VALÈNCIA. 2021 será otro año más en el que el Ayuntamiento de València no podrá percibir ingresos del sector del sharing que ya funciona en la ciudad. La falta de una regulación del sector que debe elaborar la concejalía de Movilidad Sostenible impide la aplicación de un gravamen que el consistorio ya aprobó el año pasado pero que nació muerto.
La ordenanza fiscal aprobada el pasado año fija que las empresas de alquiler de vehículos compartidos que operen en las calles de la ciudad deben pagar una tasa anual de 78 euros por ciclomotor eléctrico y 82 por motocicleta eléctrica, y en cuanto a los turismos, si están exentos de pagar la zona azul, deberán abonar 715 euros anuales por unidad; mientras que si deben pagarla, la cifra crece hasta los 1.028 euros por unidad.
Así, quedó pendiente fijar la tasa que deberían pagar bicicletas o patinetes eléctricos de alquiler. El gravamen afecta tanto a empresas que tengan repartidos sus vehículos a lo ancho y largo de València como a los establecimientos que se dediquen a alquilar este tipo de vehículos y los tengan situados frente a su fachada o en el entorno del local.
Las previsiones reflejadas en informes de la concejalía de Hacienda, realizadas antes de la pandemia, cifraban en 700.000 euros anuales los ingresos que podría reportar la aplicación efectiva de la tasa, si bien aquí se contaba con que entrarían en la ordenanza fiscal los servicios de patinetes eléctricos, y finalmente no ocurrió porque, en la práctica, el sharing de patinetes no puede operar en València.
El alquiler de coches tampoco funciona por el momento: el consistorio aprobó un proyecto piloto de carsharing pero su puesta en marcha se ha retrasado por la pandemia. De este modo, el único sector que podría contribuir a las cuentas públicas municipales es el de las motos. Y en este campo, son seis las compañías que hacen negocio en las calles del Cap i Casal: Acciona, Muving, eCooltra, Molo, Yego y Blinkee.city. De hecho, datos no oficiales cuentan por miles el número de vehículos compartidos que están repartidos por las calles de València, superando los 3.000.
Así, los cálculos invitan a pensar que, al menos, las arcas del Ayuntamiento podrían percibir entre 200.000 y 300.000 euros anuales. Pero las compañías de motos desarrollan su negocio en la ciudad pese a -y aprovechando que- no existe una regulación concreta del sharing, lo cual no sólo impide la recaudación de esta tasa sino que, además, podría contemplar un marco de licitaciones o concesiones que limitasen los operadores y el número de vehículos a repartir.
Lo cierto es que esta regulación no es una prioridad en el área de Movilidad Sostenible que dirige Giuseppe Grezzi, donde se alberga el temor de que la existencia de un nuevo marco abra las puertas a la saturación del espacio público, especialmente de patinetes eléctricos. Porque como se ha dicho, el sharing de motos ya es un elemento más de la fotografía urbana.
A principios de año, Movilidad inició la redacción de un informe para estudiar la capacidad de València para los vehículos de movilidad personal (VMP) y, a partir de ahí, elaborar una norma. Grezzi se comprometió en septiembre, ante una moción del edil Narciso Estellés (Cs), a que dicho informe esté finalizado antes de acabar el año, aunque subrayó que la pandemia ha revelado que los sistemas de sharing de VMP "no son tan necesarios". En todo caso, dijo que era preciso estar "preprados para cuando pase esta situación".
Lo cierto, a la postre, es que esta falta de regulación deja al Ayuntamiento sin ingresos para acometer sus políticas públicas. En 2020 ya no se incluyó ninguna partida de ingresos por este menester en los presupuestos municipales. En 2021, el proyecto de cuentas tampoco lo contempla, por lo que el año que viene se proyecta como otro ejercicio sin que las compañías que ya operan en las calles aporten al erario público local.