Un día en el talego

CASTELLÓN.-«Madre mía, señorita. No sé cómo aguanta». Cuando María [nombre ficticio] escuchó esta frase por primer vez dice que casi se hundió en la miseria. La anécdota no tendría mucho más recorrido si no fuera porque quien la cuenta es una funcionaria de prisiones, una profesión a la que las mujeres comenzaron a incorporarse a las cárceles de hombres en 2007. Ella está destinada en Castellón II (Albocàsser), la más reciente de las cinco cárceles que hay en la Comunitat Valenciana. Sin embargo, su testimonio podría haber sido el mismo si trabajara en cualquier otra de España ya que ese incidente aparentemente trivial refleja el hartazgo de un colectivo que se siente olvidado y ninguneado. Motivos para estarlo tienen muchos, insisten. Por ejemplo el económico (aunque no es del que más se quejan). María cobraba más de prácticas que ahora ya que durante la crisis ella y sus compañeros perdieron un 10% del sueldo y solo han recuperado el 4%. Para estos profesionales es un dato que refleja hasta qué punto se sienten olvidados por la administración.

Marcos Álvarez sí da su nombre. Es delegado sindical de Acaip (agrupación de los cuerpos de la administración de los centros penitenciarios) de este centro penitenciario. La central es la mayoritaria en el sector y conoce bien todo lo que pasa de puertas para adentro en una cárcel. «El problema —lamenta— es que no importamos a nadie. A la gente no le preocupa lo que pasa en la cárcel, y eso vale tanto para los internos como para nosotros. Y como no somos visibles para la sociedad, tampoco somos una prioridad para la administración».

Por lo que respecta a la población reclusa, España es un caso curioso ya que se cometen 44,3 infracciones penales por cada mil habitantes, lo que nos convierte en el tercer país de Europa con menos criminalidad (solo Portugal y Grecia son más seguros). Paradójicamente, según los datos que Space1 (un informe que realizan conjuntamente el Consejo de Europa y la Universidad de Lausana), tenemos  130,7 presos por cada 100.000 habitantes, mientras que la media europea es de 127,2.

Según los últimos datos disponibles del Consejo General del Poder Judicial, en España hay 54.499 reclusos y 4.365 reclusas, lo que hace un total de 58.814 presos. De ellos 6.650 (6.072 hombres y 578 mujeres) cumplen condena en alguna de las cinco cárceles de la Comunitat Valenciana. Del total, el 28% son extranjeros (cantidad que en esta autonomía baja al 24,9%), una cifra incómoda, fácilmente manipulable, ya que este colectivo solo representa un 12,75% del total de la población española. 

Pero si los datos reflejan que España es un país donde el crimen se paga, llama la atención que una vez en prisión el sistema se vuelve más dócil. Este es uno de los grandes problemas del colectivo de vigilantes, quizás su principal caballo de batalla, el de su estatus legal. Los médicos, los enfermeros o los profesores, por ejemplo, son autoridad pública desde marzo de 2015, gracias a una modificación del Código Penal que los equiparó con jueces o policías. Así, las agresiones contra estos colectivos están castigadas con penas de prisión de uno a cuatro años y multas de tres a seis meses. En cambio, agredir a un funcionario de prisiones, insultarle, amenazarle de muerte a él o a su familia sale gratis.

«Ahora incluso se está estudiando que un revisor de metro o un conductor de autobús lo sean, y es normal. Lo que no es normal es que a nosotros nos olviden», lamenta otro de los funcionarios entrevistados. Desde luego, no parece tener mucho sentido, y más cuando se trata de un cambio en la norma que no supone gasto alguno. Existe una propuesta de ley de reforma de la Ley general Penitenciaria, presentada por el Partido Popular, y que cuenta con el apoyo mayoritario del Congreso (PSOE, Ciudadanos, PNV y Foro Asturias). Solo se oponen Unidos Podemos y Bildu, mientras que ERC y PdCAT se abstuvieron en una votación que tuvo lugar el pasado junio.

La medida no solo contempla mayores penas en caso de agresión sino que, si tienen que declarar en un juicio, podrían hacerlo identificándose únicamente con su número de funcionario y no con su nombre y apellidos. La idea es evitar posibles represalias si el acusado pertenece, por ejemplo, a un clan mafioso. Además su testimonio tendría presunción de veracidad. En otras palabras, son argumentos que un recluso podría tener en cuenta antes de agredirles.

