Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. Una auditoría independiente de cumplimiento realizada a la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València en 2018 desvela diversas irregularidades en los contratos menores que la entidad adjudicó en dicho ejercicio. La auditoría encargada por la empresa municipal a Ernst&Young relata diversos incumplimientos de la Ley de Contratos del Sector Público, como la falta de informes que justifiquen los gastos o la partición de algunos contratos de mayor envergadura en otros menores.
El escrito que ha realizado la auditora sobre el ejercicio 2018, en su estudio del gasto de la empresa pública, incluye un apartado referente a los contratos menores y a aquellos "contratos o gastos adjudicados directamente por la entidad", en el que subraya diferentes incumplimientos respecto a la normativa de contratación pública.
Así, destaca adjudicaciones directas en las que la EMT "no ha llevado a cabo informes que justifiquen la necesidad del gasto y algunos expedientes no se encuentran aprobados o autorizados por el órgano responasble correspondiente". Asimismo, pone sobre la mesa cuestiones que también se habían destacado en años anteriores.
"En algunos casos se ha identificado que el volumen de servicios contratado con un mismo proveedor a lo largo del ejercicio con similar objeto supera el límite de los contratos menores", relata el documento, para añadir a continuacón que dichos gastos se hicieron por separado cuando "podrían formar parte dentro de una misma unidad operativa funcional", incumplendo la mencionada legislación.
Por otro lado, los auditores encontraron que algunos servicios "se vienen prestando de forma recurrente por el mismo proveedor", lo que también infringe la ley porque los contratos menores no pueden tener una duración superior de un año ni ser objeto de prórroga. Y en el mismo apartado, destaca otros contratos con distintos proveedores sobre los que, atendiendo a cada contrato por proveedor, "se supera el importe de un contrato menor"
Los conceptos más recurrentes en estas contrataciones que infringen la ley son facturas de gasoil, facturas de taller -como reparaciones, suministros, alternadores, etcétera- o facturas de la ITV.
Otra cuestión que se refiere al resto de contratos también supondría el incumplimiento legal y es que algunos de estos contratos se encuentran bajo la figura de la prórroga. La ley limita estas prórrogas a un máximo de 6 años en total y siempre que estén recogidas específicamente en los pliegos de las condiciones administrativas. No obstante, en estos casos se habría superado este límite legal, por lo que los contratos "estarían vencidos y se requiere sacar dichos procesos a licitación".
En total, según la auditoría, se adjudicaron 71 contratos menores de un total de 129 contrataciones. Así, se adjudicaron por esta vía un total aproximado de 11 millones de euros de los 37 millones que se gastaron en contratos durante todo 2018.
Los contratos menores son una figura que, aunque no ilegal, permite eludir el concurso público a la hora de adjudicar un contrato. Es por ello que se ha generalizado la etiqueta de contratos 'a dedo', dado que la administración elige el adjudicatario que debe realizar determinadas obras o servicios sin necesidad de seguir el procedimiento del concurso. Eso sí, con el límite de hasta 40.000 euros en el caso de los de obras, y de 15.000 en los restantes. Son útiles para agilizar la administración cuando se trata de pequeños contratos del día a día y permiten evitar el colapso de los servicios al sortear la tramitación de una licitación pública.
Ante todo ello, el portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, denunció este jueves "la falta de control de la EMT en la adjudicación de contratos menores". "El equipo de Grezzi no debe seguir ni un minuto más en la EMT y Ribó tiene que dejar de esconderse y dar explicaciones sobre la gestión de su partido en la EMT", subrayó el edil de Ciudadanos al respecto.
Sobre la cantidad de contratos menores, el edil subrayó que "no tiene sentido que 11 millones y medio de euros en contratos menores se estén dando 'a dedo' desde la EMT sin la fiscalización del Ayuntamiento de València". Por ello, Giner insistió en lo que ha venido pidiendo estos días: "Los funcionarios habilitados nacionales del Ayuntamiento de València deben intervenir económico-financieramente la EMT y revisar la legalidad de cada uno de los contratos".
