VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València ya tiene vía libre para cobrar a las empresas de suministros la tasa por el uso del espacio público que aprobó en 2017 y que varias compañías habían llevado a los tribunales. El Tribunal Supremo ha estimado el último recurso presentado por el consistorio y, por tanto, valida la ordenanza fiscal que regula este gravamen municipal.
La ordenanza, que debería estar aplicándose desde principios de 2018, dicta que las empresas deberán pagar al Ayuntamiento de València una tasa por las instalaciones de transporte de energía -torres, transformadores y otras instalaciones-, gas, agua u otros suministros energéticos, instalaciones de bombeo, o para el transporte de hidrocarburos. La tasa asciende al 5% de un índice calculado en función del valor de las instalaciones y el espacio que ocupan.
No obstante, algunas empresas afectadas presentaron recursos contencioso-administrativos en el juzgado con el fin de que se anulase la tasa, argumentando, entre otras cosas, que se les estaba gravando doblemente o que la ordenanza carecía de la justificación preceptiva para que tuviera luz verde en el consistorio. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana les dio la razón en un primer momento, pero el consistorio elevó la causa al Tribunal Supremo, cuya sentencia ahora es favorable al gobierno municipal.
De esta manera, el Ayuntamiento de València podrá empezar a obtener ingresos por esta vía, que hasta el momento había sido impracticable por la negativa de las compañías. De hecho, en 2018 y 2019 el consistorio no registró ninguna recaudación por esta tasa, y como tampoco había previsión de poder cobrar próximamente, los presupuestos de 2020 y de 2021 tampoco contemplaban ninguna entrada de dinero en las arcas municipales.
Pero esta sentencia cambia el escenario y según explicaron fuentes de la concejalía de Hacienda, que dirige Borja Sanjuán, la administración municipal ya está en disposición de reclamar el cobro de esta tasa a las compañías de suministros energéticos, agua y electricidad. No sólo en los próximos años, sino que también podrá reclamado todo lo que adeudan desde 2018.
Las previsiones recaudatorias que hace la delegación de Hacienda ascienden a unos 600.000 euros cada año, de manera que las deudas de las diferentes compañías con el consistorio por los últimos ejercicios que no se ha cobrado, y -según explican las mencionadas fuentes- teniendo en cuenta que deberían abonar un interés anual del 3,5%, ascienden a 2,5 millones de euros aproximadamente.
En el caso de la telefonía, la ordenanza que regula la tasa por la implantación de sus redes móviles e instalaciones en la ciudad se encuentra en una situación similar: todavía no se ha podido cobrar ni un euro por este gravamen ante las reservas de las compañías en cuestión, como publicó Valencia Plaza. La normativa entraba en vigor en 2017 y obliga a las empresas a declarar al ente local sus redes que operan en la capital del Túria. Un deber que, por el momento, ninguna de ellas ha cumplido.
En el departamento fiscal del consistorio explican que las empresas telefónicas "no facilitan los datos previstos" en la normativa local, por lo que el Servicio de Inspección de Tributos y Rentas ha abierto sendos expedientes de inspección tributaria a estas empresas. En ellos, se les requiere los referidos datos, aunque a fecha de hoy "se esta en fase de recepción". La importancia reside en que, sin esos datos, el consistorio no puede calcular cuánto deben pagar las compañías. Gran parte de ellas alegan "que no disponen de líneas o redes en el término municipal de València", circunstancia que genera no pocos recelos en la administración municipal, que pierde la oportunidad de llenar las arcas municipales con estos ingresos.
2017 era el primer año en el que se aplicaba esta tasa y el consistorio proyectó que recaudaría al menos dos millones de euros por esta partida. Ante la imposibilidad de hacer efectivo el cobro -lo cual generaba cierto descuadre en los presupuestos locales- en 2018 rebajaron la expectativa a 100.000 euros anuales. Pero tampoco se consiguió ni un euro, ni en 2019, ni durante 2020. El fracaso en esta empresa ha hecho que el consistorio ya no refleje ninguna entrada de dinero por esta tasa para este ejercicio. A la postre, hay una ordenanza fiscal aprobada y de obligado cumplimiento pero cuyo gravamen resulta inaplicable por falta de datos de mercantiles como Vodafone y Orange.