Imelsa recibió por duplicado una subvención para empleo y el dinero sobrante desapareció

VALÈNCIA. La presunta trama corrupta que saqueó los fondos públicos de la Diputación de Valencia no entendía ni de crisis ni de personas en paro. Un informe pericial de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) al que ha tenido acceso Valencia Plaza concluye que la empresa pública Imelsa —hoy Divalterra— se recibió dinero para un mismo proyecto, el de formación de personas sin empleo, desde dos sitios diferentes, pero a todos se les justificó la recepción del dinero con las mismas facturas.

Esta doble financiación para los mismos programas entre 2007 y 2011 llegaba, por una parte, del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef) y del Fondo Social Europeo y, por otra, de la Diputación de Valencia. Según concluye la IGAE, "se ha producido una doble financiación en los gastos de personal por importe de 454.901,84 euros. Se desconoce el destino de los fondos".

El informe también explica que el capital recibido era ingresado en dos cuentas bancarias de Imelsa. Desde dichas cuentas, el entonces gerente de la empresa y ahora arrepentido Marcos Benavent sacaba dinero en efectivo que no justificaba, cuyo destino no ha podido ser acreditado por los peritos. 

De hecho, tras la recepción del informe, el magistrado instructor, Víctor Gómez, ha citado a declarar a Benavent el próximo jueves por la mañana para que dé explicaciones sobre dónde terminó el dinero desaparecido.

El peritaje explica que "en los extractos de cuenta se detecta que se han retirado en efectivo 253.662 euros, de los que 107.355 han sido ingresados en las cajas en efectivo. No se justifica el destino de 146.306 euros retirados por Marcos Benavent". Y apostillan desde la IGAE que, además del dinero anteriormente mencionado, en las cajas "se detectan salidas de efectivo, sin que conste el justificante del gasto que acredite dichos movimientos por un total de 85.569 euros".

Paellas contra el paro

Uno de los apuntes más extraños en el marco de las ayudas contra el desempleo es el gasto de más de 25.000 euros en unas paellas para 2.400 personas. Dicha factura incluye no solo la comida sino el alquiler de las mesas, las sillas, el transporte y la vigilancia del evento. Según fuentes de la investigación consultadas por este periódico "es imposible justificar un gasta como ese dentro del marco de una subvención para personas desempleadas".

Este informe avala las sospechas de los investigadores de que, como publicó Valencia Plaza en exclusiva, la trama desvió parte del dinero que el Fondo Social Europeo destinó a un proyecto para personas desempleadas entre 2004 y 2007. Esta rama de la investigación se abrió a raíz de que la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF) enviara una requisitoria de información ante la sospecha de que hubiera ‘desaparecido’ dinero fondos europeos.

Contratos a dedo

Pero no solo se sospecha que sustraían el dinero facturando dos veces el mismo proyecto. En el informe pericial también aparece cómo se otorgaban contratos a empresas si cumplir la ley. Uno de los ejemplos que se puede encontrar dentro del informe es la campaña que se contrata con la empresa Marketing Relacional por importe de 180.148 euros. Según el informe, la licitación del contrato, subvencionado por el Fondo Social Europeo, estaba sometida a principios de publicidad y concurrencia pero "se publicita en dos periódicos locales con un plazo de presentación de proyectos de cinco días". Según la IGAE, "dicho plazo, además de incumplir las normas internas de contratación, podría haber limitado el número de ofertas teniendo en cuenta el tiempo razonable para prepararlas". De hecho, solo se presentó una, que resultó adjudicataria.

Otra de las mecánicas de la trama era presentar presuntas facturas falsas. El informe de hacienda asegura que hay facturas, como una de más de 8.000 euros a una empresa gráfica en la que "no se ha justificado la prestación del servicio contratado".

El proyecto con financiación europea

Dentro de esta rama del caso, que ahora se despeja con el informe pericial de la IGAE, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social envió un escrito al juzgado explicando que Imelsa fue "la entidad responsable de la Agrupación de Desarrollo ‘Donant Oportunitats’. Esta Agrupación de Desarrollo, compuesta por diversas mancomunidades y por entidades del tercer sector, gestionó un proyecto cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) en el marco de la iniciativa comunitaria Equal".

En el escrito se puede leer que "al proyecto que fue seleccionado se le asignó un importe de 1.498.681 euros para su ejecución entre marzo de 2004 y diciembre de 2007. La Agrupación de Desarrollo, a través de Imelsa, presentó a la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo (UAFSE) diversas peticiones de pago correspondientes a ese proyecto hasta alcanzar un total de 1.331.120 euros. La UAFSE ordenó pagos a favor de la Agrupación de Desarrollo por un importe global de 1.290.963 euros".