València dará hasta 20.000 euros a propietarios de pisos vacíos para que los reformen y alquilen

VALÈNCIA (EP). El alcalde de València, Joan Ribó, junto con la concejala de Vivienda, Isabel Lozano, ha presentado este jueves el programa municipal Reviure, que tiene como objeto volver a habitar las viviendas vacías en la ciudad y facilitar el acceso a un precio asequible, y que contempla subvenciones hasta un máximo de 20.000 euros para reformas, con un máximo de 60.000 por propietario, con la condición de que haya estado vacía durante al menos un año y el compromiso de mantenerla un mínimo de cuatro en el programa de alquiler.

Después la vivienda se adjudica a una persona de la bolsa de demandantes de alquiler accesible, cuyas normas se aprueban este vienes en Junta de Gobierno. 

La ayuda del consistorio se tiene que destinar al pago de las obras de reforma necesarias para que la vivienda esté en condiciones adecuadas de habitabilidad y a suscribir un seguro de impagos de la renta de alquiler. "Con pocos recursos estamos introduciendo en el mercado una serie de pisos que pueden satisfacer una demanda y, de paso, podemos ayudar también a bajar los precios", ha dicho Ribó, quien ha recalcado que se dan "garantías a los propietarios de que su piso tendrá una rentabilidad, también social".

Presupuesto de 500.000  euros

El alcalde ha destacado "la potencialidad" de esta iniciativa, que cuenta con un presupuesto de 500.000 euros para 2020 y pretende alcanzar como mínimo 25 viviendas en su primera convocatoria.

Ribó se ha referido al "cambio de tendencia en la sociedad", que ha pasado de estar "acostumbrada a comprar un piso" hacia un modelo de alquiler a causa, entre otros motivos, de las dificultades de los jóvenes para encontrar empleo o la movilidad en el puesto de trabajo. "Las consecuencias son muy claras: un incremento importante en el precio del alquiler, que hace que muchas personas no puedan tener acceso", ha expuesto.

En València hay alrededor de 57.000 pisos vacíos, según el último censo, y bien porque "son antiguos, no están adaptados, no es fácil ponerlos en el mercado en unas condiciones mínimas", ha indicado el primer edil, que quiere que estas viviendas, que no tienen una función social, entren en el mercado a un precio de alquiler asequible."La idea es que quien tenga una vivienda vacía durante al menos un año la ponga a disposición del Ayuntamiento para ser adjudicada a una persona o unidad de convivencia en régimen de alquiler asequible", ha explicado Lozano, que ha indicado que se trata así de "volver a habitar viviendas, facilitando el acceso a una vivienda digna y a un precio adecuado, para que puedan acceder personas que no tienen recursos económicos suficientes para acceder a la oferta del mercado inmobiliario".

Según ha detallado, se logra un "triple objetivo": movilizar la vivienda vacía en València, incrementar la oferta estable de vivienda en régimen de alquiler asequible y mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas de la ciudad.

Requisitos 

La concejala ha detallado algunos de los requisitos de los pisos: estar vacías o desocupadas como mínimo un año; estar dadas de alta de los suministros de agua, luz y gas; disponer de certificado de eficiencia energética en vigor; presentar un estado de conservación adecuado; estar provistas de cocina y baño y estar libres de muebles y efectos.

Por el contrario, "no se incluirán aquellas viviendas que, desde el servicio de Vivienda, se valore que no reúnen condiciones o que por su estado, ubicación o características resultan difícilmente arrendables o que su reforma sea de tal envergadura que necesite de una licencia de obras".

Por otro lado, las personas propietarias están obligadas a incorporar las viviendas en el programa durante un mínimo de cuatro años; aceptar a las persones inquilinas que proponga el Ayuntamiento de la bolsa de solicitantes de alquiler accesible; aceptar el precio del alquiler marcado por el Ayuntamiento, cuya cuantía se obtiene a partir de una fórmula que prevé un módulo básico marcado por la Conselleria de Vivienda, la superficie y la antigüedad del edificio, y también valora la zona, la conservación, la accesibilidad y las instalaciones de confort de la vivienda y el edificio.

Entre los beneficios del programa, según la edil, figura que el Ayuntamiento analiza el estado de la vivienda y facilita gratuitamente un informe y una tasación del precio del alquiler; busca a los inquilinos; elabora el contrato de arrendamiento y hace un seguimiento; asesora la propiedad sobre la tramitación del certificado de eficiencia energética, y se compromete a devolver la vivienda en buenas condiciones.

Lozano ha matizado que hay que "distinguir entre el programa Reviure y la subvención", de manera que "una vivienda puede incorporarse al programa sin solicitar o necesitar de la subvención porque se encuentra en buen estado". Se puede entrar a formar parte del programa durante todo el año, mientras que la convocatoria de 2020 para optar a una subvención es de 20 días naturales desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Acuerdo para la reconstrución de la ciudad

Según Lozano, el programa Reviure entronca con el Acuerdo Marco para la Recuperación y la Reconstrucción de la Ciudad de València en el contexto del postCOVID-19, aprobado en el Pleno del pasado 7 de julio, respecto a "la línea del derecho a la vivienda".

Isabel Lozano ha aludido a datos del Barómetro Municipal de Opinión Ciudadana del marzo, que "nos confirmaban que el programa tendría éxito". Así, "el 89,6% de la población se encuentra a favor de fomentar la rehabilitación de viviendas para destinarlas al alquiler y el 89,4% considera que hay que aumentar la seguridad jurídica para el arrendador garantizando el cobro de la renta".

Además, "el 43,9% de la población menor de 40 años vive en una vivienda de alquiler; el 80,6% de la población estaría a favor de ofrecer ayudas de rehabilitación a personas propietarias que pongan una vivienda en alquiler; el 59,8% de quien tiene una vivienda deshabitada no la tiene ofrecida en alquiler o venta; el 33,2% de la población tiene una vivienda deshabitada y no alquilada por desconfianza en el pago de la renta y el 8,9% de las viviendas deshabitadas podrían encontrarse en mal estado".