València contrata al bufete Monfort y Bonell para negociar el convenio de la Fundación Deportiva

VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València ha decidido recurrir a los servicios de un bufete de abogados externo para poder cerrar el Convenio Colectivo de la Fundación Deportiva Municipal. En concreto, el consistorio ha firmado un contrato menor con Monfort y Bonell Abogados, S.L. Profesional, un despacho fundado en 1988 y especialista en el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. La decisión, que se tomó a instancias de una moción de la concejal de Deportes del Ayuntamiento de València, Maite Girau, se ha hecho efectiva durante este año y servirá, según explicó la propia Girau, para tratar cuestiones específicas relacionadas con el nuevo Convenio Colectivo. 

El contrato, de servicio, se considera menor ya que su importe es inferior a 18.000 euros. En estos casos el expediente de contratación sólo requiere la aprobación del gasto y la posterior incorporación de la factura. La propuesta contó con el visto bueno de la Junta de Gobierno Local, quien delegó estas competencias en Girau, y “con todos los informes favorables”, según la propia concejala. 

Girau justificó este contrato en el hecho de que los servicios jurídicos del Ayuntamiento se hallan saturados. Asimismo, aseguró que estos servicios están en todo momento al tanto de los trabajos que realiza el bufete. “No se ha hecho para evitar un contrato mayor, sino porque no pueden ir tan al detalle en este tipo de negociaciones”, dijo.

Monfort y Bonell Abogados asesoró en su día a la Universidad Internacional de Valencia (VIU por su acrónimo en inglés), durante los años de gobierno del PP. Esta universidad perteneció a la Generalitat hasta su venta al Grupo Planeta a finales de 2013. Si bien en aquella ocasión a Monfort y Bonell Abogados se le abonó por dictámenes, el Ayuntamiento de València ha preferido en esta ocasión abonar una mensualidad de 1.000 euros y el IVA aparte. El coste final del contrato es 14.520 euros.

La carencia de personal está obligando al consistorio a acudir a empresas privadas en diferentes áreas. El incremento de los contratos menores ha sido criticado por el grupo municipal Ciudadanos cuyo portavoz, Fernando Giner, ha solicitado al alcalde, Joan Ribó, un compromiso para reducirlos en la medida de lo posible. Por ello, la formación naranja ha presentado una batería de preguntas al próximo pleno en la que pide el detalle de las medidas que se van a implantar en el ejercicio 2018 para disminuir su uso. 

Algo que en el consistorio se estima complicado, habida cuenta el corsé que supone la tasa de reposición, y que se agrava por el carácter fiscalizador de la Delegación del Gobierno. Buen ejemplo de ello es la polémica por el recurso que ha planteado el delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, a la contratación de personal para la dependencia por parte del Ayuntamiento de València. Este recurso fue calificado por el concejal de Gobierno Interno, Sergi Campillo, como el recurso de la vergüenza.