Permuta o expropiación: las opciones de Urbanismo para frenar la residencia de La Saïdia

VALÈNCIA. El Ayuntamiento de Valencia sigue dando pasos para frenar el proyecto de macrohotel y residencia en el barrio de la Saïdia. La semana pasada, el pleno municipal aprobó por unanimidad el acuerdo elevado desde la concejalía de Urbanismo para paralizar la concesión de licencias en el entorno de la calle Guatla, en el distrito de La Saïdia, el enclave donde se había planificado la construcción del mencionado complejo. Un paso previo para la modificación del planeamiento con la que el departamento que dirige Juan Giner prevé convertir estas parcelas en dotacionales, y ubicar allí una nueva zona verde.

La modificación del Plan General imposibilitará a todas todas que se desarrolle el proyecto hotelero: al calificar estas parcelas como dotacionales, el Ayuntamiento deberá adquirirlas mediante la expropiación. Sin embargo, la concejalía de Urbanismo mantiene abierta otra posibilidad, la de una permuta de suelo que permita matar dos pájaros de un tiro: obtener estas parcelas sin necesidad de desembolsar grandes cantidades de dinero al promotor y atender el rechazo vecinal moviendo el proyecto a otro enclave de la ciudad.

Según explicaron en la asociación de vecinos de San Antonio-La Saïdia, desde el consistorio se les ha trasladado que está "ofreciendo suelo en otros sitios" a los promotores, pero todavía no se ha alcanzado ningún pacto al respecto. En ese sentido, explican, el edil de Urbanismo se reúne periódicamente con representantes vecinales para, entre otras cosas, dar cuenta del avance de estas conversaciones. 

Si no se alcanza un acuerdo, el Ayuntamiento de València tendrá que hacer frente al coste de la expropiación, además de otras compensaciones de menor envergadura por algunos gastos en que hubiera incurrido el impulsor del macrohotel, que tiene en trámite la licencia en los despachos municipales desde 2020. Cabe recordar que la iniciativa hotelera, adelantada por Valencia Plaza en su momento, preveía la construcción de más de medio millar de habitaciones y servicios de restauración, bar-cafetería y terrazas, oficinas y salas de reuniones y de trabajo.

Desde la asociación vecinal, donde se han mostrado satisfechos con la postura del gobierno local, las últimas semanas daban "por buenas las negociaciones" emprendidas desde el departamento de Giner y resaltaban la "paciencia" con la que los vecinos estaban dejando trabajar al consistorio para que tanto la actuación administrativa como las conversaciones pudieran llegar a buen puerto. En ese sentido, antes de la suspensión de licencias advertían de que la paciencia vecinal no iba a ser 'sine die', pero el acuerdo del pleno de la pasada semana es sin duda un paso determinante para frenar el proyecto, y sustituirlo por nuevas dotaciones públicas. Está por ver en qué queda la compensación.

La alcaldesa, María José Catalá, ya se comprometió durante la campaña electoral a hacer este cambio. En ese sentido, el Ayuntamiento de València ha dado tranquilidad en varias reuniones a los vecinos, sobre todo después de que el pasado mes de octubre el pleno municipal aprobara una moción apoyada por el gobierno para iniciar "sin demora los trámites correspondientes para proceder a modificar la calificación urbanística de la parcela, posibilitando la implantación en la misma de aquellas dotaciones públicas necesitadas en el barrio". 

En ella, también se buscaba proteger los edificios de las calles Padre Urbano y Sagunto. Durante el debate, Giner explicó que el Ayuntamiento busca una solución pero que "el derecho a la propiedad privada hay que respetarlo, los costes económicos hay que respetarlos y las alternativas no se encuentran de un día para otro". Este compromiso municipal, de alguna manera, ata la acción del gobierno municipal, que en febrero facultó a la concejalía de Urbanismo para que priorizara "la búsqueda de una solución definitiva e inmediata que resuelva la problemática urbanística existente desde el año 2020 en el mencionado ámbito de la calle de la Guatla".