VALÈNCIA. Marzo de 2018. Al Juzgado de Instrucción número 18 de València llega un sobre a nombre del magistrado. En su interior, una carta anónima denunciando la destrucción de pruebas que vinculan a TVCB con la empresa Laterne Product Council (LPC), presunta intermediaria de la financiación irregular del PPCV de Rita Barberá.
Un anónimo, firmado por un trabajador de TVCB que no se identifica, que ha llevado a los investigadores a encontrar pruebas sobre la destrucción de las facturas de Laterne gracias a que la empresa informática que realizó el borrado masivo de datos guardó una copia de seguridad de dichos datos.
La carta, a la que ha tenido acceso Valencia Plaza, explica que antes del cambio de gobierno se procedió a la destrucción de documentación de todo tipo, "pero especialmente documentos contables y legales". Prosigue narrando como todo el mundo en la fundación fue testigo de lo que allí sucedía y dice que "la destrucción de la documentación ocupó especialmente a Dolores Edo -subdirectora- y sobre todo a Mercedes Guerra (jefa de Calidad y persona de confianza de Edo)".
El 'buen samaritano' prosigue exponiendo como todos los datos informáticos anteriores a una fecha determinada fueron borrados del sistema y explica qué empresa es la encargada del programa SIGIT de gestión informática de Turismo Valencia, lugar en el que "se dan de alta todas las actividades que tienen un coste económico para TVCB".
A partir de esta carta, el magistrado ordenó un secreto parcial de las actuaciones y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) comenzó a investigar. La sorpresa para los agentes fue cuando tomando declaración a dos empleados de Sopra Steria España ambos aseguraron que Mercedes Guerra, la mujer mencionada en el anónimo, les ordenó en 2015, antes del cambio de gobierno en el Ayuntamiento, que destruyeran todos los archivos del programa SIGIT anteriores al 1 de enero del 2009. Ambos aseguran que la orden de Guerra fue verbal. En ese momento el director de TVCB era José Salinas.
Pero si eso les sorprendió, se quedaron de piedra cuando les explicaron que tenían una copia de todo lo destruido. El motivo por el que habían guardado los datos originales era porque en otras operaciones similares más de una vez les habían requerido restaurar algún dato borrado y, por ello, cuando borraban un elevado volumen de datos siempre hacían copia.
Si bien es cierto que los agentes de la UCO finalmente encontraron menos de los esperado, pues no había correos electrónicos ni órdenes internas relacionadas con LPC, sí que hallaron diferentes facturas a nombre de Laterne Product Council. Unas facturas que no coinciden con los apuntes contables de LPC con Turismo Valencia.
De hecho, es muy llamativo que no existe ningún encargo o factura por un "plan estratégico" para la ciudad. Plan estratégico que costó 600.000 euros de las arcas públicas, en el que ningún trabajador de TVCB recuerda haber trabajado y que otras empresas que supuestamente trabajaron en su confección niegan haber realizado. Un plan que a ojos de los investigadores en realidad era una cortina de humo para tapar que ese dinero tenía otra finalidad, la de supuestamente financiar en B la campaña de 2007 de Rita Barberá al Ayuntamiento de València.
Es más, con respecto a las facturas encontradas, los agentes explican en su informe que "estos datos de salidas de almacén producidas y grabados en febrero de 2008, no guardan, a priori, coherencia temporal con los datos relativos a la relación económica entre la fundación TVCB y la empresa Laterne de los que se tenía constancia".
Tras el último informe sobre estos hechos aportado por la UCO. El juez ha citado a declarar como testigos, por el momento, tanto a Mercedes Guerra como a otra trabajadora de Turismo Valencia que aparece como responsable de la relación de TVCB con LPC para las facturas encontradas.