VALENCIA. Una oferta de derribo del fondo estadounidense Kennedy Wilson por Ciudad Gran Turia -antes conocida como Ciudad Ros Casares- permitió al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) hacerse con el conjunto de inmuebles por 30 millones de euros. Así consta en la memoria del fondo sobre el ejercicio 2015, en la que detalla cómo llevó a cabo la compra de este macrocomplejo de catorce edificios y 80.000 metros cuadrados en Valencia valorado en 1.700 millones de euros.
Según explica en esa memoria, la operación se ejecutó al ejercitar el derecho de tanteo que el FGD se reservó sobre los activos incluidos en el Esquema de Protección de Activos (EPA) que se le concedió a Banco Sabadell cuando se adjudicó Banco CAM. Según ese esquema, el fondo asume durante diez años el 80% de las potenciales pérdidas derivadas de una cartera de 24.644 millones de activos problemáticos procedentes de la caja alicantina.
Entre las condiciones que planteó para hacerse cargo de esas pérdidas, el fondo impuso que las operaciones sobre activos incluidos en la cartera protegida debían ser sometidas previamente al FGD cuando el importe o la pérdida implícita en la operación superase "ciertos límites", además de reservarse el derecho de tanto en las ventas a terceros.
Banco Sabadell se tuvo que quedar Ciudad Ros Casares -posteriormente renombrado como Ciudad Gran Turia- a principios de 2013 al aceptar el activo como dación en pago de la deuda de 220 millones que el grupo industrial Ros Casares arrastraba con la caja alicantina, que fue la que financió la construcción de la obra.
Cuando Banco Sabadell se adjudicó Banco CAM por un euro y con el EPA mencionado, Bruselas otorgó un plazo hasta el final de 2015 para limpiar su balance de los activos que entraron con la adquisición de la CAM.
Solvia, la inmobiliaria del Sabadell, tuvo muchísimas dificultades para vender los inmuebles. En marzo de 2014 una agresiva campaña para comercializar 798 unidades del complejo (648 lofts, 130 oficinas y 20 locales), en principio solo en alquiler. Posteriormente, previo acuerdo con el FGD, Solvia los puso en venta con precios de alrededor de 50.000 euros.
Pese a ello, la inmobiliaria apenas encontró inversores interesados en instalarse en la antigua Ciudad Ros Casares, ubicada entre la V-30 y el polígono Vara de Quart. Durante esa campaña, vendió 167 lofts, 152 garajes, 130 trasteros y un local y alquiló algunas oficinas a firmas como Cruz Roja, General Electric, Hasbro, Adidas o la propia Solvia.
Según refleja el FGD en su memoria, las rentas obtenidas por el arrendamiento de esas oficinas reportaron unos ingresos de 49.400 euros el pasado año.
A medida que se aproximaba el plazo y ante las problemas para colocar los activos, la entidad mantuvo contactos con algunos fondos interesados. Uno de ellos, Kennedy Wilson, llegó a presentar una oferta de 30 millones, lo que dio lugar a activar el mecanismo por el que el FGD acabó quedándose Ciudad Gran Turia por 30 millones. La venta se concretó el pasado mes de noviembre.
Este fondo de perfil oportunista o buitre ya ha llevado a cabo algunas operaciones de calibre en España. Entre ellas, la compra del negocio inmobiliario de Banco Popular, agrupado en Aliseda, en alianza con Varde Partners. En 2015 cerró varias transacciones, como la compra de dieciséis supermercados de Carrefour y DIA en Madrid y Barcelona por 85,5 millones de euros o la adquisición de un inmueble singular de 4.000 metros cuadrados en plena Puerta del Sol de Madrid por 30 millones.
Banco Sabadell traspasó el activo al balance del FGD, pero la comercialización del complejo la sigue llevando Solvia. Según recuerda en su memoria el FGD, concebido para cubrir los depósitos de los clientes ante la eventual quiebra de una entidad financiera en España, el complejo continúa en venta "con el fin de minimizar las pérdidas" previstas en el EPA.
El cálculo de esas potenciales pérdidas no ha parado de crecer desde finales de 2011, momento en el que el Sabadell se adjudicó Banco CAM por un euro. Entonces, de los casi 25.000 millones riesgo cubierto por el EPA, los expertos contratados por el FGD estimaron que las pérdidas totales a lo largo de los diez años de vigencia del esquema serían de 5.557 millones. El último cálculo, realizado a la vista de la situación de la cartera protegida a 31 de diciembre de 2015, estima una pérdida total de 11.701,1 millones.
De ellos, el FGD se tendría que hacer cargo de 6.255. millones, 1.441 millones de euros euros más que el año anterior.
El primer pago a Banco Sabadell a cuenta del EPA se realizó el pasado mes de febrero. Según recoge el FGD en su memoria, ese primer desembolso derivado de la cobertura a los activos de Banco CAM fue de 825.875 millones de euros.
A diferencia del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que se nutre de fondos públicos, los recursos del FGD son aportados por las entidades financieras, ya que el propósito de este fondo es cubrir los depósitos de los clientes hasta un límite de 100.000 euros en caso de quiebra de una entidad financiera.
