál es la figura jurídica con la que Divalterra debe volver a la casa; la disolución en definitiva.
-¿Estará antes de que termine la legislatura?
-Por lo menos el formato jurídico en el que deba integrarse la institución, sí. Pero eso requiere unos informes y los consejeros, que son jefes de servicio de la Diputación y otros altos cargos de la corporación, los que lo están trabajando.
-Llama la atención y se han publicado informaciones sobre ello que en Divalterra han terminado cesados todos los cogerentes pero el responsable jurídico, José Luis Vera, continúa. ¿No es extraño que siga tras lo sucedido y que incluso pueda llegar a ocupar el nuevo puesto de 'controller' de la empresa pública tal y como se ha publicado?
-Las decisiones sobre Divalterra, bajo las directrices de la Junta General, las toma el Consejo de Administración del que este presidente no forma parte. La Junta General aprobó un organigrama y también un puesto de ‘compliance’ que se adjudicará por mérito, capacidad y concurso público. Como decidan organizar la empresa está en manos, insisto, del consejo formado por técnicos y por algunos representantes políticos. Hay una hoja de ruta creada y les corresponde darle la forma.
-El asunto de la coordinación de competencias al final parece un debate con cierto carácter más autonomista y menos provincialista. ¿Cómo le explicaría a la gente que el deseo, además de tratar de agilizar una institución, tiene algo también de filosofía del PSPV de coser la autonomía de otra forma a la que está diseñada?
-Yo es que no soy talibán de nada de eso. Estoy a favor de que encontremos la mejor manera de organizarnos sin que haya nada sagrado. A mí la posición del presidente Ximo Puig de una reforma constitucional en la que cada comunidad autónoma pueda organizarse como quiera me parece bien. Aquí es cierto que veo un escollo especialmente en Alicante que tiene un carácter más provincialista. Hay que intentar ser resolutivo y abandonar cualquier trinchera desde las instituciones. A veces se confunde entre el dinero de una institución y de otra, o incluso se cae en el error de pensar que el dinero es del color político que la ostenta, cuando el dinero es de todos.
-Explique las dos comisiones creadas para coordinar la acción de la Diputación con la Generalitat y reordenar las competencias. ¿Cree que antes de las elecciones de 2019 se podrá tomar ya medidas concretas?
-La mixta es la de coordinación del Presupuesto que va a tener poca faena porque ya se afrontó para 2018-2019, y actuará sobre unos 20 millones de euros. Es más importante la bilateral, que debe abordar las competencias de ambas instituciones.
-¿Pero notaremos algún avance en el ajuste de competencias en esta legislatura?
-Hay que decir la verdad. La comisión avanzará en cuanto a identificar todo ello y ponerle el cascabel al gato, pero es imposible en seis meses acometer cambios y soluciones a esto, dado que lleva aparejados cambios normativos que deberán ir a Les Corts. Ahora bien, está bien empezar esto y poner los cimientos, cosa que nadie había hecho hasta ahora.
