La compra del Palacio de Montortal por el Ayuntamiento de València, en el aire por la burocracia

VALÈNCIA. La compra del Palacio de los Marqueses de Montortal por parte del Ayuntamiento de València mediante la fórmula del retracto está en el aire. Su actual propietario, que no es otro que el abogado y empresario Manuel Broseta ha recurrido la operación al considerar que el consistorio que preside Joan Ribó la aprobó fuera de plazo. Y no uno ni dos días, sino con varios meses de retraso respecto a lo que marca la ley.

El gobierno municipal aprobó a finales del pasado mes de diciembre la adquisición del Palacio de Montortal, situado en el número 4 de la plaza de Tetuán de València, mediante el ejercicio del derecho de retracto, que permite a las administraciones, dentro de un plazo de seis meses, quedarse un edificio que ha sido previamente vendido.

El edificio era propiedad del Grupo Murcia Puchades, que se lo vendió en diciembre de 2021 a Pitman Inversiones, propiedad de Manuel Broseta, por 2,4 millones de euros más otros 400.000 euros de un proyecto de rehabilitación que había pagado el anterior propietario. 

Tras tener conocimiento de la transacción, el Servicio de Patrimonio consideró que podía ser interesante quedarse el edificio para ampliar el Archivo Histórico municipal sito en el edificio de al lado, el Palacio de los Condes de Cervelló. El 1 de febrero de 2022, el Servicio de Patrimonio puso en marcha el expediente para iniciar los trámites tendentes a ejercer el derecho de retracto por 2,4 millones, como publicó en exclusiva Valencia Plaza.

Pitman Inversiones presentó alegaciones tratando de frenar la operación y, subsidiariamente, reclamando que se sumaran los 400.000 euros del proyecto de rehabilitación -que asegura que fueron impuestos por el vendedor como condición para cerrar la operación- y los gastos de gestión, notariales y fiscales. Solo fue atendida esta última petición y el Ayuntamiento acordó la compra, el 23 de diciembre de 2022, el Ayuntamiento acordó la compra, el 23 de diciembre de 2022, por 3,04 millones de euros.

Ahora, un recurso presentado por la empresa propietaria arroja dudas sobre si el Ayuntamiento realizó esta operación de adquisición preferente dentro de los plazos que fija la ley. 

Casi once meses de tramitación

El llamado Palacio de los Marqueses de Montortal es un edificio histórico del siglo XVIII y de estilo barroco. Colinda con el Palacio de los Condes de Cervelló, que fue residencia de los Reyes durante el siglo XIX y que en la actualidad acoge el Archivo Histórico municipal. Por ello, la concejalía de Patrimonio Histórico, que dirige Gloria Tello, buscaba incorporar el antiguo palacete para ampliar este archivo.

Tras tener constancia de la compraventa realizada en diciembre de 2021 y comunicada tanto por el comprador como por el vendedor, Tello emitió un decreto el 1 de febrero solicitando el inicio de los trámites para "ofrecer la posibilidad" al Ayuntamiento de València de ejercer el derecho de tanteo o retracto. 

En su nuevo recurso, presentado el pasado mes de enero y al que el Consistorio no ha respondido, la empresa de Brosesta señala que la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano recoge en su artículo 22.3 que cualquier ayuntamiento que tuviera derecho de retracto podrá ejercerlo "en el plazo de seis meses desde que tuvo conocimiento fehaciente de la transmisión". 

Con estos mimbres, dado que la Junta de Gobierno Local acordó adquirir el inmueble por retracto el 23 de diciembre de 2022, a juicio de la mercantil, el Consistorio se encontraba ya fuera de plazo para ejercer el retracto, ya que la Concejalía de Patrimonio Histórico tuvo conocimiento de la operación de compraventa el 1 de febrero ese mismo año, de manera que el semestre que ofrece la ley caducó el 1 de agosto. Ello habría conllevado, según recoge el escrito de Broseta, "la extinción del derecho por el mero transcurso del tiempo". O dicho de otro modo: en esa fecha "se produjo automáticamente la caducidad del derecho de retracto". 

Además, en su escrito, Manuel Broseta advierte que aunque en mayo de 2022 la Policía Nacional se personó en el domicilio fiscal de la empresa para reclamarle la documentación necesaria para que el Ayuntamiento pudiera subrogarse en las condiciones de comprador, no fue hasta el mes de noviembre cuando el Consistorio le requirió para que se diera de alta en el registro de acreedores del Ayuntamiento "a los efectos del posible ejercicio del derecho de tanteo y/o retracto". Este documento, según el recurrente, denota que no existía "una decisión positiva sobre la conveniencia de retraer, sino que se emite en el marco del proceso decisorio del Ayuntamiento, es decir, cuando este se encontraba todavía ponderando si hacer uso del derecho o no". 

Según la empresa, la decisión de la Junta de Gobierno de 23 de diciembre de 2022 "es el único documento obrante en el Expediente Administrativo que cumple el requisito de ser un acto positivo de la Administración beneficiaria por el que ejercita efectivamente el derecho de retracto". 

Tras poner de manifiesto lo que considera "pasividad" del gobierno de Ribó, la empresa añade que "es evidente que el Ayuntamiento ha dejado pasar el plazo para el ejercicio de este derecho sin haberlo realizado porque la propia Generalitat sí tuvo tiempo a estudiar la documentación y a decidir si ejercía el derecho o no lo ejercía". Se refiere así a la decisión del Consell de no ejercer el retracto, al que tiene derecho preferente respecto a los ayuntamientos, comunicada el 3 de junio de 2022, dentro del plazo que la ley otorga a ambas administraciones. 

El precio de adquisición

Otro de los motivos por los que el actual dueño han presentado un recurso de reposición al acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno del pasado mes de diciembre afecta al precio por el que el Ayuntamiento ha ejercido el retracto: algo más de 3 millones de euros. 

En este sentido, subrayan que el palacio no se encontraba a la venta y que la operación "estaba condicionada a la compra de los proyectos". Es decir, a que el comprador se hiciera cargo de los proyectos de reforma y rehabilitación del inmueble. Un coste de 400.000 euros -más IVA- al que Pitman Inversiones suma los gastos realizados hasta la fecha: pago de plusvalía o gastos de notaría, entre otros, que supondría una inversión de 3,5 millones de euros (impuestos incluidos), 500.000 euros más de lo que está dispuesto a pagar el Ayuntamiento.