VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València tiene ante sí un mes para adaptar la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que actualmente restringe el tráfico en el casco histórico a vecinos, empresas y carga y descarga fundamentalmente, pero cuya regulación debe extender al resto de la ciudad en función de los niveles de contaminación. Una medida obligatoria para las grandes ciudades según la Ley de Cambio Climático y que el Ayuntamiento debe poner en marcha antes del 29 de junio para cumplir con el decreto del Gobierno.
El anterior gobierno municipal, con el edil Giuseppe Grezzi al frente de la concejalía de Movilidad, ya activó el Área de Prioridad Residencial (APR) en Ciutat Vella, que mediante un sistema de cámaras y sanciones impide el paso a cualquiera que no sea residente, ostente un negocio o vaya a algún parking de la almendra central, con algunas excepciones como vehículos de reparto, transporte público o emergencias. Son cinco los puntos de acceso controlados por cámaras a buena parte de Ciutat Vella.
Con todo, la normativa obligaba a la ciudad a implantar una Zona de Bajas Emisiones en 2023 para restringir el acceso a determinados vehículos en función de sus emisiones y permitir la entrada de los más limpios, mediante una zonificación y el control diario de la contaminación del aire en la ciudad. Así, el ejecutivo local actual, ya dirigido por PP y Vox, y con el edil popular Jesús Carbonell al frente del departamento de Movilidad, transformó de manera transitoria el Área de Prioridad Residencial existente en el centro urbano en una suerte de pequeña ZBE, que ahora tiene que adaptar a toda la ciudad.
El Gobierno aprobó un decreto hace un año y medio donde especificaba que los instrumentos de planificación existentes con carácter previo debían "adaptarse" en "un plazo máximo de 18 meses" desde entonces, esto es, antes del próximo 29 de junio, tal como ha reconocido el propio Ayuntamiento. En el decreto se perfilaba las características que deberán cumplir esta zona, que podrá contar con medidas "de carácter continuo o temporal" como restricciones de acceso, circulación y estacionamiento.
Pero el modo de articular las restricciones y su aplicación todavía no se ha clarificado y deberá fijarse en una ordenanza en la que trabaja la concejalía de Movilidad. Por el momento, preguntadas fuente del gobierno local sobre si se aprobará en el mes de junio, aseguraron a este diario que todavía no hay noticias al respecto.
Lo cierto es que las limitaciones que rigen en Ciutat Vella actualmente son "muy, muy estrictas", como reconoció Carbonell en diciembre, y ya avanzó que no se van a seguir los mismos criterios para el resto de la ciudad. Para poner en marcha la ZBE, el Ayuntamiento de València adjudicó un contrato para la instalación de 257 cámaras que controlarán las diferentes zonas en las que quedará dividida la ciudad, y que permitirán modular las restricciones en función de los niveles de contaminación.
En ese sentido, el edil de Movilidad previó que habrá "un margen de maniobra amplio para no aplicar medidas restrictivas excesivamente relevantes", porque se hará en función de la contaminación atmosférica, cuyos niveles "están por debajo de los límites marcados por la normativa europea", según reflejan los informes de la empresa adjudicataria encargada de poner en marcha todo el proyecto.
El contrato adjudicado por el consistorio prevé dividir la ciudad en cinco grandes áreas. El Área Norte 1 quedará delimitada por la marginal izquierda del río, la ronda norte y la fachada marítima -sin la UPV, que tendrá un área propia, el Área Norte 2-. El Área Centro comprenderá el espacio incluido desde la marginal derecha del río y la ronda interior -Colón, Xàtiva, Guillem de Castro-. El Área Sur 1 estará delimitada por la marginal derecha del río, la Avenida del Cid y la V-30 -sin el área centro-, a lo que suma Nazaret y Pinedo. Y el Área Sur 2 abarcará los barrios entre la Ronda Sur y la V-30.
La idea con la que trabajaba el anterior ejecutivo es crear tres grandes listas de vehículos: una blanca, otra gris y otra negra. La primera estaría conformado por los vehículos menos contaminantes según el etiquetaje de la DGT, y que podrán circular por toda la ciudad. Los calificados como grises, serían los más antiguos y que emiten más CO2, y que estarían afectados por las restricciones. Y los negros lo serán por seguridad: vehículos robados o que hayan tomado parte en delitos.
Cabe recordar que la implantación de la Zona de Bajas Emisiones de València ha recibido financiación europea de 10 millones de euros mediante los fondos Next Generation.