Hoy es 5 de septiembre
VALÈNCIA. Poco se ha avanzado desde que hace un año el Ayuntamiento de València iniciara los trámites para cambiar el topónimo de la ciudad. La modificación pretende establecer que el nombre oficial del municipio pase a ser primero en castellano (Valencia) y después en valenciano pero con acento cerrado siguiendo las denominadas 'Normes del Puig' (Valéncia). Y aunque el anuncio trajo consigo una nutrida polémica, lo cierto es que doce meses después el asunto sigue en los despachos municipales.
El expediente municipal, impulsado tras las últimas elecciones municipales por el gobierno local que dirige María José Catalá, entonces sólo formado por el PP, sigue en marcha pero fuentes municipales evitan dar fechas sobre cuándo se remitirá a la Generalitat Valenciana, paso imprescindible antes de la aprobación definitiva. De hecho, el pasado mes de junio, la concejalía de Acción Cultural, encargada del expediente, admitía que no había avanzado en su tramitación.
A preguntas del edil de Compromís Pere Fuset, el departamento que dirige José Luis Moreno respondió que no había llevado a cabo ninguna actuación más desde que se aprobó el inicio de los trámites en la comisión municipal y el pleno del mes de septiembre de 2023 con los votos de PP y Vox. Así, la concejalía explicó que en el expediente constaban la moción impulsora del concejal al acceder al gobierno local (junio de 2023), el dictamen de la comisión municipal, el informe jurídico del secretario y el acuerdo del pleno de septiembre, pero ninguno más.
En ese sentido, el departamento de Cultura exponía que "de la instrucción del procedimiento por parte de este Ayuntamiento" quedaba "pendiente" llevar a cabo hasta siete pasos. Así, a fecha de junio, faltaba el informe técnico preceptivo, suscrito por un experto donde justifique adecuadamente el cambio propuesto. Según la normativa, ha de ser un "estudio técnico suscrito por un experto en lingüística, en el que se expongan detalladamente los fundamentos históricos y lingüísticos del cambio de denominación".
Este documento es imprescindible para continuar con la instrucción del expediente. Tras él, se podrá someter a la primera votación en el pleno, y si se aprueba, abrir el período de información pública de 20 días hábiles. Una vez se resuelvan las alegaciones, si las hay, el pleno ya podría aprobar definitivamente el texto. Y faltaría solo el certificado del secretario general municipal para acabar remitiendo toda la documentación a la Generalitat, que es la que debe culminar el proceso.
Desde el departamento municipal de Cultura señalan que "sigue la tramitación del expediente" pero insisten en que "se trata de un procedimiento bastante complejo". En ese sentido, recuerdan que el expediente iniciado por el anterior gobierno municipal en octubre de 2015 para el cambio del topónimo a la forma única 'València' no se resolvió hasta febrero de 2017.
Al respecto, el edil de Compromís Pere Fuset sostuvo la postura que ha tenido el grupo municipal desde el inicio, señalando que cambiar el nombre de València es "una medida antivalencianista y una pérdida de tiempo". Así, rechazó que el cambio "es absolutamente innecesario y sectario" y recordó que la propia legislación recomienda llevar a cabo la recuperación de los topónimos en valenciano siguiendo los informes de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, contemplada en el Estatut d'Autonomia.
Cabe recordar que, durante la tramitación municipal, según la normativa, la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) puede prestar "la asistencia y la colaboración necesarias" al ayuntamiento si este lo solicita, pero su intervención no es obligatoria ni vinculante en este tramo del proceso. Más tarde, cuando el Ayuntamiento remita el expediente al Consell, la dirección general competente en administración local deberá, ahora sí, pedir un informe a la AVL.
En dicho momento, la intervención de la Academia no es solo obligatoria sino que su informe es vinculante, y en él podrá "proponer alternativas que considere más adecuadas técnica e históricamente o advertir si hay incorrecciones lingüísticas". También se deberá pedir un informe vinculante al Gobierno central. Sólo después de todo esto, el Consell puede dar la luz verde definitiva al cambio.