El exdirector general de una empresa vinculada al conseguidor de Púnica, Alejandro de Pedro, asegura que "no podría haber hecho ni el 1% del trabajo"
VALÈNCIA. Las declaraciones por la pieza A del caso Taula, la vinculada al blanqueo de capitales y a la financiación irregular de la campaña electoral del PP municipal de València, comienzan a tomar forma de futuro auto de procesamiento. En las declaraciones realizadas este lunes en el juzgado de instrucción número 18 de Valencia, Juan Pedro Giménez, exdirector general de la empresa Demini, una de las que presuntamente realizó un plan estratégico para la ciudad, manifestó que no recuerda haber sido contratado por el Ayuntamiento de València, ni por Fivec ni por Laterne Product Council (empresa pantalla del PP), y que no sabe nada de un plan estratégico de innovación tecnológica del Ayuntamiento, ni por tanto, participó en el mismo.
El testigo, también aseguró que el documento que obra en el sumario aportado por el Ayuntamiento de València, y que tiene la denominación Demini, no le suena de nada. Que son temas ajenos a esa empresa y que, por tanto, "no podrían haberlo hecho. Demini no lo ha hecho. No podría haber hecho ni el 1% del trabajo. Eso ha debido hacerlo alguien del ayuntamiento", insistió.
Esta declaración apuntala la acusación por una presunta malversación de caudales públicos pues, tal y como se desprende de la declaración del testigo, pese a existir supuestas facturas a nombre de su empresa, él director de afirma no saber nada del tema. La empresa Demini, además, está vinculada al presunto conseguidor de la trama Púnica, Alejandro de Pedro.
No es la primera vez que dicha empresa aparece vinculada al caso Taula. De hecho, en los papeles requisados por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil a la secretaria del grupo municipal, Mari Carmen García-Fuster, aparece el nombre de esta empresa de forma sistemática desde enero hasta octubre de 2008, cuando desde el grupo se le abonó 901 euros al mes.
Tampoco es ajeno el nombre de De Pedro a los investigadores, ya que un informe que obraba en el sumario del caso Púnica sobre unos presuntos contratos amañados para mejorar la imagen del PP de Barberá fue incorporado a la causa hace unos meses después de que el juez de ese caso lo enviara a València para asesorar al magistrado sobre las presuntas vinculaciones de dicha trama con los investigados en Taula.
Las otras dos personas que declararon este lunes en calidad de testigos son trabajadoras de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau. Amparo Ros, actual jefa del servicio jurídico, manifestó que en su área no se destruyó nada, ni recibió orden en ese sentido.
Añadió que la documentación referida a Valencia Estrategia (VEPI) está digitalizada, hecho que el exdirector de TVCB José Salinas no declaró ante el juzgado. Según constaba en la declaración de Salinas, a la que ha tuvo acceso Valencia Plaza, el exgerente de Turismo Valencia Convention Bureau fue preguntado por el fiscal Anticorrupción por Valencia Estrategia Promoción e Imagen (VEPI), una empresa participada al 50% por TVCB y al 50 por ciento por la Generalitat, que supuestamente abonó un millón y medio de euros en tres pagos fraccionados, pagos que podrían haber ido a la empresa Laterne Product Council. Esta empresa organizó la campaña de Barberá y es la que habría recibido fondos de empresas contratistas del Ayuntamiento y fundaciones municipales para sufragarla.
La sociedad de promoción turística VEPI, dedicada supuestamente a promocionar la Copa América, fue creada en el año 2006, un año antes de las elecciones, y firmó el contrato de un millón y medio de euros un mes antes de los comicios de mayo de 2007. Su disolución fue anunciada en enero de 2009, año y medio después de las elecciones que ganó Barberá.