Pese a todo, los afectados no acaban de creérselo. «Dicen que el sistema funciona muy bien,  que estamos a nivel europeo, y que la prisión cumple el principio constitucional de reinserción. Pero si fuéramos autoridad pública, las condenas por una agresión son de entre tres y cinco años, lo que provocaría un aumento de las condenas, y dejaría ver que, a lo mejor, el sistema no funciona tan bien como nos dicen», asegura este funcionario.

Desde Acaip insisten en que el ministerio de Justicia e Instituciones Penitenciarias  ‘maquilla’ los datos. El año pasado se contabilizaron 280 agresiones en toda España, pero el sindicato asegura que fueron unas 700. Sin salir de Albocàsser, la discrepancia es evidente: la administración solo contó una agresión con consecuencias físicas en el último trimestre de 2018 y nosotros cinco», apunta Álvarez. «Lo normal —asegura— es que el baremo para considerar una agresión es muy alto, y todo se suele clasificar como incidente». Estadísticamente, la diferencia es notable y en la práctica, lamentan estos profesionales, da una imagen de tranquilidad que no se corresponde con lo que pasa en un penal.

Un pueblo entre rejas

Además, existe el convencimiento entre estos profesionales de que ese intento de reducir el número de incidencias está vinculado al uso que se hace del protocolo de agresiones que no siempre se cumple como debería. Insisten en que la administración quiere cuantos menos incidentes reflejados en las estadísticas, mejor. Pero, lo que es peor, «nos hacen sentir culpables. Si hay una agresión, más que preguntar qué ha pasado, parece que están interesados en ver cómo se podría haber evitado. Como si fuera culpa nuestra», explica uno de los entrevistados. Un compañero añade que «eso explica que muchos funcionarios no quieran abrir el protocolo, para que no venga la Inspección Penitenciaria y le acaben acusando a él de lo que ocurre».

La escasez de plantillas y el intento de que las estadísticas no reflejen la realidad del día a día se retroalimentan. Suena a argumento conspiranoico pero eso no significa que no sea cierto, al menos en parte. En 2014 el Ministerio de Interior paró las obras de Levante II (en Siete Aguas), una prisión que debía servir para acabar con la saturación de otros centros como Fontcalent (Alicante) o Picassent. A finales de diciembre, durante una visita a Gandia, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, anunció que el gobierno estudiaba reconducir el proyecto y convertir el penal en un gran centro psiquiátrico penitenciario. Por supuesto, será un centro de referencia del que se hablará en toda Europa. Eso, cuando se acabe. De momento, no hay planes.  

Una cárcel como la de Castellón II es un pueblo entre rejas. El censo de Albocàsser  de 2018 habla de 1.234 habitantes; en la cárcel son unos 1.200 internos y 400 funcionarios. «Y si en un pueblo pequeño pasan cosas, en un pueblo pequeño entre rejas, pasan más cosas, sobre todo en los módulos más peligrosos». Los funcionarios saben que pasan cosas, «pero siempre vamos por detrás. Si la van a liar, uno te entretiene y los otros hacen lo que quieran hacer, y tú no te enteras hasta que es tarde. Con tan poco personal es imposible vigilar».

«El tráfico de drogas está a la orden del día: hasta distribuyen jeringuillas por motivos sanitarios, para que los más veteranos se puedan chutar»

Los datos son los que son. No es solo que sean pocos, es que encima faltan. Hay dos tipos de encargados: de departamento (los que están en los módulos) y de servicio interior (en los pasillos), y a cada uno del primer grupo corresponden uno o dos del segundo. En total, faltan por cubrir 126 plazas (según los datos de 2018), que aumentan a 215 si se incluyen todas las categorías.

Por eso, pasar, pasa de todo. Desde un recluso que hace una felatio en el tigre (el cuarto de baño, donde no hay cámaras) a cambio de un cigarro, hasta un grupo de reclusos que se hacen con el taller y deciden quién puede trabajar y quién no a cambio, por supuesto, de una cantidad. Algunos pagan por su tranquilidad: o su familia ingresa dinero periódicamente en el pecunio (la ‘cuenta’) de un interno o que se prepare a recibir palizas. El tráfico de droga, por supuesto, está a la orden del día —«hasta se distribuyen jeringuillas por motivos sanitarios, para que los más veteranos se puedan chutar», explica un funcionario— y las peleas son el pan nuestro de cada día en los módulos más peligrosos. «Ten en cuenta que un pincho se hace con cualquier cosa», añaden.

