Alfonso Puncel, subsecretario de Transparencia, y Manuel Alcaraz, conseller. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. El conseller de Transparencia de la Generalitat valenciana, Manuel Alcaraz, principal encargado de velar por la limpieza de la administración autonómica, tendrá que hacer frente a una denuncia por presunto fraccionamiento de contratos. Entre las denuncias presentadas contra miembros del Consell ante la Fiscalía Provincial por la diputada del PP Eva Ortiz, destaca la referente a Alcaraz como responsable de una conselleria donde hubo fraccionamiento de contratos, según los documentos aportados. Entre ellos, advertencias dentro de la propia Conselleria de que se estaban fraccionando contratos, una práctica que no es siempre ilegal, pero que puede serlo, sobre todo, si se continúa con el procedimiento a pesar de las advertencias de que determinadas facturas aparentan un fraccionamiento, tal como ha comprobado Valencia Plaza en la documentación aportada. Alcaraz ha sido denunciado junto a otros altos cargos de su conselleria y de otras consellerias.
El fraccionamiento denunciado en las consellerias viene determinado, entre otras cosas, por varias facturas que corresponden a una misma empresa utilizando los mismos conceptos y superando el precio establecido por la administración pública en las adjudicaciones directas. Este tipo de fraccionamiento que se usa evitar sacar a concurso público las adjudicaciones está prohibido, ya que con su utilización se le pueden dar los contratos a empresas que uno quiera y no de forma objetiva.
En la denuncia existen varias empresas que trabajaron tanto en las actuaciones de Objetivos de desarrollo sostenible de la conselleria de Alcaraz, como en la Primavera educativa de la conselleria de Educación, dirigida por Vicent Marzà, que adjudicaron diversos contratos a una sola empresa. Todo ello pese a las advertencias de la propia conselleria capitaneada por Alcaraz.
El PPCV, de la mano de la diputada Eva Ortiz, ha puesto en jaque judicial a parte del tripartito. De hecho, el Ministerio Público ha solicitado diversa documentación al respecto de las denuncias de la diputada. Unas denuncias presentadas en la Fiscalía Provincial que comienzan a tomar forma, y que Ortiz, siguiendo lo aprendido de los ahora gobernantes, ha proseguido con la investigación una vez presentadas, para ampliarlas, en un suma y sigue que no cesará en los próximos meses.
Además de las advertencias de fraccionamiento, el PPCV ha detectado que Vicent Marzà abonó diversas facturas de la Primavera educativa a través de las cajas fijas de otras consellerias, entre ellas Presidencia y Sanidad Universal. Las dos facturas a las que ha tenido acceso Valencia Plaza tienen unos precios irrisorios comparados con el resto de facturas denunciadas por los populares, pero llama la atención que un puzzle infantil o la animación de un acto de Marzà sea abonado por las cajas fijas de Ximo Puig y de Carmen Montón.
En las facturas se puede ver una por un importe de 726 euros pagada por Presidencia de la Generalitat cuyo concepto es: "Servicio de animación para las jornadas Primavera Valenciana". La segunda factura muestra que se pagaron 144 euros en puzzles para el acto de Marzà desde la conselleria de Sanidad Universal. Ambas facturas tienen el cuño y la firma de las personas encargadas de otorgar el ok a los pagos.
Según fuentes del PPCV, este partido no descarta seguir ampliando la denuncia presentada ya que siguen encontrando facturas que no les cuadran con la legislación vigente o, cuanto menos, esperan una explicación razonable del por qué por parte del tripartito.
En su denuncia, presentada a finales de diciembre, Ortiz comunicó a Fiscalía hechos que consideraba que podían ser constitutivos de prevaricación y pedía al ministerio público la declaración de los funcionarios que hubieran tenido participación directa en estos contratos y de cinco altos cargos a quienes atribuye la responsabilidad directa: el director general de Cooperación, Federico Buyolo; el de Política Lingüística, Rubén Trenzano,; el subsecretario de la Conselleria de Transparencia, Alfonso Puncel, y los consellers Manuel Alcaraz y Vicent Marzà.
Según el PPCV, en ambos departamentos se realizaron conductas de fraccionamiento sistemático del objeto de los contratos administrativos "a los efectos de evitar la aplicación de procedimientos abiertos a la libre concurrencia, así como la auditoría de los órganos de la Intervención, otorgando contratos arbitrariamente, prescindiendo manifiesta y abusivamente de las exigencias legales, llegando a ordenar los pagos contra el expreso criterio de la Intervención".
En el caso de la actividad Objetivos de desarrollo sostenible de la Conselleria de Transparencia, señala que, según su conocimiento, se realizaron "al menos" cuatro contratos por importe global de 58.212 euros que, pese a estar destinados a un objeto único, "fueron fraccionados evitando así procedimientos más exigentes y un mayor grado de fiscalización".
En relación con la Primavera educativa, según el PPCV, se observan "numerosos y flagrantes incumplimientos del procedimiento y de los requisitos legales en la contratación" de las actividades, "efectuados con la única finalidad de adjudicar arbitrariamente determinados contratos y efectuar pagos de la misma forma arbitraria, cinematográficas, equipos, sonido, pantallas y ordenador". Y apunta se han podido pagar duplicadamente servicios.
La Conselleria de Educación niega todos los extremos de la denuncia y alega que no hay fraccionamiento de contratos, que se confunde la Primavera educativa con otras actuaciones de su departamento. Además, argumenta que la suma de los contratos que se consideran fraccionados no superan "en ningún caso" las cuantías de un contrato menor, por lo que no se vulneran ni eluden las normas de contratación de publicidad y concurrencia.
Cuando se superan los 6.000 euros, constan las tres ofertas solicitadas y han sido fiscalizados por la Intervención, añade el departamento de Marzà. Asimismo, agrega que la denuncia incurre "errores materiales" o "falsas acusaciones" en datos y cuantías.
En cuanto a la denuncia a Transparencia, este departamento señala que la implementación de los Objetivos de desarrollo sostenible no es una actividad sino un elemento que debe estar presente transversalemnte en las políticas de la Generalitat y que son 17 objetivos. Para la conselleria, el escrito de denuncia es "inconsistente" desde el punto de vista jurídico y considera que pretende generar "alarma y caos donde todo está rigurosamente planificado y ejecutado de forma impecable".
Así, argumenta que la denuncia presenta una "absoluta falta" de trabajo "riguroso" al no sumar correctamente cantidades económicas, sumar o detraer el IVA "a conveniencia" o "confundir" nombres de meses o años de facturación. Este departamento recalca que no hay fraccionamiento ni otro tipo de delito por lo que augura que la denuncia no tendrá recorrido.
