VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València, como el resto de entidades locales de toda España, se prepara para aplicar la nueva tasa de basuras. Un gravamen que debe ponerse en marcha el año que viene en los municipios para cumplir la ley estatal de residuos, aprobada como trasposición de una directiva europea, y cuya complejidad técnica ha traído de cabeza en los últimos meses a los técnicos municipales.
El Ayuntamiento de València ya tiene lista su ordenanza fiscal, que empezará a aplicarse desde el 1 de enero. La tasa se integrará en el recibo del agua potable y supondrá una recaudación de 47,6 millones de euros para 2025 en el Cap i Casal. La cuota a pagar por cada contribuyente variará según el consumo de agua de hogares y negocios, fijado en diferentes tramos que irán -en el caso de las viviendas- de 39 a 273 euros anuales, si bien se implementarán algunas bonificaciones fiscales.
La normativa estatal establece que las entidades locales deben establecer "una tasa o, en su caso, una prestación patrimonial de carácter público no tributaria" que permita implantar "sistemas de pago por generación y que refleje el coste real, directo o indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos". Para financiar el coste total del tratamiento, la Emtre ha tenido que aumentar la tasa Tamer un 23% para el año que viene para el área metropolitana. Y en la parte de la recogida y transporte de residuos, cada municipio aplica su propio gravamen, que en el caso de València es nuevo.
La nueva tasa municipal seguirá la misma estructura que la Tamer: se pagará por tramos en función del consumo de agua por hogar o negocio, dado que se considera un indicador vinculado a la cantidad de residuos generados. De los 47,6 millones que se ingresarán -es el coste total del servicio en València-, 37,56 millones procederán de los recibos de agua de viviendas, mientras que los otros 10,1 millones lo pagarán actividades económicas. En total, se han contabilizado 459.222 recibos que tendrán que abonar este tributo, según informó este viernes la concejala de Hacienda, María José Ferrer San Segundo.
La ordenanza fiscal aprobada por el gobierno municipal de València este viernes fija así diferentes cuotas en el apartado de las viviendas, en función del consumo anual de agua (imagen inferior). Hasta los 65 m3, los hogares pagarán 39 euros cada año. Un recibo que abonarán cerca de la mitad de los contribuyentes (202.000 de los 408.000 recibos).
La otra mitad, pagará entre 122 y 272 euros por hogar y año en función de la horquilla de consumo en la que se encuentre. La más numerosa tras el tramo bajo, como se puede observar, es la que va de 90 a 195 m3 de agua, que consumen casi 116.00 contribuyentes.
Por otra parte, en cuanto a las comunidades de vecinos, donde se incluyen servicios de escalera, garaje o similares, se fijan tres tramos diferenciados: hasta 10 m3 (el mayoritario), que pagarán casi 24 euros anuales; entre 10 y 100 m3, que abonarán 119 euros; y los consumidores de más de 100 m3 de agua al año, que harán frente a un recibo de 285 euros.
Por otra parte, la ordenanza distingue hasta seis grupos diferentes de negocio en función de su tipología para aplicar unos tramos diferenciados a cada uno, tal como figura en la imagen adjunta.
El primer grupo lo integran bares, cafeterías, heladerías, horchaterías y hoteles sin restaurante, que pagarán 208 ó 313 euros según el consumo de agua. El segundo grupo -comercios minoristas, centros de enseñanza sin comedor, hoteles con bar y salas de baile y recreativas-, pagarán entre 283 y 901 euros. Y el tercero -supermercados y similares-, 366 ó 1.099 euros.
Por su parte, el grupo 4 -restaurantes, caterings y centros de enseñanza con comedor- pagarán entre 366 y 17.593 euros. El quinto grupo -hoteles con restaurante, hospitales, colegios mayores y residencias, servicios sociales y centros penitenciarios y militares-, abonarán entre 457 euros y 30.746 euros. Un sexto grupo, donde se integran "el resto de actividades económicas no detalladas", pagará una cuota única de 134 euros anuales.
La ordenanza también incluye bonificaciones fiscales, si bien tal como explicó la edil de Hacienda, María José Ferrer San Segundo, se ha querido "ir con cautela" para evitar que se considere que la tasa es deficitaria, algo que impide la ley estatal. En ese sentido, señaló que son unas primera bonificaciones que podrían ser ampliadas en algún sentido más adelante en función de cómo se pronuncien los tribunales, dada la ambigüedad y parquedad de la normativa estatal.
Así, se prevé la reducción del 30% a familias numerosas (3 o más hijos, con carácter general) para la vivienda habitual (con concesión automática cuando se disponga de bonificación en IBI y posibilidad de acogerse los arrendatarios), beneficiando con ello a más de 4.000 familias. También la reducción del 30% para la vivienda habitual de familias con escasos recursos (según la ley que estén “en riesgo de exclusión social”: unidad familiar cuyos ingresos no superen el IPREM referido a 14 pagas), favoreciendo a 6.200 familias, sin perjuicio de otras coberturas y ayudas de los Servicios Sociales para situaciones de vulnerabilidad.