Lo de tener que intervenir —algo que ocurre casi a diario— saca a la luz otro de sus motivos de queja: el material. «Nosotras parecemos azafatas y ellos van más en plan playmobil», bromea María, en alusión a las chaquetillas que llevan sus compañeros y que, desde luego, no parecen lo más cómodo en caso de tener que pelear. Pero además de poco prácticos, a veces resultan insuficientes.

Los funcionarios prefieren comprar con su dinero guantes especiales para cacheos (como los que utilizan los cuerpos de seguridad y que están reforzados) y tampoco es raro que paguen ellos mismos un calzado reforzado para sustituir a los zapatos «de Forrest Gump que nos dan», bromea uno. Lo primero es para no tener que utilizar los guantes ‘de jardinero’ que reciben y que, aseguran, se rompen enseguida. «Ten en cuenta que pueden llevar un pincho o que te intenten morder, y no sabes si tiene sida, sarna, hepatitis... o nada», explica uno. Pero el caso es que si sufren algún percance y no llevan el equipamiento oficial (aunque lo hayan sustituido por uno mejor), «no nos cubren los daños».

Situaciones surrealistas

También hay situaciones que rozan el surrealismo. «Lo de tatuarse en la cárcel es algo de toda la vida, pero hay modas de fuera que también llegan dentro. Una es la de las modificaciones corporales (los implantes subdérmicos), como colocarse objetos de silicona debajo de la piel. «Entre algunos del este se ha puesto de moda hacerse estos implantes en la polla, porque dicen que da más placer en el vis a vis. Pero el corte se lo hacen con un pincho; luego se meten cualquier cosa con un trozo de silicona de la junta de una ventana y  lo cosen como pueden. A los dos días lo tienes en la enfermería con una infección mortal», comenta un funcionario entre carcajadas.

Esa risa es un mecanismo de control. A diferencia de otros colectivos como la Guardia Civil o la Policía Nacional, los funcionarios de prisiones no tienen asistencia psicológica para enfrentarse al desgaste mental que supone el día a día. «Lo importante es no prisionizarte, intentar relativizar lo que pasa dentro y dejarlo allí, pero es difícil. Lo único que nos queda cuando pasa algo es irte con tus compañeros a tomarte unas cervezas y desahogarte —añade este funcionario— pero eso no es plan».

Marcos Álvarez (Acaip)  «El problema es que no importamos a nadie. A la gente no le preocupa lo que pasa en la cárcel, y eso vale para los internos y para nosotros»

Mantener la calma no es fácil, y eso que Castellón II no es la peor. No es que tenga más trabajadores que otros centros sino que, en puridad, es que faltan menos. No es Picassent donde un funcionario puede estar solo frente a 70 internos; aquí la ratio suele ser 1:40. «Se supone que nuestra actividad debe ser vigilar pero es imposible. Tienes que acompañar, gestionar las instancias, dar la medicación, el racionado de comida, cena, desayuno, cachear, registrar celdas... no das abasto. No te da tiempo a vigilar, estas walkie-teléfono, walkie-teléfono, y con que este necesita una cosa, el otro al médico, hay que llevar a uno a comisión...», dice un funcionario sobre su día a día laboral.

No prisionizarse obliga también a saber mantener la distancia con los presos. «Hay de todo», coinciden los funcionarios que han hablado con Plaza, «desde el irrecuperable y muy peligroso, al que ha cometido un error por las circunstancias». Algunos son, simplemente, ‘carne de talego’. «No es que sean necesariamente malos, es que no conocen otra cosa», añade uno. «Imagínate un hijo de prostituta y drogadicto, que comenzaron a dar palos con 14 años. Ese no conoce otra cosa y alguno hasta te lo dice: "¿qué voy a hacer yo ahí fuera?" Saben que tarde o temprano van a volver y da igual lo que hagan». ¿Y hay tantos inocentes en la cárcel como se dice? «No», coinciden en señalar los entrevistados.   

* Este artículo se publicó originalmente en el número 52 de la revista Plaza