VALÈNCIA. La negativa de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a actualizar las entregas a cuenta con la "excusa" -en palabras de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra- de que el Ejecutivo está en funciones y el rechazo en el Senado a debatir el cambio de modelo de financiación ha generado a lo largo de esta semana una escalada de tensión entre los principales partidos que integran el Botànic II: PSPV y Compromís.
Primero Oltra advirtió que no pactaría recortes con los socialistas si estos no exigían antes al Gobierno de Pedro Sánchez los ingresos pendientes. Apenas horas después, la líder de Compromís aseguró en una entrevista a la Cadena SER que no existía "excusa" para que el Gobierno de España liberara "ya el dinero" -unos 450 millones de euros- que le toca a la Comunitat Valenciana de la actualización de las entregas a cuenta de 2019. "Si estas cantidades llegaran, quizá no haría falta hacer ajustes", sentenció.
Finalmente, la portavoz del Ejecutivo valenciano lanzó tras su reunión con el conseller de Hacienda este martes un ultimátum al jefe del Consell: o Ximo Puig pedía la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) o no pactaría recortes. A su vez, su grupo en Les Corts planteó una PNL para que el Parlamento se pronunciara respecto a la convocatoria urgente del CPFF, las entregas a cuenta y la financiación autonómica; iniciativa que los socialistas no están dispuestos a firmar.
Sin embargo, Compromís aprieta a su socio en el Consell para que sea tan contundente con las reivindicaciones valencianas como cuando gobernaba el PP, pero no pretende ahogarlo. A pesar de todas estas ofensivas, la coalición valencianista rechazó este miércoles en la Junta de Síndics una iniciativa de los populares para que se celebrara un pleno extraordinario en el cual el único punto de la sesión sería la comparecencia de Puig para pronunciarse sobre diversas cuestiones valencianas. También se opuso Unides Podem alegando que el calendario parlamentario está repleto de comparecencias, sin embargo, cabe apuntar que la reacción de los morados es menos llamativa, ya que su tono en esta cuestión ha sido menos vehemente que el de Compromís en los últimos días.
En la petición, el partido de Isabel Bonig requería la asistencia del president de la Generalitat para "informar sobre las actuaciones que está llevando a cabo ante el Gobierno de España para exigir la reforma del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común y Ciudades del Estatuto de Autonomía". Una cuestión que, según los valencianistas, rechazan porque consideran que quien debe dar explicaciones es la ministra de Hacienda, que es quien puede poner la primera piedra para iniciar la reforma.
Sin embargo, en la petición del PP también existían otras cuestiones sobre las que pedían explicaciones a Puig a las que también se opusieron: las actuaciones que está realizando de cara al Gobierno central "para reclamar la necesaria transferencia de las entregas a cuenta y las mensualidades pendientes de la liquidación del IVA correspondientes al ejercicio 2017, así como el establecimiento de mecanismos extraordinarios de compensación de los déficits que viene sufriendo la Comunitat tanto en financiación como en inversiones públicas" y las medidas que pondrá en marcha para "garantizar la prestación de los servicios públicos fundamentales".
Volver a hacer pinza con el PP en estas cuestiones supondría incrementar aún más la tensión en una semana de alto voltaje entre los socios del Botànic II. El anuncio de Puig de que mantendrá una reunión con Montero la próxima semana, además, también sirvió en cierto modo de revulsivo para la UTE electoral formada por Bloc, Iniciativa y VerdsEquo. Un encuentro que se ha convertido en un buen contraataque del jefe del Ejecutivo para relajar el ambiente, pero del que se esperarán resultados significativos.