Tres charcos del Plan Simplifica que complican el acuerdo entre PP y Vox

VALÈNCIA. Hace apenas dos semanas, los grupos parlamentarios presentaron un arsenal de enmiendas al proyecto de la ley de simplificación administrativa. Una norma que el Consell aprobó en su día como decreto-ley con la intención de sortear el trámite parlamentario, pero que sin embargo no logró ser convalidado como tal en Les Corts al no alcanzar los apoyos necesarios para ello, pues Vox, ahora ya fuera del gobierno valenciano, rechazó validarla como tal. 

La ley plantea un cúmulo de cambios legislativos de todo tipo. De hecho, recuerda más bien a una ley de Acompañamiento a los Presupuestos, donde se aprovecha para cambiar numerosas normas. O, más ajustadamente, a los llamados 'decretos ómnibus', que permiten los cambios de varias leyes de manera simultánea en diversas materias. Esta en concreto, considerada una de las propuestas estrella del Gobierno autonómico y una de las principales promesas electorales del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, reduce la burocracia en todos los departamentos autonómicos al eliminar o modificar 29 leyes, 37 decretos, 8 órdenes y más de 500 artículos vigentes. 

Debido a su importancia, los grupos de la oposición han registrado ni más ni menos que 316 enmiendas. Incluso, el propio Partido Popular ha presentado modificaciones a su propio texto. Contando con las enmiendas populares, la ley se enfrenta a 355 propuestas de cambios. 

Especialmente significativas son las que plantea el PP, puesto que tienen papeletas de salir adelante si las negocia con quien fuera en su día su socio en el Consell. Sin embargo, la mayoría de cuestiones obedecen a aspectos técnicos que mejoran el redactado vigente y no suponen grandes cambios. Por lo que, inmediatamente después, en el ranking de las más relevantes por las probabilidades que tienen de validarse y entrar en vigor se encuentran las de Vox. Todas, excepto tres. 

Los voxistas han planteado una terna de enmiendas que no terminan de agradar en el PP y en principio no estarían dispuestos a apoyar, al menos, con el redactado original. Los tres cambios afectan a las subvenciones a los sindicatos, el sueldo de los empleados de antifraude y el desarrollo urbanístico que puede acometerse a menos de 500 metros de la costa. Las negociaciones están en marcha para buscar un acuerdo y el resultado de las mismas podrían ser una buena antesala de cómo se abordarán, además, los pactos de cara a los presupuestos de 2025. 

-Subvenciones a los sindicatos: el grupo parlamentario que dirige José María Llanos ha planteado una enmienda a la ley de Participación y Colaboración Institucional de las Organizaciones Sindicales y Empresariales Representativas de la Comunitat Valenciana que propone suprimir tres artículos; del 6 al 8. Estos contemplan la consignación presupuestaria en las cuentas de la Generalitat de cada año de partidas destinadas a los sindicatos más representativos para fomentar la participación institucional. También regulan la distribución. Los voxistas, así, quieren suprimir estas ayudas directas. 

El planteamiento, sin embargo, no encaja con los populares. Ya en 2018 su entonces síndica Isabel Bonig planteó la supresión de las subvenciones directas a patronal y sindicatos. Algo que generó dentro de su propio partido serias discrepancias al considerar que la estrategia adoptada por su lideresa no era acertada. Asimismo también se resintieron las relaciones con la CEV, con quien el PP siempre había tenido buen entendimiento. 

-Terciarios hoteleros a partir de los 500 metros: Vox no quiere que se puedan construir hoteles a menos de medio kilómetro de la costa valenciana. El grupo parlamentario presentó hace dos semanas una enmienda en la que pide modificar la propuesta del Consell de Mazón (que planteaba que la distancia mínima fuera de 100 metros) y alargar el trecho hasta 500 metros. 

A pesar de que el planteamiento de los voxistas respeta más el litoral, ni PSPV ni Compromís están dispuestos a apoyarla llegado el debate. Ambas formaciones entienden que el planteamiento queda lejos de los niveles de protección del Pla d'Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral (Pativel) que aprobó el Botànic. El PP, por su parte, refleja un escenario más laxo, por lo que los ahora exsocios deberán negociar para fijar negro sobre blanco una distancia que a ambos agrade. 

-Sueldo de funcionarios de Antifraude: La nueva ley de la Agencia Valenciana Antifraude plantea una homologación de los salarios de los funcionarios del organismo con los de Les Corts, que son sensiblemente más elevados. En Vox, sin embargo, son partidarios de que las retribuciones de mantengan como están, que perciban el sueldo de los empleados públicos de la Generalitat. La mayoría de la plantilla de Antifraude, huelga recordar, proviene de la propia administración autonómica. Por lo que el planteamiento que hacen, a la postre, es dejarlo todo como está y no elevar esos salarios para no incurrir en un mayor gasto público.