Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El Ayuntamiento de València tiene sobre la mesa de nuevo la municipalización del servicio de grúa después de que ninguna empresa se presentara al concurso público puesto en marcha por el consistorio para la contratación externa. Es, según explican en la concejalía de Seguridad Ciudadana, que dirige Aarón Cano, una de las opciones que se están estudiando para desbloquear la situación de esta contrata.
El Ayuntamiento inició en septiembre la licitación correspondiente con un presupuesto inicial de 17,5 millones de euros para los próximos cinco años. Una de las novedades más señaladas que recogían los pliegos era que la adjudicataria estaría facultada para retirar los vehículos de movilidad personal (VMP), algo que hasta el momento no podía llevar a cabo, dado que el anterior concurso público se realizó antes de que esta nueva forma de movilidad irrumpiera en la ciudad.
Este concurso, sin embargo, quedó desierto como publicó Valencia Plaza. "No se ha presentado ninguna empresa al procedimiento", rezaba el acta de la mesa de contratación de finales de octubre, en la que se decía, por ende, que ninguna oferta podía ser evaluada y se procedía a declarar desierto el proceso de contratación. Ahora, el área impulsora de este contrato, el de Seguridad Ciudadana, tiene ante sí varias posibilidades.
Una de ellas es volver a sacar una licitación, en cuyo caso cabe revisar los pliegos, habida cuenta la falta de interés que habían generado en el sector los que se hicieron públicos en septiembre. Así, una de las cuestiones fundamentales en las que cabría centrarse, señalan las fuentes consultadas, sería la cuantía económica. Se estudia incrementarla para atraer a firmas privadas a un futuro concurso.
Pero lo cierto es que no se desecha la alternativa de la municipalización del servicio, por lo que no está claro que se vaya a convocar una nueva licitación. Lo importante, señalan las mencionadas fuentes, es desbloquear de una forma o de otra la gestión del servicio de una vez por todas, que acumula a sus espaldas un historial turbulento. De hecho, la municipalización del servicio ya se planteó en 2016, un ejercicio después de tomar las riendas el gobierno de izquierdas.
Entonces, la entonces edil de Seguridad Ciudadana y ahora portavoz socialista, Sandra Gómez, anunció la resolución de la anterior contrata, que gestionaba UTE Pavapark Movilidad y Autobuses Playa San Juan, por incumplimiento de los pliegos. En palabras de Gómez, esto era una "patata caliente" del anterior gobierno cuya contrata, además, había empeorado el servicio y había incumplido las condiciones pactadas. Sin embargo, no fue hasta mitad del mandato, en octubre de 2017, cuando se hizo efectiva la rescisión. Una maniobra que costó al consistorio una indemnización de 2,5 millones de euros en su momento.
El ejecutivo local tanteó en aquel momento la municipalización del servicio, pero finalmente se optó por otro concurso público. Proceso que se ha ido demorando hasta que se han cumplido tres años. Pero durante todo este tiempo, la UTE ha estado prestando el servicio, puesto que el consistorio lo entiende necesario e irrenunciable en una ciudad como València. De modo que ha estado prorrogando la contrata sine die y pagando a la unión de empresas religiosamente 363.000 euros mensuales mediante reconocimientos de obligación. En total, más 12 millones de euros desde entonces.
Como publicó Valencia Plaza, Antifraude investiga si la compañía ha percibido dinero por encima de los servicios prestados en la práctica. La Agencia asegura que el consistorio "estaría manteniendo en activo el servicio [...] cuya intensidad de uso se ha reducido de manera muy sustancial en los servicios prestados, pero sigue abonando por dicho servicio unas contraprestaciones económicas mensuales fijas". Un pago, que, dice la Agencia, "no resultarían jurídicamente procedente", al retribuir "cantidades que no corresponderían con las prestaciones efectivamente realizadas".
Además, se estima una cantidad considerablemente superior a la que la UTE estaba percibiendo dentro de contrato. Así, por ejemplo, en los cuatro meses posteriores a la rescisión del contrato, el Ayuntamiento pagó 2,1 millones de euros por un servicio que, en el mismo período del ejercicio anterior, con contrato, había costado 1,3 millones. Esto supuso, por tanto, pagar un 60% más.
Ante esta situación, la Agencia Valenciana Antifraude instó hace más de un año al Ayuntamiento a que pusiera en marcha el concurso público correspondiente "con la mayor celeridad posible", como publicó este diario. El organismo que dirige Joan Llinares insistía en la necesidad de sacar la licitación pública y acabar así con los pagos fuera de contrato a la mencionada UTE. Así se hizo, pero la falta de concurrencia ha hecho que quede desierto. Ahora, el consistorio estudia todas las opciones que estén al alcance para arrojar luz al futuro en la gestión de la grúa: o un nuevo concurso, o la municipalización.
