Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Los tres partidos del Botànic -PSPV, Compromís y Unides Podem- han pactado la creación de un nuevo registro para conocer el suelo de protección pública en la Comunitat Valenciana. Un instrumento con el que 'mapear' el territorio valenciano y tener información sobre las zonas en las que existe parcelas tanto públicas como privadas, susceptibles de promover este régimen de inmuebles.
Un nuevo registro, que se adscribirá a la Conselleria de Vivienda, que en estos últimos años ha tenido un especial interés por constituir este tipo de inventarios para controlar y hacer seguimiento de diferentes cuestiones: desde la actividad de los agentes inmobiliarios, pasando por el número de demandantes de vivienda pública hasta los grandes tenedores.
Esta nueva herramienta parte de una enmienda a la Ley de Acompañamiento de 2023, impulsada por Unides Podem y apoyada por sus dos socios de gobierno, por lo que cuenta con apoyos suficientes para salir adelante. Su objetivo es claro: conocer todos los suelos disponibles en la Comunitat Valenciana destinados a la construcción de viviendas en régimen de protección pública, tanto los de titularidad pública como los privados.
De esta forma, se pretende tener un control y seguimiento de las parcelas con el fin de "lograr una mejor formulación y desarrollo de las políticas autonómicas de vivienda", reza el texto. Será obligatoria la comunicación a la Generalitat Valenciana por parte de aquellos titulares de este tipo de suelo. Además, cualquier persona tendrá acceso a la información que en cada momento conste en el registro.
Pero, para que entre en funcionamiento, la Conselleria de Vivienda deberá desarrollar reglamentariamente una normativa para establecer el proceso de inscripción, modificación y cancelación de los datos. Por ello, una vez aprobada la enmienda, será el turno del departamento que dirige Héctor Illueca para empezar a trabajar en el texto normativo que regule su funcionamiento, inscripción y procedimiento.
De acuerdo con la enmienda pactada por el tripartito, para este nuevo registro de suelo de protección pública podrán recabarse los datos en otros inventarios públicos como el padrón municipal, el censo de edificios, el catastro o el registro de la propiedad, así como los que figuren en los archivos de las administraciones públicas.
Una nueva iniciativa que se suma a otras herramientas similares que a lo largo de estos años ha ido aprobando, eso sí, la propia Conselleria. La mayoría de registros ya creados han sido desarrollos normativos que ya se contemplaban en la Ley Por la Función Social de la Vivienda. Algunos de ellos ya están en marcha y otros en fase de aprobación.
En concreto, uno de los primeros en salir adelante fue el nuevo registro de demandantes de vivienda con el que se ha unificado en un mismo sistema la oferta y la demanda de vivienda pública, tanto de promoción pública como privada. De esta forma, el solicitante -que deberá cumplir con unos requisitos- elige municipio y detalla si quiere comprar o alquilar, así como si necesita que sea una vivienda adaptada o si presentan una situación de vulnerabilidad. A partir de esos datos, se barema los criterios y si el demandante es apto y hay oferta se le solicita la documentación pertinente que acredite su situación antes de cerrar la operación.
También está el registro de viviendas vacías en el que los grandes tenedores, aquellos con diez o más viviendas, deben comunicar de forma semestral a la Administración los pisos que tienen sin habitar más de un año. Un instrumento que sirve para el control y seguimiento de esas viviendas para que la Generalitat pueda sacarlas al mercado del alquiler asequible y que permite, a su vez, conformar un inventario preciso de las viviendas vacías existentes en la Comunitat Valenciana.
Asimismo, la Conselleria activó recientemente el registro obligatorio para agentes inmobiliarios en la Comunitat. Era una reivindicación histórica del sector para evitar el intrusismo y dotar de "garantías y seguridad" a los consumidores y a los propios profesionales. En concreto, regula los requisitos para poder ejercer como agente inmobiliario en la autonomía fijando las bases sobre la atención; capacitación profesional; y solvencia para disponer de garantías y seguros de caución y de responsabilidad civil profesional para proteger a los clientes.
Por otro lado, y todavía pendientes de aprobación, están los registros, por un lado, de grandes tenedores y, por otro, de los promotores sociales, una nueva figura para referirse a "grandes tenedores de viviendas de la Comunitat Valenciana que con su actividad fomenten la construcción de viviendas de fácil acceso para la ciudadanía". Dos herramientas incluidas en el decreto ley que prepara la Conselleria para paliar los efectos de la crisis de Ucrania.
El primero de ellos busca controlar la actividad y las viviendas de los grandes tenedores en territorio valenciano. En él deberán inscribirse todas las personas físicas, jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que tengan la consideración de gran tenedor. Será de obligado cumplimiento de forma anual y se inscribirán todos los inmuebles en régimen de propiedad, alquiler, usufructo u otras modalidades de disfrute que les faculten para determinar los usos a que se destinan.
Finalmente, también se constituirá otro de obligado cumplimiento para los promotores sociales, en el que tendrán que acreditar que su actividad cumple con los requisitos y cualificaciones para tener esa condición. Además, la Conselleria creará un distintivo con un formato y características concretas que deberán colocarse los agentes en un lugar visible para el público en cada uno de sus locales, así como en la función comercial y en la publicidad.
