Los vecinos de València se libran otra vez del 'catastrazo'

VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València pretendía pedir la revisión del catastro durante este mandato, pero la irrupción de la pandemia de coronavirus y la previsión de una crisis económica de calado ha paralizado la intención consistorial, que previsiblemente acabaría repercutiendo en un incremento generalizado de la base a partir de la cual se calcula el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles). Así, vecinos, autónomos y empresas pueden respirar tranquilos por el momento.

La concejalía de Hacienda tenía previsto iniciar el procedimiento para pedir al Ministerio de Hacienda esta revisión de los índices catastrales, según había confirmado el concejal del ramo, Ramón Vilar, a finales del año pasado. Como el resto de los mortales, no esperaba que una pandemia mundial inundara todo y provocara una crisis económica difícil de cuantificar todavía, y cuya recuperación se espera que se alarge durante varios ejercicios.

Desde la Hacienda municipal que dirige ahora Borja Sanjuán confirman que todavía no se había formalizado la solicitud, y que ante la incertidumbre generada por la pandemia, esta pretensión ha quedado en stand by. "Evidentemente ahora no toca", señalan al respecto. Y no toca, dicen, por múltiples motivos.

Más allá del incremento sustancial que sufriría el recibo del IBI con la previsible revisión al alza de los valores catastrales, estos índices sirven también para calcular el patrimonio de los propietarios. Por consiguiente, su aumento provocaría que algunos propietarios pudieran quedar fuera de ayudas y subvenciones públicas al incrementar de repente el valor de su patrimonio. Así, se quiere evitar desde el consistorio un impacto excesivo en la senda de la recuperación económica tras la pandemia.

La revisión del catastro lleva sin hacerse en València desde 1997, hace 23 años. Desde entonces, no se ha abordado ninguna actualización de la ponencia de valores para ajustar el valor catastral de los inmuebles a la nueva realidad, más allá de algunas inspecciones practicadas por el Gobierno central en 2014 a edificios públicos que no constaban en los registros.

El Ayuntamiento de la capital sí que hizo un amago de empezar con el proceso de actualización general en 2007, pero apenas un año después se desterró la idea. El gobierno del Partido Popular dirigido por Rita Barberá sostuvo como argumento el hundimiento del mercado inmobiliario y el perjuicio que podría suponer el excesivo incremento de este gravamen en la reactivación del sector.

Durante aquellos años, la caída de los precios del mercado inmobiliario los situó ostensiblemente por debajo de los valores catastrales. Una dinámica que se había revertido con motivo de la recuperación económica, por lo que con estos valores ya reequilibrados, el gobierno de Compromís y PSPV volvió a plantearse la idea, que quería poner en marcha en su segundo mandato (2019-2023). Pero el nuevo contexto de contracción económica ha dado al traste con esta idea por segunda vez.

También resulta de importancia tener en cuenta los plazos. La actualización de la ponencia de valores es un proceso lento que podría tardar unos tres años, según señalan en la concejalía de Hacienda: se estiman en dos años los trabajos que realiza el Catastro, dependiente del Ministerio, y más tarde se precisaría un ejercicio más para notificar a los propietarios de las nuevas valoraciones, para su posterior entrada en vigor.

De iniciarse ahora, podría ser de aplicación en 2023, cuando todavía se espera que resuene el eco en la actividad económica de la actual pandemia de coronavirus. Asimismo, ese mismo ejercicio están previstas las próximas elecciones municipales. Aunque la situación económica podría mejorar, en el consistorio rechazan fijar un plazo para retomar la idea de iniciar la revisión catastral.

El aumento del IBI en 2020

Todos los años, el Gobierno aplica un pequeño incremento del tipo estatal en el IBI de València. Lo hace en todas las ciudades en las que, como el Cap i Casal, no ha habido una revisión catastral. Desde hace tiempo, el gobierno municipal ha estado compensando esta subida del tramo general con una bajada similar en el tramo local, de manera que el recibo del contribuyente no se veía afectado.

En los presupuestos municipales de 2020, el consistorio rechazó usar esta herramienta de compensación, y la consecuencia directa es que este ejercicio se hará efectiva una subida generalizada del 3% en la factura del IBI. Se produce esto, precisamente, después de dos años de caída en la recaudación de este impuesto, que es el que mayores ingresos repercute a las arcas municipales -su recaudación supone más del 20% de los presupuestos municipales anuales-

En 2015, el presupuesto elaborado por el gobierno del PP proyectó un ingreso de 205 millones de euros, que se elevó a 215 millones en las primeras cuentas del gobierno dirigido por Joan Ribó (2016), y a 227 millones de euros en 2017. Desde entonces, la estimación ha disminuido: 222 millones en 2018 y dos millones menos en 2019. Con la subida aplicada este año, la estimación previa al coronavirus fue de un ingreso de 233 millones.

De cara a 2021, el gobierno municipal ya se ha comprometido a que no va a aumentar los tipos impositivos municipales. Tanto es así que el acuerdo de reconstrucción rubricado por todos los partidos excepto Vox incluye precisamente la congelación de los impuestos, de manera que tampoco se rebajarán -pese a las peticiones de la oposición-, y se mantendrá la subida aplicada en 2020. Otra cosa que es segura es que en los próximos tres años aproximadamente, los valores catastrales de la ciudad tampoco crecerán.