Por otra parte, se prevé la bonificación de 10 euros a usuarios que utilicen ecoparques, de 50 euros a actividades económicas que utilicen sistemas de recogida municipal de papel y cartón “puerta a puerta”, la bonificación del 10% a empresas de distribución alimentaria y restauración que tengan establecidos en colaboración con entidades de economía social sin ánimo de lucro, sistemas de gestión que reduzcan los residuos alimentarios de forma significativa y verificable (comedores sociales). Y no estarán sujetas al gravamen las actividades que tengan contratado gestor de residuos autorizado para la recogida de todas las fracciones que generen, acreditando que así es.
Ciertamente, el tributo viene de la trasposición de una normativa europea a la ley española, pero la edil de Hacienda consideró este viernes que se podría haber hecho la trasposición de otra manera y que la "mayor o menor rigidez" es responsabilidad exclusiva del Gobierno central. "No es verdad que no se podía hacer de otro modo", dijo, para añadir que "Sánchez es el único responsable de cómo se aplica en España este gravamen".
"En la ley, que es una ley amplísima, se dedica solo un artículo, que podría haberse configurado de formas distintas. Tanto es así que ese artículo recibió enmiendas del PP, donde proponía que en lugar de 3 años se dieran 5 a los ayuntamientos para aplicarla, y además, que esa figura no tenga que ser necesariamente una tasa, lo cual tiene consecuencias. También proponíamos eliminar la exigencia de que la tasa de basuras fuera específica, diferenciada y no deficitaria", aseguró al respecto.
El hecho de que no sea deficitaria, apuntó la edil, significa que se ha de repercutir "todo" y "por entero" a los ciudadanos. Por ello, explicó que el coste lo habría asumido el gobierno con los presupuestos si no existiera la mencionada ley. La normativa sí permite "algún tipo de deducción siempre que esté amparada legalmente pero de manera muy restringida", por lo que el consistorio ha optado por la moderación en este sentido dado que este es el primer año de aplicación y "no sabemos como van a pronunciarse los tribunales" ante esta "ley malísima" y ambigua.
Compromís y PSPV aseguraron que el pago de esa prestación contó con el apoyo del PP y han exigido que sea "progresiva" para "ayudar a las familias valencianas que hacen correctamente las cosas". Así, el concejal de Compromís Sergi Campillo recalcó que Catalá "no tiene ninguna credibilidad" porque ha "tergiversado la realidad" al afirmar que la nueva tasa de basuras es "un 'basurazo de Sánchez' y de toda la izquierda" y que está "obligada" a aplicarla porque le ha recordado que su grupo "no votó en contra de la Ley de Residuos en el Congreso".
"Apoyaron la directiva europea de la que emana esta norma y además sube la tasa de manera lineal a todo el mundo, al pobre y al rico". "Es hipocresía al máximo y Catalá debe pedir perdón por no haber votado en contra y no exigirnos a los demás responsabilidades", conminó, y recordó que Copmromís propuso una nueva tasa Tamer más progresiva y no lineal al 23%: "Esa es la política del Partido Popular, mientras nosotros la bajamos en los tramos inferiores para favorecer a la gente que producía menos residuos y consumía menos agua", comparó.
Por su lado, el portavoz socialista, Borja Sanjuan, señaló a la primera edil que la norma por el transporte y recogida de basuras proviene de una directiva europea que "votó a favor del PP". "Puede llamar a su eurodiputado Esteban González Pons y preguntarle por la pertinencia o no de esta directiva europea que es la que crea esta tasa", recalcó, para criticar "el secretismo y ocultismo" con que han aprobado la tasa, y dijo que "demuestra que muy orgullosos de ella no estarán".
Además, recalcó que "había muchas alternativas", que se aplicara de manera progresiva o introducir bonificaciones. "Pero prefieren tratar igual a aquellos que tienen mucho y a aquellos que no tienen nada, ellos están a favor de un sistema tributario regresivo, y nosotros progresivo y con bonificaciones. Es su modelo de ciudad, de plantearte la vida y de entender la sociedad", lamentó.
La edil de Hacienda ha manifestado que "para aliviar a los vecinos y comercios por el 'basurazo'", en el consistorio valenciano "mantendremos también para 2025 la histórica rebaja fiscal aprobada para 2024, la mayor bajada de impuestos y tasas de la historia de este ayuntamiento y de las grandes ciudades españolas".
En este sentido, ha asegurado que para el próximo año se consolidan medidas como "la reducción del 20% en el tipo de gravamen general del IBI de naturaleza urbana; la ampliación de la bonificación del 60% o 90% aplicable en el IBI a 4.000 familias numerosas que han ahorrado más de un millón de euros; o la bonificación del 95% en la plusvalía por causa de muerte entre familiares directos".
Por otro lado, las Ordenanzas Fiscales para 2025 prevén que el tipo de gravamen del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) se armonice con los de la mayor parte de las grandes ciudades, quedando en el 4%. También incluyen bonificación del 95% a las comunidades de vecinos que acometan sustitución de fachadas ventiladas realizadas con aluminio y composite o procedan a la adaptación al Código Técnico de la Edificación.