Un acuerdo entre acusaciones ajeno al caso marca el juicio de Banco de Valencia

VALÈNCIA (EFE). La vista contra el ex consejero delegado de Banco de Valencia Domingo Parra por la concesión de 312 millones al grupo del empresario Bautista Soler para la compra de acciones de Metrovacesa en 2007, ha estado marcado este miércoles por el acuerdo, ajeno a esta causa, entre dos acusaciones.

Las defensas han solicitado, sin éxito, la suspensión del juicio tras conocer que Gecina, inmobiliaria presidida en su día por el que fuera socio de Soler, Joaquín Rivero, y en la que el valenciano tenía presencia, había abonado 30 millones de euros a CaixaBank -heredera universal de la entidad levantina- para saldar unas "discusiones entre ambas en Francia" que, en principio, no afectarían al presente procedimiento.

Para la Fiscalía, el "grupo Soler" instrumentó a través de tres sociedades la compra de las acciones de Metrovacesa, que pasaron a convertirse en títulos de Gecina tras el acuerdo de separación suscrito en 2007 por la familia Sanahuja, en la que recayó el negocio inmobiliario en España, y el tándem Rivero-Soler, que se puso al frente en el país galo.

Entre esas compañías estaría Arlette Dome, creada a instancias de los también acusados María Victoria Soler y su marido, Vicente Fons, como así lo reconoció en la víspera su administrador único, Rafael Ruíz-Jarabo, que explicó que accedió a su cargo "por pura amistad, a cambio de nada".

Según el Ministerio Público, la Abogacía del Estado y la propia CaixaBank, el ya fallecido Rivero habría firmado varios pagarés "falsos" en los que Gecina se comprometía a responder como garantía de los préstamos "cascada" recibidos por Arlette.

Sin embargo, la inmobiliaria francesa, personada en la causa como acusación particular, "no reconoce la existencia de ninguna relación comercial" entre ambas sociedades.

Aunque el abogado de Gecina ha rechazado hoy que el acuerdo suscrito con CaixaBank esté relacionado con "los hechos de juicio", los letrados de los cinco acusados han insistido en que ese pago les "causa una indefensión totalmente irreparable" ya que temen que pueda tener trascendencia en la futura sentencia.

Una afirmación que ha querido aclarar la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, que ha puntualizado que, al máximo, podría tener efectos civiles en el fallo puesto que "lo que se cuestiona no es tanto cómo termina o no el pago de los créditos, sino el origen de los mismos".

Por su parte, el fiscal Alejandro Cabaleiro ha criticado que trascienda el documento en estos momentos cuando las partes lo aprobaron hace meses, el pasado julio, y ha indicado que el texto incluso contradice alguna de las acusaciones planteadas por CaixaBank.

Algo que ha rechazado el representante del banco, Carlos Gómez Jara, que ha resaltado que se trata de un pacto que no tiene nada que ver con una causa en la que la entidad ha cedido el derecho de indemnización al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que saneó Banco de Valencia con 4.500 millones de euros públicos.

El debate, que se ha prolongado durante varias horas, ha hecho que se posponga a este viernes la testifical del representante legal de Gecina, jornada en la que la sección cuarta de la sala de lo Penal tiene previsto dejar el proceso visto para sentencia.

La Fiscalía Anticorrupción solicita cuatro años de cárcel por administración desleal continuada para Parra, que ayer admitió los hechos y que previsiblemente se enfrentará a un castigo menor, los Soler y Fons, mientras que rebaja a tres años de prisión su petición para Ruiz-Jarabo, penas que el FROB y CaixaBank elevan hasta los seis años de cárcel también por posible estafa.