Foto: PhotoMIX CompanyVALÈNCIA (EP). La Comisión Europea ha abierto este jueves a consulta pública si las grandes plataformas de creación de contenido, como Google, Netflix o Amazon, entre otras, deben pagar un peaje a los operadores nacionales de telecomunicaciones para garantizar que todos los agentes contribuyan de manera "justa y equitativa" a las inversiones de la infraestructura.
De este modo, Bruselas responde a la reclamación de algunas de las principales operadoras europeas, entre ellas Telefónica, que pedían que las multinacionales tecnológicas asumiesen parte de los costes de la infraestructura, ya que también disfrutan de sus beneficios.
"Lo que estamos discutiendo hoy es mucho más importante que la pelea entre operadores y plataformas", ha aseverado el comisario europeo de Mercado Interior y Servicios, Thierry Breton, en rueda de prensa antes de aclarar que lo que busca es "garantizar un paisaje equitativo" que repercuta en beneficios para el usuario final.
Según ha añadido el comisario, en una época de "grandes trastornos tecnológicos", la Unión Europea (UE) está haciendo "todo lo posible por construir un Mercado Único para la década digital", atendiendo también a las posibles ventajas de un mercado de frecuencias integrado.
"Esperamos que esta consulta sea lo más amplia posible e invitamos a todos los interesados a que respondan, ya que esta consulta es muy valiosa para nosotros y queremos implicar a todos aquellos que tienen un papel que desempeñar", ha aseverado Breton.
El objetivo es recabar opiniones sobre el cambiante tecnológico y de mercado y cómo puede afectar al sector de las comunicaciones electrónicas, en particular, para determinar los tipos de infraestructura necesarios para que Europa se mantenga a la vanguardia de desarrollos tecnológicos transformadores y liderar la transición digital en los próximos años.
La consulta también recabará la opinión de las partes interesadas sobre cómo garantizar que las inversiones necesarias para desplegar tales infraestructuras se movilicen oportunamente en toda la UE.
Este sondeo forma parte de un diálogo abierto con todas las partes interesadas sobre la posible necesidad de que todos los agentes que se beneficien de la transformación digital contribuyan equitativamente a las inversiones en infraestructuras de conectividad, lo que requerirá un análisis exhaustivo de hechos y cifras, antes de decidir sobre la necesidad de adoptar nuevas medidas.
En este sentido, Breton se ha referido a la Declaración de derechos y principios digitales, que establece que "todos los agentes del mercado que se beneficien de la transformación digital deben asumir sus responsabilidades sociales y hacer una contribución justa y proporcionada a los bienes, servicios e infraestructuras públicos, en beneficio de todos los europeos".
Por último, la consulta aborda la cuestión de cómo garantizar la asequibilidad de la conectividad para los consumidores y cómo avanzar hacia un mercado único más integrado para el sector de la conectividad.
Bruselas ha invitado a todas las organizaciones, empresas y ciudadanos interesados a completar la encuesta en un plazo de 12 semana, con el 19 de mayo como fecha límite para presentar contribuciones.
Una vez finalizada la encuesta, la Comisión informará sobre los resultados y, en función de ellos, estudiará las medidas más adecuadas para el futuro del sector de las comunicaciones electrónicas para regresar con la presentación de sus conclusiones en verano.
El paquete de políticas de conectividad presentado este jueves por Bruselas incluye también un impulso a la infraestructura de la fibra óptica, que pretende reducir los costes de un despliegue más rápido de estas redes en conexiones de hasta 1 Gigabit por segundo (Gbps), una velocidad que equivale, por ejemplo, a 25 segundos de descarga de una película de 2 horas de duración en alta definición.
Esta nueva normativa exigirá que todos los edificios, tanto de nueva construcción como en proceso de reforma o renovación, salvo en casos justificados, estén equipados con infraestructura de fibra óptica.
Asimismo, pretende facilitar a los operadores la reutilización de infraestructuras públicas como conductos o mástiles, y espacios como tejados, para instalar infraestructuras de red.
Ahora corresponde al Parlamento Europeo y al Consejo examinar esta propuesta de reglamento y, una vez sea adoptada, las nuevas normas serán directamente aplicables en todos los Estados miembro.
Por otro lado, la Comisión ha presentado un proyecto de recomendación para que los reguladores nacionales utilicen las herramientas a su disposición para proteger la competencia al tiempo que se incentiva un despliegue más rápido de las redes y se recompensan las inversiones.
Este proyecto se ha remitido a consulta al Organismo de Reguladores Europeos por un periodo de dos meses y, tras tener en cuenta el dictamen, la Comisión adoptará su recomendación final, que sustituirá a las actualmente vigentes.
