Tres funcionaros de la Generalitat justifican el rechazo de facturas de Nóos

VALENCIA, (EFE). Tres altos funcionarios de la Generalitat que conocieron las facturas presentadas por el Instituto Nóos por promover la candidatura de Juegos Europeos han coincidido hoy en que los casi 2 millones de euros de gastos que se rechazaron no podían abonarse porque no estaban justificados.

Ante el tribunal de la Audiencia de Palma que juzga el caso Nóos han comparecido como testigos quienes a finales de 2005 y en 2006 eran secretaria general administrativa de Presidencia, Ana Brusola; la interventora del mismo departamento, Irene Chova; y el abogado general de la Generalitat, José Marí.

Los tres han coincidido en que se rechazaron 123 facturas presentadas por la asociación de Iñaki Urdangarin y Diego Torres porque no se acompañaban de la preceptiva documentación que justificase el gasto, declaraciones que refuerzan el testimonio prestado ayer por la exsubsecretaria de presidencia Isabel Villalonga, que fue quien formalmente rechazó las facturas.

Brusola ha relatado que Villalonga le pidió ayuda después de que en la primavera de 2006, inmediatamente después de firmarse la adenda por la que se establecía un presupuesto anual de 3 millones de euros para el desarrollo del proyecto de Juegos Europeos, Nóos presentó numerosas facturas.

El montante total de los gastos que la asociación de Urdangarin y Torres quería cargar a la Generalitat se aproximaba a los 2,4 millones de euros, de los que se pagaron casi 400.000 euros porque sí se justificaron debidamente, "una cantidad ínfima" respecto a la global, ha apuntado Brusola.

"No venían con ningún informe documental", ha recalcado la testigo, que ha asegurado que las deficiencias se comunicaron al contable de Nóos Marco Tejeiro y que eran subsanables, aunque la asociación nunca aportó las justificaciones que le hubieran permitido cobrar las facturas.

José Marí, exdirector del gabinete jurídico de la Generalitat, ha explicado que participó en una reunión donde se informó a los representantes de Nóos de qué gastos podían cargar a la subvención concedida y cómo tenían que justificarlos.

El superior político del antiguo jefe de la abogacía autonómica, el vicepresidente Víctor Campos (que también ha declarado hoy como testigo), le pidió que se interesara por el problema de las facturas de Nóos, él confirmó que el rechazo era correcto, se lo transmitió a Campos y éste le dijo que lo comunicaran a Nóos "con un poco de tacto", ha declarado el testigo.

Irene Chova, que cuando sucedieron los hechos era interventora de Presidencia de la Generalitat, ha manifestado que el convenio de subvención por el que se encargó a Nóos la organización de los Juegos Europeos se ajustaba a la legalidad.

Ha hecho hincapié en la falta de justificación que impedía pagar buena parte de las facturas.

En la trigésima segunda sesión del juicio de Nóos se prevé hoy la declaración de nueve testigos, entre ellos el exconseller y actual eurodiputado del PP Esteban González Pons.