VALÈNCIA. El Gobierno valenciano aprobó hace tres semanas los Presupuestos de la Generalitat Valenciana de 2023. Unas cuentas que, por primera vez, situaban los fondos con los que contará À Punt el próximo ejercicio dentro del límite legal que marca la ley de creación de la radiotelevisión pública. En total, la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació contará con 83 millones de euros el año que viene, de los cuales 71 irán destinados a la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC), donde inscribe el grueso de la plantilla.
De acuerdo con la ley del Servicio Público de Radiodifusión y Televisión, el presupuesto del ente no puede representar un importe inferior al 0,3% ni superior al 0,6% de la cifra global. El presupuesto no financiero del Gobierno autonómico del próximo año (es decir, para gasto) es de 22.116 millones de euros. De esta manera, la Societat representa el 0,32% y, si se tiene en cuenta a la Corporació, el porcentaje aumenta hasta el 0,37%. En ambos casos, se alcanza el mínimo legal.
Sin embargo, esta es una cifra insuficiente para Unides Podem. Si los grupos parlamentarios que integran el Botànic -PSPV, Compromís y los morados- renunciaron la semana pasada con el cierre de enmiendas a la Ley de Acompañamiento a modificar el articulado de la ley del Servicio Público de Radiodifusión, no ocurrirá lo mismo con su presupuesto. La formación que dirige Pilar Lima en el Parlamento tiene previsto presentar una enmienda en solitario en la misma línea que la que registró el año pasado para aumentar en 5 millones de euros el dinero que la Generalitat otorga a À Punt.
La enmienda iría en la misma dirección que la presentada el año pasado, cuando el grupo reclamó 17 millones de euros más para la radiotelevisión pública. Con ello, pretendía que se garantizase la subida salarial de los empleados públicos de À Punt e incrementar también el personal de la Societat. Además, contemplaba la subida del 2% de las retribuciones para equipararlos a los del resto de trabajadoras del sector público valenciano.
De hecho, según fuentes del grupo parlamentario consultadas por este diario, estos 5 millones irían destinados únicamente al capítulo de personal y se distribuirían entre la Corporació y la Societat. Una modificación sobre las que Compromís y el PSPV todavía no se han posicionado.
También este año la diputada y portavoz adjunta de Unides Podem, Estefanía Blanes, pedirá que se garantice que el pago de toda la deuda correspondiente al IVA se asuma por parte de la Generalitat, a través de su presupuesto propio, y no a través del de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació. De esta forma, el problema de financiación que afecta a À Punt se solucionaría sin afectar a los 83 millones de euros del presupuesto.
Tal y como avanzó Valencia Plaza, la Generalitat ha evitado comprometerse en el presupuesto de 2023 a asumir este pago a pesar de que el tripartito firmó una enmienda el año pasado que les exigía hacerlo. Según fuentes del Consell, dado que el caso está judicializado, el Gobierno ha preferido no reservar la partida de 25 millones de euros que la Agencia Tributaria reclama a À Punt por el IVA desde 2016 porque si finalmente no es condenada, no habría que pagarlo. Si lo fuera, "Hacienda estudiará qué hacer", razonaron.
Consejeros del Audiovisual
Mientras tanto, la semana pasada el Pleno del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACV) acordó proponer a la periodista valenciana, Lola Bañón y al catedrático en comunicación audiovisual, Javier Marzal, para formar parte del Consejo Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC).
Ahora bien, para que Bañón y Marzal tomaran posesión, primero Les Corts deberían convocarlos para que comparecieran en la comisión de RTVV de Les Corts. Una vez lo hicieran, los grupos votarían su idoneidad para el puesto y, si salieran adelante, tomarían posesión. De acordarse su designación, los dos profesionales sustituirían los puestos que ocupan Raquel Piqueras y Mar Iglesias (hasta ahora presidenta de la CVMC), que han finalizado su mandato.
Una circunstancia que, precisamente, ralentizará el paso por comisión de los dos miembros nombrados por el Consejo Audiovisual. Desde Les Corts explican que si convocaran a Bañón y Marzal e Iglesias abandonase su puesto, el ente se quedaría sin presidenta y, por tanto, "sin nadie que firme nóminas o cualquier trámite que requiera pasar por el órgano de administración". "La ley no prevé un escenario donde el vicepresidente también abandone el órgano". Cabe recordar que Iglesias era vicepresidenta de À Punt y sustituyó a Enrique Soriano como presidente, pero según fuentes del Botànic, actualmente ningún consejero es vicepresidente y, por tanto, dejar a la Corporació sin nadie en la presidencia sería un dilema.
Con este escenario, la intención de los diputados es no convocar a Bañón y Marzal a comparecer hasta que el concurso para la Presidencia de À Punt que ahora mismo tiene abierto el Consell Audiovisual y al que se han presentado cuatro aspirantes esté resuelto. Y, una vez lo hayan hecho, darán paso a los nuevos consejeros.
La circunstancia, por tanto, dejará a Iglesias al frente de la Presidencia hasta febrero, dado que el nuevo presidente debe comparecer en Les Corts y ya no hay más plenos ordinarios hasta entonces. Los que restan este año serán dedicados a los presupuestos y el próximo mes de enero será inhábil.
Foto: KIKE TABERNER
