PETICIÓN DE PARALIZACIÓN DEL DERRIBO

Un informe señala el Metropol como el último edificio intacto del CEEP de la República

12/05/2018 - 

VALÈNCIA. (EP) El Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural ha entregado al Ayuntamiento de València un informe en el que pide que se la "paralización inmediata" de la licencia de derribo del inmueble que acogió el cine Metropol basándose en su "singularidad histórica", ya que es "el último edificio intacto" que perteneció al Comité Ejecutivo de Espectáculos Públicos en Valencia (CEEP) y, por tanto, pasó a ser del Gobierno de la Segunda República.

El documento, consultado por Europa Press, basa su solicitud de parar el derribo del antiguo Metropol en que, de llevarse a cabo, se estaría incumpliendo la Ley 14/2017 de Memoria Democrática y para la Convivencia de la Comunitat Valenciana, así como la disposición adicional quinta de la Ley 4/1998 de Protección del Patrimonio Cultural.

El informe, que ha sido elaborado por el historiador Fernando Sanz y el historiador del Arte y guía de Turismo César Guardeño, recuerda que, tras el alzamiento militar del 18 julio, el día 20 UGT y CNT se organizaron conjuntamente bajo el nombre de Comité Unificado Revolucionario, formando milicias armadas de obreros y empezando a controlar los puntos estratégicos de la ciudad de València. Para frenar el poder de los obreros y restablecer la autoridad del gobierno central, el presidente del Gobierno de la República, José Giral, envío a la ciudad del Turia a Diego Martínez Barrios, presidente de las Cortes de la República.

El 22 de julio de 1936, se forma el Comite Ejecutivo Popular (CEP), integrado por la CNT, UGT y por los partidos del Frente Popular. El organismo tuvo desde su formación el poder efectivo y real (no legal) del control militar y político en toda la provincia y, aunque se intentó disolverlo, finalmente fue reconocido como representante legal del Gobierno de la República en Valencia.

Bajo el amparo legal del CEP se creó el Comité Ejecutivo de Espectáculos Públicos en Valencia (CEEP), que estaba bajo el control de los sindicatos UGT y CNT. EL CEEP incautó legalmente todos los cines y teatros de la provincia de Valencia y estos pasaron a ser edificios gubernamentales. El cine Metropol, situado en el número 9 de la calle Hernán Cortés, también fue incautado y puesto bajo el control del CEEP, "siendo pues un edificio gubernamental del Gobierno de la Segunda República".

Memoria colectiva

En este punto, el informe subraya que el Título III del Derecho a la memoria democrática valenciana (ley 14/2017), capítulo II, titulado 'Lugares e itinerarios de la memoria democrática, artículo 20. Lugares e itinerarios de la memoria democrática de la Comunitat Valenciana, dice lo siguiente: Tendrán consideración de lugares de la memoria democrática de la Comunitat Valenciana aquellos espacios, inmuebles o parajes que se encuentren en ella y revelen interés para la comunidad autónoma, por haberse desarrollado en ellos hechos de singular relevancia por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva de la lucha de los valencianos y valencianas por sus derechos y libertades democráticas en el período que abarca desde la proclamación de la II República Española, el 14 de abril de 1931, hasta la entrada en vigor del Estatuto de autonomía de la Comunitat Valenciana, el 10 de julio de 1982".

También se alude a la disposición adicional quinta de la ley 4/1998 de protección del patrimonio cultural (reconocimiento legal de bienes inmuebles de relevancia local, en atención a su naturaleza patrimonial), que en el artículo señala que "el patrimonio histórico y arqueológico civil y militar de la Guerra Civil en la Comunitat Valenciana, además de los espacios singulares relevantes e históricos de la capitalidad valenciana, como todos aquellos edificios que se utilizaron de sede del gobierno de la República, además de los espacios relevantes que utilizaron personajes importantes de nuestra historia durante el período de guerra de 1936 a 1939. Todos estos inmuebles deben estar construidos con anterioridad al año 1940".

"Levantar la moral de la retaguardia"

Por todo ello, los historiadores recalcan que el cine Metropol es "un inmueble donde se desarrollaron hechos de singular relevancia histórica, pues es el último edificio intacto que perteneció al CEEP y en su interior se informaba a los ciudadanos del curso de la guerra y se levantaba la moral de la retaguardia, además de servir de evasión a las tropas que del frente venían a Valencia con días de permiso".

La entidad asevera que "queda sobradamente demostrado que el cine Metropol es un edificio singular y único y que está considerado como lugar de la memoria democrática según la propia legislación valenciana en materia de patrimonio cultural y memoria democrática".

En esta línea, piden al consistorio que paralice el derribo, proceda a incluir el edificio, íntegramente y en todo su conjunto, dentro del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos con la categoría de Bien de Relevancia Local (BRL).

Sin divergencias

Por su parte, el concejal de Desarrollo Urbano y Vivienda de València, el socialista Vicent Sarrià, ha negado la existencia de "divergencias" en el equipo de gobierno en torno a la protección del edificio del antiguo cine Metropol, y ha asegurado que su partido la apoyará: "Si se considera que podemos ir más allá, desde luego que en el PSPV vamos a ser los primeros en ponernos delante de la manifestación para preservar lo que puede representar el Metropol".

Así lo ha aseverado, tras las peticiones y movilizaciones ciudadanas para evitar el derribo y después de que el responsable de Comercio y Espacio Público, Carlos Galiana (Compromís), avanzara este pasado viernes que el Ayuntamiento trabaja para "acercar posturas" y fomentar el diálogo en favor de la protección de la fachada y los elementos fundamentales del Metropol, tanto con los propietarios como con la Fundación Goerlich.

El edil ha precisado que la cuestión que se aborda ahora es la licencia de construcción de un nuevo hotel en el antiguo cine, "una licencia que está siendo tramitada desde hace casi un año por el servicio de Licencias y Actividades, que depende de Galiana". Ha recalcado así que el trámite administrativo es un proceso independiente de la protección, que "no depende" de su Concejalía.

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