VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València ha logrado desbloquear la compra del Palacio de los Marqueses de Montortal mediante la fórmula del retracto tras llegar a un acuerdo con su actual propietario, el abogado y empresario Manuel Broseta. La operación había quedado en el aire después de que el pasado mes de enero el dueño presentara un recurso al considerar que el consistorio que preside Joan Ribó la aprobó fuera de plazo, además de no estar de acuerdo con el precio.
El pacto, que pasó este viernes por la Junta de Gobierno Local y que se cerró el pasado 12 de mayo, resuelve que el Ayuntamiento abonará al empresario los 400.000 euros -más IVA- de un proyecto de rehabilitación que se vio obligado a pagar cuando cerró la compra con el anterior propietario, pero también se le costearán los gastos de gestión, notariales y fiscales. A cambio, Broseta retirará el recurso que había presentado contra la operación y renunciará así a pleitear por la propiedad del inmueble.
La historia del conflicto sobre el edificio se remonta a diciembre de 2021, cuando el propietario (Grupo Murcia Puchades) se lo vendió a Pitman Inversiones Inmobiliarias, propiedad de Broseta, por 2,4 millones de euros más otros 400.000 euros de un proyecto de rehabilitación que había pagado el anterior propietario.
Tras tener conocimiento de la transacción, el Servicio de Patrimonio del Ayuntamiento de València consideró que podía ser interesante quedarse el edificio para ampliar el Archivo Histórico municipal sito en el edificio de al lado, el Palacio de los Condes de Cervelló. Así, apenas dos meses después de la operación, el 1 de febrero de 2022, Patrimonio puso en marcha el expediente para iniciar los trámites tendentes a ejercer el derecho de retracto por 2,4 millones, como publicó en exclusiva Valencia Plaza.
Este procedimiento legal permite a las administraciones, dentro de un plazo de seis meses, quedarse el edificio que ha sido previamente vendido. Tras el acuerdo de adquisición por parte del Ayuntamiento, Pitman Inversiones Inmobiliarias presentó alegaciones para frenar la compra y, subsidiariamente, en caso de no ser atendida su primera petición, reclamó que se sumara al precio los 400.000 euros del proyecto de rehabilitación impuestos por el vendedor como condición para cerrar la operación, así como los gastos de gestión, notariales y fiscales. De todo lo que reclamó en ese momento, solo fue atendida esta última petición y el Ayuntamiento acordó la compra, el 23 de diciembre de 2022, por 3,04 millones de euros.
Sin embargo, Broseta interpuso un recurso ante las dudas de que el Ayuntamiento hubiera respetado los plazos que fija la ley para poder ejercer el derecho de retracto. Si esta es de un semestre, el consistorio habría superado este margen temporal para ejercerlos, por lo que entendía que la administración local había perdido el derecho de adquisición preferente del Palacio.
El llamado Palacio de los Marqueses de Montortal es un edificio histórico del siglo XVIII y de estilo barroco. Colinda con el Palacio de los Condes de Cervelló, que fue residencia de los Reyes durante el siglo XIX y que en la actualidad acoge el Archivo Histórico municipal. Por ello, la concejalía de Patrimonio Histórico, que dirige Gloria Tello, buscaba incorporar el antiguo palacete para ampliar este archivo.
Tras tener constancia de la compraventa realizada en diciembre de 2021 y comunicada tanto por el comprador como por el vendedor, Tello emitió un decreto el 1 de febrero solicitando el inicio de los trámites para "ofrecer la posibilidad" al Ayuntamiento de València de ejercer el derecho de tanteo o retracto.
En su recurso, presentado el pasado mes de enero de 2023, la empresa de Brosesta señalaba que la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano recoge en su artículo 22.3 que cualquier ayuntamiento que tuviera derecho de retracto podría ejercerlo "en el plazo de seis meses desde que tuvo conocimiento fehaciente de la transmisión".
Así, dado que la Junta de Gobierno Local acordó adquirir el inmueble por retracto el 23 de diciembre de 2022, a juicio de la mercantil, el Consistorio se encontraba ya fuera de plazo para ejercer el retracto, ya que la Concejalía de Patrimonio Histórico tuvo conocimiento de la operación de compraventa el 1 de febrero ese mismo año, de manera que el semestre que ofrece la ley caducó el 1 de agosto. Ello habría conllevado, según recogía el escrito de Broseta, "la extinción del derecho por el mero transcurso del tiempo". O dicho de otro modo: en esa fecha "se produjo automáticamente la caducidad del derecho de retracto".
Además, en su escrito, Manuel Broseta advertía que aunque en mayo de 2022 la Policía Nacional se personó en el domicilio fiscal de la empresa para reclamarle la documentación necesaria para que el Ayuntamiento pudiera subrogarse en las condiciones de comprador, no fue hasta el mes de noviembre de 2022 cuando el Consistorio le requirió para que se diera de alta en el registro de acreedores del Ayuntamiento "a los efectos del posible ejercicio del derecho de tanteo y/o retracto". Este documento, según el recurrente, denotaba que no existía "una decisión positiva sobre la conveniencia de retraer, sino que se emite en el marco del proceso decisorio del Ayuntamiento, es decir, cuando este se encontraba todavía ponderando si hacer uso del derecho o no".
Según la empresa, la decisión de la Junta de Gobierno de 23 de diciembre de 2022 fue "el único documento obrante en el Expediente Administrativo" que cumplía el requisito de ser "un acto positivo de la Administración beneficiaria por el que ejercita efectivamente el derecho de retracto".
El conflicto, finalmente, se a zanjado de forma amistosa entre el comprador y el Ayuntamiento: el primero renunciará a pleitear por el inmueble en favor de la administración, pero el consistorio deberá abonarle los gastos de haber rehabilitado el inmueble, así como la plusvalía y los gastos de notaría.