VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València lleva gastados hasta el mes de junio cerca de 3,5 millones de euros en más de 550 contratos menores, sin concurso público. Son datos recabados por el grupo municipal del Partido Popular acerca de la cantidad de contratos menores suscritos en lo que llevamos de año por parte de la administración municipal, que gobierna la coalición constituida por Compromís y PSPV.
En comparación con los años anteriores, se vendría a constatar una reducción en el empleo de esta vía de contratación por parte del consistorio del Cap i Casal. Así, a estas fechas, en 2019 se habían registrado 6,1 millones de euros adjudicados en 1.259 contratos menores y, por ende, sin concurso; mientras que el año pasado la cifra de este tipo de contratos ascendía en junio a 583 y el valor total de las adjudicaciones era de aproximadamente 4,1 millones de euros.
Pese a la reducción, el Partido Popular insistió este lunes en que los informes de la Intervención General dicen que esto es "reprobable e inapropiado para garantizar la igualdad y pública concurrencia de las empresas". La concejala popular Paula Llobet lamentó en este sentido que sea una práctica que "ya es habitual a pesar de los informes de la Intervención General".
En este sentido, censuró el "abuso" de estos "contratos a dedo para evitar la pública concurrencia" de empresas. "Se han convertido en la principal marca del mandato de Ribó y sus socios de gobierno desde que llegaron al Ayuntamiento de València", sentenció al respecto. Sobre ello, la edil popular manifestó que durante 2020 se adjudicaron 1.636 contratos menores por un valor cercano a los 11 millones de euros.
"Si nos remontamos a lo que llevamos de mandato, la cantidad asignada a través de este tipo de contratación directa supera los 20 millones de euros gastados en contratos a dedo", agregó Llobet, para insistir más tarde en que "los sucesivos Informes de Control Financiero de la Intervención General del Ayuntamiento vienen advirtiendo de que un gran número de concejalías tiene en los contratos menores su principal herramienta de gestión".
El contrato menor es una figura recogida en la normativa que, para agilizar la administración en contrataciones del día a día y evitar el colapso de los servicios, permite eludir el concurso público a la hora de adjudicar una obra o servicio. Desde marzo de 2018, el límite económico para contratar un servicio por esta vía es de 15.000 euros sin IVA; y para hacerlo con una obra, el rasero es de 40.000 euros sin IVA.
Sin embargo, su uso excesivo ha sido señalado por diferentes órganos de control de la administración. En 2018, por ejemplo, fue la Sindicatura de Comptes la que advirtió sobre esta cuestión, al señalar que su abundante utilización incurría en el fraccionamiento de contratos grandes en otros menores para poder asignarlos de forma directa, 'a dedo'. Y lo hacía al atender que una gran cantidad de contratos menores se habían adjudicado el mismo día, a un mismo empresario y para un mismo fin.
En 2020, fue el Tribunal de Cuentas el que fijó la mirada en el uso de este método de contratación, y en un informe señaló que varios contratos menores de 2016 por valor de 300.000 euros podrían haber sido fraccionados en el Ayuntamiento de València. La investigación del Tribunal se centraba en tres contratos en concreto que podrían haber sido adjudicados de manera irregular, pero a la postre, acabó archivando las pesquisas al entender justificados los motivos de su adjudicación.
Hay que recordar también que el gobierno municipal de València ha implementado en sus instrucciones internas de contratación la obligatoriedad por parte de los servicios municipales de solicitar al menos tres presupuestos antes de realizar las adjudicaciones de contratos menores, al objeto de poder valorar diferentes propuestas y garantizar así cierta concurrencia y competencia.