VALÈNCIA (EP). El Ayuntamiento de València firmará este martes la orden de inicio del expediente para contratar una evaluación del estado del edificio y las instalaciones del balneario de la Alameda, con el objetivo de determinar la indemnización que en su caso proceda por los daños y perjuicios causados por el último contratista. Además, se elaborará un informe de necesidades para la nueva licitación, que establecerá una vida útil de un mínimo de 25 años para este servicio público.
Según informa el grupo municipal del PP, que gobierna junto a Vox, técnicos del Ayuntamiento entraron este pasado lunes al balneario y encontraron unas instalaciones "altamente deficientes". De acuerdo al PP, el concesionario entregó la posesión al Ayuntamiento el pasado 17 de junio después de la rescisión unilateral del contrato por parte del consistorio, por lo que "solo en esta fecha se ha podido entrar legalmente y se ha constatado el lamentable estado de conservación".
De hecho, "al no haber disponibilidad de corriente eléctrica, la inspección se realizó empleando linternas como sistema de alumbrado en aquellas zonas donde no había luz natural". Por tanto, "no se pudo comprobar el estado de las bombas ni del resto de equipos eléctricos".
Estas son algunas de las deficiencias detectadas: las paredes de un cuarto están descascarilladas y llenas de humedades; no se observa existencia de sistemas de ventilación; la inspección no pudo acceder al cuarto de bombas que depura el agua de las termas y del spa al estar inundado de agua; la caldera que está al pie de la escalera de acceso a este cuarto de bombas no se ha cambiado, "tal y como se le requirió en acta de inspección de 2019"; en el sopa se observa una gran cantidad de teselas sueltas y oxidación evidente de elementos metálicos; el techo de las instalaciones exhibe un "muy mal estado de conservación "con desconchados y piezas sueltas; la cúpula metálica y de cristal presenta un elevado estado de corrosión.
Además, según el grupo mayoritario del gobierno local, en las termas romanas se observa presencia de incrustaciones en la superficie de los vasos, los marcos de las puertas están "podridos", se observan desconchados de los azulejos de la pared y las instalaciones de baño están en un "lamentable" estado de mantenimiento.
Todo ello cuando el PP asegura que "no se ha procedido a llevar a cabo, o no se tiene constancia, de las modificaciones requeridas por la inspección al objeto de subsanar las deficiencias encontradas a lo largo de las inspecciones realizadas durante los años 2021 y 2022".
De acuerdo a este grupo, la falta de pago del canon se produjo en 2017, durante el anterior gobierno municipal (Compromís-PSPV), y "desde entonces se debía haber incoado un procedimiento de resolución del contrato". "La falta de pago del canon supone el incumplimiento de una obligación esencial del concesionario que es causa de resolución del contrato", recalca.
Según denuncia el PP, el anterior gobierno de Joan Ribó no incoó el procedimiento de resolución en legislatura y media, mientras el equipo liderado por Mª José Catalá lo hizo "40 días de iniciar el mandato, el 28 de julio de 2023". El Consell Jurídic Consultiu informó favorablemente de la propuesta de resolución del contrato el pasado 6 de marzo, tras lo que la resolución fue acordada por la junta de gobierno local el 15 de marzo.
Ante esta situación, en la evaluación se pretende establecer las necesidades para la licitación de una nueva concesión demanial del balneario, así como determinar la capacidad, resistencia, patologías y durabilidad de las instalaciones para saber qué elementos deben ser repuestos. La orden la firmará este martes el concejal de Grandes Proyectos y Patrimonio, Pepe Marí.
Paralelamente a la tramitación del procedimiento se ha formado un grupo de trabajo para estudiar los nuevos pliegos entre los servicios municipales de Licencias de Actividad, Ciclo Integral del Agua, Servicios Centrales Técnicos, Sanidad y Patrimonio, con diez reuniones celebradas en los últimos meses. Ya existe un borrador de pliegos técnico y administrativo sobre los que se trabaja.
Los pliegos se consultarán con el sector, ya que el Ayuntamiento quiere garantizar la viabilidad de cualquier posible proyecto de gestión antes de convocar la licitación de una concesión demanial para la explotación del balneario, "especialmente teniendo en cuenta que el concesionario deberá realizar importantes inversiones".
Desde la oposición en el consistorio, el edil de Compromís Ferran Puchades ha lamentado que el ejecutivo local --PP y Vox-- haya "rechazado de plano la moción presentada" por este grupo municipal "en la Comisión de Patrimonio, Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana que pedía la inclusión de precios públicos en la licitación para la concesión del balneario del Alameda".
Puchades ha expuesto que Compromís ha mostrado su "extrañeza" porque "ni siquiera" el gobierno local y el edil de Grandes Proyectos y Patrimonio, Pepe Marí, han formulado "una propuesta alternativa" tras afirmar que "sería muy positivo que se pudiera garantizar el acceso de la ciudadanía a los servicios del balneario".
"Desgraciadamente, el concejal Olano ha antepuesto sacar unos pliegos que buscarán garantizar que la licitación se hace efectiva frente a los intereses generales de la ciudadanía como es poder disfrutar de un recurso público", ha expuesto el representante de Compromís en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.
Ferran Puchades ha añadido que "curiosamente, pese a la negativa del gobierno municipal a acoger la moción, hoy mismo" se ha informado de que se "licitará la evaluación del estado del balneario" y ha considerado que esto es "una muestra de que, de nuevo, el gobierno va a remolque de las preguntas y mociones de la oposición".
"No acepta nuestras propuestas pero pone en marcha la maquinaria administrativa a golpe de acciones de la oposición. Para Compromís al menos queda el resultado de que nuestra acción es la coartada para levantar a los concejales de sus sillas y que hagan como que están haciendo algo mientras los expedientes se demoran en su tramitación", ha afirmado Puchades.
Asimismo, ha manifestado que "la realidad es que desde 2005 en que se entregó la concesión a la empresa privada, nunca pagaron ningún canon", al tiempo que ha apuntado que "gracias al trabajo llevado a cabo durante los últimos años, el actual gobierno ha tenido en bandeja poder acudir al Consell Jurídic Consultiu, que avaló en marzo la rescisión de la concesión que entregó Rita Barberá por el exorbitante plazo de 50 años".
