Una 'mordida' de última hora obligó a realizar el blanqueo 'exprés' de 50.000 euros en PP de Valencia

VALENCIA. El contrato o contratos de los que vinieron los 50.000 euros que presuntamente fueron blanqueados por los concejales del PP en Valencia antes de la última campaña para las municipales sigue siendo una incógnita para los investigadores. Sin embargo, según informan a Valencia Plaza fuentes cercanas a la investigación, existen indicios que apunan a que la entrada de fondos se produjo en la fase final de la campaña, lo que obligó a los populares a realizar un blanqueo exprés.

Blanqueo que presuntamente habría servido para completar el presupuesto de la última campaña electoral del PP de la ciudad de Valencia ya que, en la cuenta de las subvenciones al grupo había 120.000 euros en La Caixa y otros 120.000 en la libreta llamada ‘deutsch’, pero la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local indica que no podían utilizar el dinero de La Caixa con fines electorales.

Según el artículo 2.1 e) de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, de financiación de los partidos políticos, al referirse a los recursos de los partidos señala las aportaciones de los grupos de los entes locales, este apartado ha de interpretarse acorde con el artículo 3 de la misma ley y con el 73.3 de la LRBRL, para concluir que “estas aportaciones no pueden servir a la financiación de los respectivos partidos políticos”.

Faltaban 30.000 euros

De no haber solicitado los 1.000 euros a los concejales y asesores, el PP de la ciudad de Valencia habría tenido que renunciar, como poco, a 30.000 euros en publicidad electoral en los medios de comunicación, que es en lo que más dinero gastó en la última campaña, 116.900 euros para periódicos y radios.

Tal y como explicó este periódico, los gastos electorales de los populares se desglosaban de la siguiente forma: el partido liderado por Barberá se gastó 6.850 euros en merchandising, 116.900 euros en medios de comunicación, más de 900 en el vídeo promocional de Rita Barberá, 5.050 en actos, 3.881 en imprenta, 35 en un intérprete de lengua de signos, 242 en la terraza de La Rambleta -lugar investigado en la trama Imelsa-, 165 euros en un almuerzo, 10.000 euros en impresión de libros y otros 4.743 en imprimir trípticos. Todo ello arroja una cifra total cercana a los 150.000 euros.

Uno de los mayores inconvenientes con los que se han encontrado los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil es que no han podido certificar la procedencia ilícita, según el fiscal Anticorrupción, de los 50.000 euros.

Las fuentes de la investigación aseveran que, cuando la exconcejal María José Alcón le explicó a su hijo el pitufeo ya era demasiado tarde para seguir el origen del dinero. Cuando saltó, ya habían pagado todos y por ello no había base legal para pinchar el teléfono de la ‘cajera’ del partido, Mari Carmen García-Fuster, ni del portavoz del grupo Alfonso Novo y, por tanto, no han podido saber si la mordida viene de uno o de varios contratos. Aunque las mismas fuentes no descartan que a lo largo de la instrucción judicial puedan acreditar la procedencia real de ese dinero. Un hecho que podría poner en la picota, todavía más si cabe, a algún concejal popular.