Una veintena de grandes tenedores comunican al Consell unas 400 viviendas vacías en la Comunitat

VALÈNCIA. Unas 400 viviendas vacías. Ese es el número que una veintena de grandes tenedores han notificado a la Conselleria de Vivienda que tienen a lo largo de todo el territorio valenciano. Se trata de la primera comunicación que hacen desde la entrada en vigor en diciembre del registro que obliga a propietarios de más de diez inmuebles a informar a la Administración del número de activos en desuso que tienen en la Comunitat. Una información que ahora mismo están siendo verificada para ver si esas viviendas se pueden sacar al mercado en régimen de alquiler, de acuerdo con la normativa que aprobó en octubre el Consell. 

Y es que cabe recordar que la Generalitat Valenciana aprobó el pasado año un decreto para la movilización de las viviendas vacías de los grandes tenedores. Una norma que precisamente obligaba a los propietarios con de más de diez viviendas a poner en conocimiento de la Administración aquellas que tuvieran desahabitadas. Para ello, el departamento que dirige Héctor Illueca incluía la creación de un registro en el que debían inscribir de forma semestral los inmuebles que llevaran un año vacíos o destinados a otro uso que no fuera el residencial. Eso sí, los particulares estaban exentos de hacerlo de forma obligatoria. Y, por el momento, han informado de unas 400 unidades. 

El objetivo que perseguía la Generalitat era darles un uso y sacarlas al mercado del alquiler para atender las necesidades habitacionales a través del programa Xarxa Lloga'm'. De hecho, Vivienda calcula que en la autonomía habrían unas 20.000 unidades que cumplen con estos criterios. Por el momento, se han notificado unas 400, -el objetivo era movilizar unas 500 este año-, y existe una total predisposición pese a lo novedoso de la normativa y de que todavía se sigue recogiendo información, según explican a este diario fuentes de la Conselleria. 

Era en diciembre de 2021 cuando la Conselleria creaba este registro de control y seguimiento para poner en marcha la maquinaria. A partir de ese momento, cada seis meses las entidades con grandes carteras en la Comunitat deben informar de los inmuebles que tienen vacíos a la Administración. La inscripción permitirá, a su vez, conformar un inventario preciso de las viviendas deshabitadas existentes en la Comunitat Valenciana. 

No obstante, ahora mismo se está validando la información recibida. Y es que una vez inscritos, la Generalitat debe inspeccionarlos para declararlos como deshabitados si cumplen con los requisitos que marca el decreto. Y en ese proceso se está en ese momento. "Ahora mismo, los técnicos están verificando la información y haciendo las valoraciones para saber cuáles se podrían sacar al mercado", explican las mismas fuentes, que inciden en que son conscientes de que es una norma novedosa con derechos y obligaciones, que puede haber generado alguna confusión y que se hayan notificado viviendas que no cumplen con lo exigido en la normativa. 

Sanciones

En caso de incumplimiento, los grandes tenedores se enfrentarán a sanciones cuyo importe dependerá de la tipología del inmueble y de dónde esté ubicado. En concreto, las sanciones tipificadas como graves oscilarán entre los 10.000 y los 350.000 euros y las muy graves irán de los 350.000 hasta los 950.000 euros. 

En concreto, se penalizará cuestiones relacionadas con falta de información o falsedad de documentos, así como situaciones de discriminación, como no aceptar de inquilino a un migrante. Eso sí, solo se multará a grandes tenedores que son los que tienen la obligación de comunicar sus viviendas vacías. 

La previsión es tener en unas semanas la lista definitiva para poder incorporar las viviendas a la Xarxa Lloga'm', en la que también podrán participar los particulares que voluntariamente decidan movilizar sus pisos vacíos por un período de entre 7 y 8 años para alquiler social. Por el momento, este programa está pendiente de la aprobación de las cláusulas técnicas que regularán las pólizas de seguro y el seguro multiriesgo que se ofrecerá como garantías a los pequeños propietarios que se sumen a esta iniciativa.

Por tanto, por el momento, no se ha recibido ninguna propuesta todavía. Además, también se está activando la creación de una red de intermediación de 'Agentes Inmobiliarios Colaboradores' que se encargarán precisamente de tramitar estos alquileres con todas las garantías. Asimismo, la Generalitat se encargará de la reparación de desperfectos que no sean consecuencia del deterioro por el uso o el paso del tiempo y promoverá ayudas para la obtención del certificado de eficiencia energética. Todo ello con el fin de animar a los particulares a ceder aquellos pisos que tengan en desuso para alquiler asequible en un momento de tensión en el mercado por el alza de precios.