Una visión conservadora se va postulando para la política fiscal desde algunas comunidades autónomas (CCAA). Se justifican las reducciones de ingresos impositivos en que se verán compensados con el progresivo aumento de la recaudación derivada de la incentivación de la actividad económica, a través del incremento del consumo por el aumento de la renta disponible, y la inversión.
Respecto del Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), para valorar los efectos de la política llevada por cada comunidad debe considerarse, sin embargo, el efecto conjunto de la aplicación de la escala sobre la base liquidable y los mínimos personales y familiares, así como el resultado de la aplicación de las deducciones autonómicas.
En base a los datos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), referidos al año 2018, hemos comparado los tipos medios a distintos niveles de renta de la tarifa valenciana con la media de las restantes CCAA de régimen común descontándose el efecto de un mínimo personal y familiar equivalente al importe medio aplicado por los contribuyentes, y advertimos que el tipo medio de la Comunitat Valenciana (CV) se hallaría cerca de la media hasta los niveles cercanos a los 60.000 euros, a partir de los cuales se sitúa por encima.
Por otra parte, la CV es una de las CCAA que ha desarrollado una política de aprobación de deducciones más activa. Al estar mayoritariamente dirigidas a contribuyentes de rentas bajas y medias, operan como un elemento adicional de redistribución progresiva de la carga tributaria. De acuerdo con los datos del periodo 2018, las personas beneficiarias pudieron reducir su cuota íntegra ligeramente por encima de la media de las CCAA en casi un 10 por ciento.
En base al resultado de la liquidación definitiva del IRPF recibido por cada CCAA durante el periodo 2011 a 2020, la CV se situaría ligeramente por encima de la media de crecimiento de la recaudación con un 25,51%, solo por debajo de la CA de Madrid (27,27%). Hasta dicho ejercicio, las estrategias de ambas CCAA habrían arrojado resultados similares. La CV habría apostado por aumentar el número de tramos y la progresividad del impuesto, mientras que la CA de Madrid por reducir el impuesto y aumentar el número de contribuyentes. Así, pese a que todas las CCAA de régimen común sin considerar a Madrid han elevado el número de contribuyentes un 1,17%, y la CV un 3,47%, aquella lo ha hecho en el 10,94%. Especialmente relevante es el comportamiento respecto de los contribuyentes con mayores rentas. Así, durante el periodo 2009-2018 el número de contribuyentes con una base liquidable superior a 60.000 euros se había incrementado un 24% en la CA de Madrid, especialmente para los contribuyentes con una base imponible superior a los 601.000 euros (con un incremento del 90,09%). Estas tasas son muy superiores a las experimentadas en la CV (13,10% y 62,36%) y en el conjunto de CCAA de régimen común excluidas estas dos áreas geográficas (13,38% y 48,74%, respectivamente) de acuerdo con las estadísticas territorializadas de las CCAA.
Por otra parte, las dos CCAA que mantienen tipos más laxos (Castilla León y Galicia), presentan una evolución negativa en la recaudación, y la variación del PIB a precios de mercado en el periodo 2011 a 2019 (último dato disponible) presentan crecimientos del 9,56% y 15,5%, mientras que en la CV la variación es del 16,4%.
Si nos referimos ahora al Impuesto sobre el patrimonio, las CCAA que han modificado los elementos del impuesto (reducción del mínimo exento o aumento de los tipos marginales), desde el año 2013, entre ellas la CV, han obtenido aumentos de recaudación más elevados y consistentes en el tiempo que aquellas que han mantenido la tarifa estatal, si bien no cabe descartar que, para alguna de las CCAA que han perdido recaudación, como las dos Castillas, el efecto sea consecuencia de un proceso de pérdida de contribuyentes en favor de la CA de Madrid, única comunidad con tributación nula, consecuencia de la bonificación general que tiene fijada. Entre 2015 y 2019, el numero de declarantes en el impuesto sobre el patrimonio ha aumentado en la CV un 24%, el patrimonio declarado un 28% y la recaudación un 43%.
De acuerdo con el informe “Madrid, capitalidad, economía del conocimiento y competencia fiscal”, Madrid se situaba en 2017 en el último lugar de ingresos tributarios por habitante. Si se cuantifican los gastos fiscales que representan esas rebajas, Madrid dejó de ingresar más de 4.100 millones de euros anuales, de los que corresponderían al IP 996 millones y al IRPF unos 504 millones de euros.
Por si no fuera suficiente con el enorme poder de atracción de Madrid derivado de las economías de especialización y de aglomeración que disfruta merced a su capitalidad, la política tributaria de esta comunidad le hace competir fiscalmente con ventaja con el resto de CCAA, con importantes implicaciones sobre la eficacia en la recaudación de impuestos y la distribución de la riqueza a nivel regional. Un estudio reciente (David R. Agrawaly, Dirk Foremy, Clara Martínez-Toledano(2020). “Paraísos Fiscales, Wealth Taxation, and Mobility”. Institut d’Economia de Barcelona. Working Paper 2020/15) ha verificado que, cinco años después del restablecimiento en el año 2011 del impuesto, el número de grandes fortunas en la región de Madrid se habría incrementado en un 10% en relación con otras regiones, mientras que las menores diferencias fiscales entre otras regiones no influirían en la movilidad, siendo este fenómeno explicado por mecanismos de evasión fiscal, porque los cambios de residencia fiscal son ficticios y no se ven acompañados de un cambio de domicilio real, más que por otros fenómenos laborales o económicos que pudieran incidir en la movilidad cuando.
Con los datos analizados, se ratifica que, menores tipos de gravamen generan menos ingresos tributarios, pero no por si solo incrementos del consumo, la actividad económica y la inversión. Sin embargo, frente a esta tesis, que habría abonado durante los últimos años una cruzada contra los impuestos sobre la riqueza, recientes estudios han puesto de manifiesto que las reducciones impositivas dirigidas a los contribuyentes más ricos han producido un nulo efecto en el medio o largo plazo sobre las variables del crecimiento y del empleo y, por el contrario, un importante aumento de las variables que miden el nivel de desigualdad de una sociedad. Además de lo anterior, en la actual coyuntura, caracterizada por la crisis económica consecuencia del Covid 19 que hace necesaria la búsqueda de nuevos recursos tributarios, parece advertirse un cambio de paradigma que se pone de manifiesto en la amplia repercusión de algunos postulados teóricos o la apertura del debate sobre su reintroducción en países tradicionalmente liberales como los Estados Unidos de América y el Reino Unido.
La actuación redistributiva de la política fiscal puede reducir la desigualdad. Sin embargo, si se reducen los ingresos tributarios peligran las políticas de gasto que benefician a los contribuyentes de menor renta, y que en ningún caso se compensan con bajadas de impuestos a unas rentas con baja capacidad de tributación.
Rafael Beneyto. Director General de Tributos y Juego
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Foto: EFE
