VALÈNCIA (EP) El Ayuntamiento de València ha aprobado este jueves su primera ordenanza de prestaciones individualizadas en servicios sociales, "la más avanzada de España" con cinco millones de euros en dos líneas: una de bienestar social para todas las necesidades que pueda tener una familia y otra para la mejora de la autonomía de los mayores.
La norma ha salido adelante en el pleno de febrero con el apoyo del gobierno local (Compromís y PSPV) y Ciudadanos --PP y Vox se han abstenido--, con lo que arranca el periodo de alegaciones.
Se trata de una nueva herramienta que recoge y ordena el catálogo de ayudas sociales municipales y que supone "la ordenanza más avanzada del Estado en este campo", como ha resaltado la concejala de Bienestar Social, Isabel Lozano.
Estas subvenciones quedan establecidas como un derecho subjetivo y universal de cada beneficiario, sin depender de una convocatoria concreta. La principal novedad es que cubren todas las necesidades básicas, como alimentación, vivienda, higiene, sanidad, nivel educativo, financiación de actividades de ocio y tiempo libre, necesidades de transporte o trámites documentales.
Por otro lado, el pleno ha dado luz verde al Plan Especial de Protección de Ciutat Vella, de forma definitiva tras pasar hace unas semanas por la comisión territorial de Urbanismo. El PEP se empezó a trabajar en 2015, al inicio de la pasada legislatura, ante la necesidad de una nueva regulación en el centro histórico.
El objetivo era actuar en "un barrio absolutamente degradado, turistificado y sin control jurídico", ha resaltado la vicealcaldesa y concejala de Desarrollo urbano, Sandra Gómez, poniendo en valor las "decisiones políticas valientes" como la moratoria de suspensión de licencias hoteleras. También ha destacado la participación de vecinos y comerciantes y su "amplísimo" respaldo.
El PEP busca garantizar el carácter residencial, reordenar el paisaje urbano y ampliar la protección del patrimonio sobre "elementos que nunca se habían planteado", como los rótulos. Es un plan "muy exigente" que presta atención a la publicidad de comercios y quiere generar un modelo de turismo sostenible y poner en valor la identidad del distrito. "De una política depredadora a una de crecimiento sostenible", ha ilustrado la también portavoz del PSPV.
En la misma línea, el alcalde, Joan Ribó (Compromís), ha resaltado que València está "conteniendo" el índice de pisos turísticos frente a la subida en otras ciudades de la Comunitat Valenciana. "El Plan de Ciutat Vella trabaja para conseguir este objetivo", ha aseverado en declaraciones a los medios antes del pleno.
El debate ha contado con portavoces de las plataformas vecinales del barrio de Penyarroja y de la plaza Músico López Chávari, criticando "el ataque permanente contra el suelo público". Tanto PP como Cs han acusado al Ayuntamiento de incoherente por "usar un instrumento urbanístico para cargarse una pequeña plaza en el corazón de València" e "imponer en lugar de proponer", respectivamente.
Más allá de Ciutat Vella, el pleno ha acordado el traslado definitivo del mercado del Rastro de las inmediaciones de Mestalla a la avenida de Tarongers, con el apoyo del gobierno municipal y Cs y la abstención de PP y Vox. Se pondrá en marcha previsiblemente el último domingo de marzo como "gran parque", ha avanzado Ribó.
En materia de seguridad se ha aprobado el reglamento interno del uso de drones para labores de protección y vigilancia en la Policía Local, con el apoyo de todos los grupos salvo Vox. Será una unidad creada con recursos europeos que contará con siete drones más para todo el año, "no solo durante periodos festivos como Fallas", ha avanzado el edil de Protección Ciudadana, Aarón Cano.
Estas aeronaves no tripuladas realizarán actuaciones de rescate de personas, vigilancia de playas o prevención y actuación ante incendios forestales, especialmente en el ámbito de la Devesa de València.