Tras recurrir la ley de emergencia social valenciana, el Gobierno lleva al Constitucional la extremeña 

MADRID (EP). El Gobierno ha decidido recurrir ante el Tribunal Constitucional la Ley de Emergencia Social de la Vivienda de Extremadura por considerar que invade competencias estatales en varios de sus artículos.

La decisión ha sido adoptada este viernes por el Consejo de Ministros, según ha anunciado en la rueda de prensa posterior el portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, que ha explicado que son varias las "tachas de inconstitucionalidad" de la ley a juicio del Ejecutivo.

Según el Gobierno, las Comunidades Autónomas no pueden ejercer su competencia exclusiva en materia de vivienda desconociendo que, por el principio de igualdad, corresponde al Estado "la determinación de los mecanismos e instrumentos de realización de la función social de la propiedad que delimitan su contenido".

Sin embargo, la ley autonómica impone el deber de destinar la vivienda a un uso habitacional y el deber de mantenimiento del inmueble, estableciendo unos deberes básicos para el ejercicio del derecho de propiedad, competencia que corresponde al Estado según reconoce el artículo 149 de la Constitución Española, al otorgarle la competencia sobre la función social de la propiedad.

La Ley prevé, además, la obligatoriedad de un procedimiento de mediación que excede los límites inherentes a la configuración institucional propia de estos procedimientos que vulnera las competencias estatales, añade el Gobierno.

Expropiación forzosa

Incurre también en vulneración del mismo artículo 149 al regular la posibilidad de intervención mediante la expropiación forzosa del usufructo de determinadas viviendas de personas en especiales circunstancias de emergencia social incursas en procedimientos de desahucio por ejecución hipotecaria, previendo además su aplicación retroactiva.

Por último, la creación del "canon de vivienda deshabitada" recaería solo sobre las personas jurídicas y herencias yacentes, vulnerando la competencia del Estado para garantizar la igualdad en ejercicio de derechos y deberes constitucionales, así como el contenido esencial del derecho constitucional a la propiedad privada.