Marcial López, durante su declaración en el juicio de Cooperación. FOTO: EFEVALÈNCIA. (EP). La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha decidido mantener en segundo grado penitenciario a Marcial López, el que fuera presidente de la Fundación Cyes y condenado a tres años y nueve meses de cárcel en la primera pieza del caso Cooperación, en una resolución en la que recuerda que los hechos que le han llevado a la cárcel son "especialmente reprobables" y causaron "gran alarma social".
Así lo señala en una resolución facilitada por el TSJCV en la que desestima el recurso de López contra la resolución de la Subdirección General de Tratamiento y Gestión Penitenciaria de fecha 17 de marzo de 2017, por el que acordaba su mantenimiento en segundo grado, clasificación en la que se encuentran los penados en quienes concurran unas circunstancias personales y penitenciarias de normal convivencia, pero sin capacidad para vivir por el momento en semilibertad.
La sala señala que no es cuestionable que el interno goza de plena integración social y familiar y de un nivel de formación elevado, una situación que ya existía antes de cometer el delito y que fue la que además le facilitó hacerlo, por lo que la resolución no se debe de centrar en la reeducación y reinserción social del penado.
En este sentido, precisa que la reeducación se debe plantear en la observación de que hasta qué punto ha asumido el delito y ha reconocido haber obrado mal "ya que puede que sea difícil que en un futuro pueda verse involucrado en una trama corrupta como la que determinó su encarcelamiento, pero nada garantiza que al verse en una situación de confianza semejante puede incurrir en conductas similares", cuando además en su informe penitenciario se le asigna un pronóstico "de reincidencia alto".
Además, también se refiere a la "naturaleza compleja" del delito por el que cumple condena y la naturaleza de los bienes a los que afectó, los fondos dedicados a labores sociales "que hace los hechos especialmente reprobables". Además, añade que la trama en la que se vio involucrado "produjo una gran alarma social, por la propia naturaleza de los bienes sobre los que recayó y el grado de corrupción de la administración que puso de manifiesto", aunque el penado no esté incurso en el resto de piezas en investigación.
Y subraya, por último, que los hechos supusieron un "grave quebranto a la administración", del que solo se ha recuperado una pequeña parte y sin que se haya destacado una voluntad de los condenados para reparar el daño causado.
En la primera pieza del 'caso Cooperación' se investigaron irregularidades en la concesión de subvenciones por parte de la extinta Conselleria de Solidaridad a la Fundación Cyes en el año 2008, que recibió 1,6 millones de euros para dos proyectos en Nicaragua, de los que solo llegaron a su destino 43.000 euros, puesto que el resto se destinó a la compra de inmuebles en Valencia y al pago de unos 400.000 euros a una mercantil del cabecilla de la trama, Augusto César Tauroni.
