València mantiene su modelo de 'motosharing' pese a las quejas de las operadoras

VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València no tiene intención de modificar su sistema de reparto de licencias entre las empresas de motos de alquiler -motosharing- pese al malestar del sector. Ni la concejalía de Movilidad tiene previsto aumentar el límite total de vehículos, situado en 2.000, ni el área de Espacio Público espera cambiar por ahora el modelo de adjudicación de los permisos, repartiendo esas 2.000 motos entre las 15 firmas que se han presentado al consistorio para prestar el servicio en la ciudad.

Hasta ahora, el sector había funcionado sin un marco de autorizaciones en la ciudad, pero en septiembre, la concejalía de Espacio Público, que dirige Lucía Beamud, abrió el proceso de regularización de permisos en el que las empresas interesadas podrían presentarse para obtener la correspondiente autorización de ocupación del dominio público municipal. Sin embargo, el modelo elegido, que se asimila en algunos aspectos al de Barcelona, no ha gustado demasiado a las compañías.

Por una parte, el departamento de Movilidad Sostenible, que dirige el edil Giuseppe Grezzi, fijó en un informe emitido a finales de 2019 que sólo podrían operar en la ciudad un máximo de 2.000 motos de sharing, y un máximo de 500 vehículos por empresa. Las empresas no tardaron en reaccionar; hicieron público su enfado arguyendo que la medida "solo limitará la oferta de motosharing disponible, situándola muy por debajo de la demanda actual, y pondrá en riesgo el correcto funcionamiento y la viabilidad de este modelo de movilidad".

De hecho, el sector se reunió con representantes municipales para intentar suavizar las restricciones, pero parece haber sido en vano. El propio Grezzi, preguntado recientemente en una entrevista de Valencia Plaza sobre si el Ayuntamiento estudiaba elevar el límite de vehículos, respondió: "No creo que sea limitado porque está basado en lo que había. En este momento, sin tener autorización, había menos de 2.000 motos operando en la ciudad, que pueden operar pagando una tasa mientras se hace la concesión definitiva".

El edil de Movilidad, en ese sentido, instaba a esperar a que el servicio con autorizaciones entrara en funcionamiento para ver "qué tipo de servicios hay, qué tipo de uso" y entonces "hacer otro informe para ver si cabe la posibilidad de ampliarlo [el límite]". "Pero tal y como era la foto fija del momento antes de la pandemia, se reguló la autorización pagando una tasa y tampoco vinieron más empresas a pedir operar cuando no había un número de motos cerrado", sentenció al respecto.

También el departamento de Espacio Público sigue adelante con la concesión de los permisos mediante el sistema previsto, y cuyo reparto adjudicaría, si las 15 empresas iniciales siguen interesadas, 133 vehículos por cada firma. Una cifra muy reducida para que la operativa de cada compañía salga rentable, según explican fuentes del sector, pero que sin embargo no parece que vaya a modificarse. Así, en la concejalía insisten en mantener este sistema "por ahora" aunque no descartan en un futuro valorar otras alternativas.

Las solicitudes de permiso de las 15 compañías corresponden a algunas que ya operaban en la ciudad como Cooltra, Yego o Acciona, y otras como Lam, Bolt, Cargreen -que gestiona el único proyecto piloto de carsharing en la ciudad-, Spin Mobility, Cityscoot, Avant Fullstep, Tucycle Bike, Reby Rides, Working4ueverywhere, OIZ Ridesharing y Mobilitas Futurus.

Mientras prosigue ese proceso, la concejalía de Hacienda, dirigida por Borja Sanjuán, ya ha iniciado la regularización fiscal de aquellas firmas que en los últimos años estaban prestando su servicio de sharing de motos en la capital del Túria. De esta manera, hasta que no liquiden la tasa municipal por el tiempo que han estado ocupando la vía pública con sus vehículos, no podrán obtener los nuevos permisos.