VALÈNCIA. Ninguno de los bienes inmatriculados de la Iglesia es susceptible de reclamación por parte del Ayuntamiento de València. Es la conclusión a la que han llegado los técnicos municipales tras un primer análisis del listado que hizo público el Gobierno el pasado mes de febrero sobre los bienes que las autoridades eclesiátiscas católicas registraron como propios en virtud de la reforma normativa hipotecaria impulsada desde el Ejecutivo de José María Aznar entre 1998 y 2015.
Tras hacerse pública la nómina de inmuebles en esta situación y abrirse la puerta hace cuatro meses, por tanto, a posibles reclamaciones por parte de administraciones o de particulares, el Ayuntamiento de València, y en concreto su alcalde, Joan Ribó, anunció que se estudiaría cúales de estas propiedades podían ser reclamadas por parte de la administración local, al objeto de poder iniciar los procesos legales para recuperarlas.
Concretamente, de los 912 inmuebles que la Iglesia Católica inmatriculó en la Comunitat Valenciana, los que estaban bajo estudio de los técnicos municipales de València eran una cuarentena. La mayoría de los edificios eran de carácter religioso: una gran parte de las iglesias de la ciudad, entre ellas la Catedral, la iglesia de santa Catalina, la iglesia de Carmen o la del Temple y sus dependencias complementarias, además de templos, ermitas y parroquias de los pueblos de València, como Borbotó, Mauella, Benifaraig, Carpesa o Cases de Bàrcena.
Con todo, también había viviendas, centros parroquiales, almacenes, edificios de actividades pastorales y dependencias complementarias. Bienes, estos últimos, que no son de culto y sobre los que, en palabras del primer edil, "no está clara su pertenencia a la Iglesia".
Ahora, según fuentes gubernamentales de València, una primera revisión del listado no ha arrojado ningún resultado que avale este presupuesto. "No se han encontrado bienes que el Ayuntamiento pueda reclamar", explican las mencionadas fuentes. En la concejalía de Patrimonio, sin embargo, señalan que es el fruto de un primer trabajo, lo cual no obsta para que a largo plazo se pueda hacer una tarea de análisis historiográfico mucho más exhaustiva y profunda y que pueda ofrecer resultados diferentes.
Uno de los inmuebles que podría ofrecer dudas es, por ejemplo, la torre de el Micalet. Según hizo público el programa Zoom de À Punt, la Iglesia Católica inmatriculó la emblemática edificación en junio 2014, tal como refleja la copia registral del inmueble. La torre se erigió muy próxima a la Catedral de València a finales del siglo XIV con fondos eclesiásticos, pero también con dinero público del Consell y de la ciudad.
Hasta 1998, en lo referente a la Iglesia, el Reglamento Hipotecario no permitía la inscripción de los "templos destinados al culto católico" aunque sí otro tipo de inmuebles. Esta excepción a los templos se eliminó ese año y fue sustituida por el permiso a no sólo inscribir estos edificios religiosos, sino también el resto de bienes inmuebles de dominio público. Además, todo ello se podía hacer con la simple certificación expedida por el diocesano correspondiente.
La Ley de Medidas Fiscales de 1997 aprobada el 30 de diciembre del año anterior modificó la legislación hipotecaria para que recogiera que "mediante certificación administrativa [...] podrán inscribirse la declaración de obra nueva, mejoras y división horizontal de fincas urbanas, y, siempre que no afecten a terceros, las operaciones de agrupación, división, agregación y segregación de fincas del Estado y de los demás entes públicos estatales certificantes”.
Esa circunstancia, unida a que mantuviese el privilegio de la inscripción mediante certificación diocesana, supuso una masiva inscripción en el Registro de la Propiedad de estos bienes a favor de la Iglesia hasta 2015, cuando se puso fin a la posibilidad de que la Iglesia Católica inmatriculara bienes con este tipo de certificaciones.
En cuanto al total de los bienes que la Iglesia valenciana inscribió en la Comunitat durante los 17 años que estuvo vigente la disposición normativa, 789 cuentan con la certificación eclesiástica. O lo que es lo mismo, los otros 123 son los únicos que cuentan con un título diferente al eclesiástico que acredite que estos bienes son propiedad de la Iglesia. Por provincias, 522 están registrados en Valencia, 178 en Alicante y 212 en Castellón.
Sobre todos ellos, no sólo sobre los de València ciudad, la consellera de Transparencia y Calidad Democrática, Rosa Pérez Garijo, aseguró tras conocer el listado que colaborará con el Colegio de Registradores para detectar bienes inmatriculados por la Iglesia que deberían volver a manos públicas. Con todo, los representantes de los registradores ya explicaron que los ayuntamientos son los legitimados para realizar estas reclamaciones.
